Decenas de miles de manifestantes participaron este martes 17 de una histórica movilización en Jujuy contra la criminalización de Gerardo Morales, quien viene de impulsar 16 allanamientos contra activistas y luchadores populares y la infiltración y espionaje de las organizaciones sociales y piqueteras.

Los 16 allanamientos se dan en el marco de una megacausa caratulada como “asociación ilícita”, una escalada que eleva la criminalización de la protesta sistemática del gobernador en un intento de ilegalizar cualquier organización de trabajadores. Los abogados de las organizaciones pudieron acceder al expediente y en la foja  1 se ordena por escrito a la policía provincial infiltrarse mediante “grupos de trabajo” en todas las organizaciones sociales de la provincia. A lo largo de las fojas están los resultados de la infiltración con fotos e información de decenas de dirigentes sociales y políticos.

Que el Estado adopte políticas de espionaje a las organizaciones populares no nos sorprende si recordamos el “Proyecto X” durante el gobierno de Cristina o el propio Berni entre los mineros de Río Turbio. Lo agravante es que la infiltración y espionaje aquí es ordenada por escrito y abiertamente desde el Poder Judicial.

En los comienzos de la jornada, manifestantes de la CCC fueron víctimas de la represión de la Policía de Jujuy, algo que se ha convertido en habitual, y una provocación más en el marco de una movilización colectiva que denuncia, justamente, esa misma política represiva. Además, se montaron distintos operativos policiales en puntos de la ciudad, para evitar y/o frustrar el avance de la movilización.

Morales es un fiel ejecutor de la política que a nivel nacional escuda la propia vicepresidenta Cristina Kirchner, cuando defenestra a las organizaciones piqueteras e independientes y reclama su liquidación por medio del pasaje compulsivo de los programas sociales al control de intendentes y gobernadores. Y actúa en consonancia con el gobierno de Alberto Fernández, con quien pactó el voto al pacto con el Fondo Monetario en el Congreso.

Esto generó un debate en la propia movilización. En el acto unitario donde se expresaron diferentes puntos de vista. A partir de la coincidencia en la lucha contra la criminalización de la protesta social y la persecución a las organizaciones sociales, también se mostraron las distintas estrategias para enfrentar la crisis social que afecta a millones de trabajadores.

La Utep reivindicó el apoyo al gobierno nacional con el argumento de que atacarlo sería funcional a la derecha, y planteó restringir la denuncia solamente al gobierno provincial. En las intervenciones de Sebastián Copello y Eduardo Belliboni, el Polo Obrero desarrolló a fondo la necesidad de enfrentar a Morales sobre la base de la unidad en la lucha por las reivindicaciones, lo cual requiere ser independiente de los gobiernos (nacional y provincial) que aplican el ajuste.

Por otro lado, la crisis del gobierno nacional es resultado de su propia política, y no hay mejor freno al ajuste y la derecha que la movilización popular. El movimiento piquetero independiente, agrupado en la Unidad Piquetera, viene luchando contra el ajuste implementado en conjunto por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.

En las intervenciones del Polo Obrero, valoramos la unidad en la lucha por las reivindicaciones. Por eso planteamos un programa: 1) bono de $20.000; 2) plan de obras públicas y un millón de viviendas populares para generar puestos genuinos de trabajo; 3) universalización de los planes sociales, 4) salario mínimo de $100 mil, 5) no a la criminalización de los que luchan y 6) abajo el ajuste de Batakis y el FMI.

Al mismo tiempo que se desarrolló la manifestación en Jujuy, cientos de trabajadores desocupados y activistas se manifestaron ante la Casa de la provincia de Jujuy, en CABA, con las mismas consignas y reclamando por la libertad de organización y el derecho a manifestarse en Jujuy y en todo el país.

Esta masiva jornada de lucha le asienta un golpe a la política persecutoria y criminalizadora de Morales, exponiendo su carácter represivo y sus límites para contener un movimiento en ascenso con los peores métodos. Debe ser parte de un plan de lucha común para derrotarlo, lo cual plantea nuevas acciones de lucha, convocando también al movimiento obrero que sufre la política de Morales tanto como los desocupados.