El gobierno de Rodolfo Suárez y Alfredo Cornejo pretenden condenar a los compañeros Víctor da Vila (dirigente del Partido Obrero), Martín Rodríguez, Lorena Torres, Jimena Báez (del Polo Obrero y del Partido Obrero) y Ernesto Huerta (del FOL) con una acumulación de denuncias por el artículo 194 (interrupción u obstrucción de la circulación). Se trata de una manipulación judicial cuyo fin es reforzar la política represiva gubernamental. Buscan criminalizar la protesta social y cercenar las libertades democráticas y políticas.

Después de la suspensión de la primera audiencia para elevar a juicio a los dirigentes de la Unidad Piquetera y del Partido Obrero, la Justicia fijó nueva fecha para el 23 de noviembre. En la misma, la jueza Mirna Montaldi decidirá si eleva la causa a juicio, como han solicitado el fiscal Fernando Giunta y su jefe el fiscal Tagua, o dicta el sobreseimiento y cierre de la causa.

En un escrito muy breve y con una pobre argumentación, el fiscal sostiene que los imputados habrían violado el artículo 194 del código penal en unas 10 ocasiones y cita como pruebas solo actas, informes policiales y documentación de la propia fiscalía, es decir, ninguna prueba real.

Martín y Lorena, referentes del Polo Obrero y la Unidad Piquetera, fueron detenidos ilegalmente en marzo de este año en el marco de una jornada nacional de lucha por trabajo y mayor asistencia a los comedores luego de que la ministra Tolosa Paz recortara los alimentos que envía el gobierno mensualmente.

En ese momento, el fiscal Fernando Giunta utilizó la figura de la reiterancia para la detención, sosteniendo que habría varias causas contra Martín y Lorena, causas que solo él conocía ya que los expedientes no fueron notificados en ningún momento previo a la detención. Como se supo después, con la intervención de los abogados, estas causas eran sobre 10 hechos distintos y la mayoría instruidas en 2022 para luego ser frenadas ese mismo año; sin embargo, fueron reactivadas días previos a la movilización para dictar la detención. Es decir, las tenían guardadas en su despacho esperando la decisión política del Ejecutivo para detener a los dirigentes del Polo Obrero.

Después de estos hechos, desde la fiscalía decidieron ampliar las acusaciones imputando al dirigente del FOL, Ernesto Huerta, a Jimena Báez del Polo Obrero y también al dirigente provincial del Partido Obrero Víctor da Vila, para luego rápidamente solicitar audiencia de acusación e intentar llevar las causas a juicio.

En una provincia donde los niveles de desempleo, pobreza y bajos salarios son alarmantes, la persecución contra los dirigentes piqueteros y de la izquierda no es menor. El gobierno de Suárez se ha visto derrotado por las movilizaciones populares que frenaron la reforma educativa en la Legislatura y lo hicieron retroceder con la reforma a la ley guardiana del agua 7722. También fue enfrentado por las enormes movilizaciones que durante la pandemia protagonizaron los trabajadores de la salud, por la revuelta docente del año pasado y por las movilizaciones de la Unidad Piquetera. Estos acontecimientos pusieron en evidencia el desastre de la política de Suárez para con los trabajadores y sectores populares.

La criminalización de Martín, Lorena, Jimena y Ernesto se encuadra en esta situación. No solo buscan criminalizar la protesta social sino también amedrentar a los sectores populares y de trabajadores que ven cómo cada día la inflación, las devaluaciones y los ajustes del gobierno nacional y el gobierno provincial golpean sus condiciones de vida. La profundización de la política fondomonetarista que prometen los principales candidatos a presidente no pasa sin represión.

Un punto importante es la persecución contra Víctor da Vila. Su imputación y señalamiento en los expedientes es por ser dirigente del Frente de Izquierda y del Partido Obrero. Esto no es nuevo, el exgobernador Cornejo ya había ordenado su imputación en 2016 después de acompañar una movilización de trabajadores estatales y pidió la quita de fueros en la Legislatura argumentando que los legisladores tienen que estar en el recinto y no acompañando a los trabajadores. Esto también se inscribe en un contexto donde Milei ataca a la izquierda con el objetivo de criminalizar a una fuerza política que se ha caracterizado por ser la que organiza la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones en barrios, fábricas y lugares de trabajo.

Por esto es fundamental la exigencia de sobreseimiento de Martín Rodríguez, Lorena Torres, Jimena Báez, Víctor da Vila y Ernesto Huerta, como también de todos los imputados por luchar. Llamamos a las organizaciones obreras y combativas a pronunciarse. Es preciso sumar a los gremios, a los movimientos de derechos humanos y a los movimientos sociales para enfrentar la persecución política del gobierno mendocino.

Firma el pronunciamiento

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https://prensaobrera.com/politicas/massa-devalua-a-medida-de-livent-y-toyota-mientras-endurece-el-cepo-a-la-poblacion

https://prensaobrera.com/politicas/massa-sigue-financiando-la-corrida-cambiaria-y-milei-echa-lena-al-fuego