Mendoza: el 12 de agosto todos al Polo Judicial

Nuevamente quieren elevar a juicio a los compañeros y compañeras del Polo Obrero, FOL y Partido Obrero perseguidos por luchar.

Manifestación Mendoza.

La Justicia mendocina nuevamente intenta elevar a juicio a los luchadores y luchadoras. Esta vez, el 12 de agosto, se han citado a compañeros del Polo Obrero, FOL y Partido Obrero, incluyendo a Lorena Torres, Jimena Baez, Micaela Guiñazú, Raquel Blas, Ernesto Huerta y Víctor da Vila, acusados por el Ministerio Público Fiscal y el gobierno de Mendoza de violar el art. 194 del Código Penal, es decir, por movilizarse.

Esta persecución no es arbitraria. El gobierno busca criminalizar a dirigentes de organizaciones que han estado al frente de la lucha por trabajo genuino, alimentos para comedores en los barrios y otros reclamos de los trabajadores mendocinos, como el salario y las condiciones de trabajo. En particular, se persigue a mujeres que han estado al frente de la organización contra la violencia, en especial la del Estado.

Desde el Partido Obrero hemos enfrentado la política de ajuste de Cornejo, combatiendo el ítem aula impuesto a los docentes, la precarización en el hospital central, la privatización de la EMPT y la ley de Democratización de la Osep. También apoyamos a los vitivinícolas en su huelga de 2022 y en otros reclamos. Nuestra lucha constante ha sido contra la política de ajuste y salarial de Cornejo que empuja a los trabajadores mendocinos hacia la pobreza.

Las causas

Es claro que el artículo 194 del Código Penal se utiliza como una fachada para la persecución política. El gobernador Cornejo ha protagonizado cortes de calle sin que la Justicia actúe, como en la manifestación por la muerte del fiscal Nisman. La misma “tolerancia” se extiende a sectores deportivos, religiosos y culturales, donde incluso la policía garantiza los cortes.

Se quiere criminalizar a seis dirigentes por participar en 13 movilizaciones de miles de personas entre 2022 y 2024. Incluso en varias causas solo se persiguen a estos compañeros a pesar de movilizar en conjunto con distintas organizaciones como los aniversarios por recuperar la ley 7.722 o paros de la CGT. La arbitrariedad y selectividad son evidentes, y los expedientes solo incluyen pruebas policiales, principalmente testimonios, con el Estado actuando como acusador y juez.

Del ensayo represivo a la política nacional

El Estado ha usado todos sus recursos para montar una inquisición judicial, no solo para detener a Martín Rodríguez, Lorena Torres y Víctor da Vila, sino también para disciplinar quienes se oponen a las políticas de ajuste del gobierno provincial. Ejemplo de esto es que también se busca criminalizar a dirigentes sindicales por movilizarse en paritarias provinciales y a la dirigente ambiental Nora Moyano por defender la ley 7.722 en las jornadas de diciembre de 2019.

Lo que comenzó como un ensayo represivo en Mendoza para imponer el ajuste y los intereses del FMI, ha sido intensificado por Milei y Bullrich que han profundizado la represión. Esto incluye el procesamiento de Eduardo Belliboni y otros compañeros del Polo Obrero y la detención de militantes en una cacería que resultó en 36 aprehensiones cuando se debatía la Ley de Bases.

Derrotemos la persecución

Estamos bajo ataque del gobierno y las instituciones estatales para impedir el derecho a movilizarse y organizarse. Es esencial rechazar la política de criminalización de Cornejo, Milei y Bullrich. Está en juego el derecho fundamental de reclamar a quienes gobiernan, el único que permite recuperar y avanzar en derechos.

No podemos aceptar la supresión del derecho a la protesta ni la violación de las libertades democráticas. Es crucial rechazar la elevación a juicio de los luchadores y movilizar a sindicatos, organizaciones barriales, piqueteras, centros de estudiantes y trabajadores.

Cientos de activistas, sindicatos, organizaciones piqueteras y de mujeres, organizaciones estudiantiles se han pronunciado contra la persecución política y el intento de elevación de juicio de las y los compañeros. Entre muchas firmas se destacan las de compañeros y compañeras del Plenario de Trabajadores Jubilados, Tribuna Docente, Suteba, AGD-UBA, Encuentro Memoria Verdad y Justicia Pergamino, Adulp-Conadu, Tribuna Estatal, Aduns, Adunlu (Docentes Universitarios), OLP, PSTU Pergamino, ATE, Foetra/Fattel, Apuba, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Asociación Expres@s Politic@s del Sur Mendocino, EDIFYL (Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UNCUYO), CCD EX SEPTIMA, Ni Una Menos/Organismos de Derechos Humanos, CEPS-FCPyS-UNCuyo, JUBYPEN, La Colectiva, Asamblea de Las Heras por el Agua Pura de Mendoza, Asamblea por Necesidad y Urgencia de Mendoza, Mujeres del Agua, Agrupación 9 de Abril, Agrupación Malva 8 de Marzo SUTE, Aten, UJS Bariloche, Amsafe Rosario, JPO San Juan. Desde Ni Una Mendoza también han sumado su pronunciamiento y participarán del día de la audiencia luego de una importante reunión donde se discutió la persecución política contra las luchadoras.

Sigamos sumando pronunciamientos. El 12 de agosto movilicémonos al Polo Judicial de Mendoza para rechazar la elevación a juicio de Lorena, Jimena, Micaela, Raquel, Ernesto y Víctor y para decir basta de persecuciones políticas y criminalización de la protesta.

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