Políticas
5/8/2024
El gobierno avanza con la reglamentación parcial de la Ley Bases
Privatizaciones, flexibilidad laboral y despidos en el Estado y más ajuste entre las primeras disposiciones.
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Milei y Francos.
El gobierno nacional avanzó en la reglamentación de una parte de la Ley Bases, fijando el procedimiento para la privatización total o parcial de empresas estatales, despidos y regimentación en el empleo público y ajuste en la administración pública. Una receta para habilitar nuevos negocios para los capitalistas y precarizar y cesantear miles de trabajadores más.
Por esta vía el Ejecutivo nacional materializa las disposiciones del conjunto de medidas antiobreras y antipopulares aprobadas por el Congreso, siguiendo el camino de la reciente reglamentación del Impuesto a las Ganancias sobre la cuarta categoría, el cual siquiera obtuvo la aprobación de ambas cámaras del recinto parlamentario, por lo que su viabilidad es actualmente cuestionada en la Justicia.
De la reglamentación actual surge el procedimiento dispuesto para la privatización parcial o total de varias empresas del Estado: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nasa) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Para este propósito, el gobierno nacional empodera a cada ministro o secretario con jurisdicción en cada empresa correspondiente a elaborar una propuesta de privatización (carácter total o parcial, alternativas, modalidades, procedimiento, plazos y preferencias), que luego quedará sujeta a consideración del Ejecutivo. De aprobarse la propuesta, el ministro/secretario tendrá luz verde para avanzar en el procedimiento.
Se trata de un mecanismo exprés para el loteo de las empresas públicas a diversos sectores capitalistas, con el subsecuente impacto sobre los trabajadores, como es el caso de servicios vitales como el acceso al agua potable y cloacas (Aysa), o al transporte público (Sofse), en medio de distintos tarifazos y en vistas a otros por venir.
En lo relativo al empleo público el gobierno avanza con la ejecución de los procedimientos de cesantía y desvinculación laboral en el Estado, fijando las condiciones para los mismos. De esta forma se establecen los periodos de “disponibilidad” del personal cesanteado de la siguiente manera: hasta 15 años de antigüedad corresponden 6 meses de disponibilidad; más de 15 años de antigüedad y hasta 30 años de antigüedad, 9 meses; más de 30 años de antigüedad, 12 meses.
El personal afectado a este régimen de despidos percibirá “un importe mensual equivalente a la retribución asignada a su situación escalafonaria (…) con exclusión de todo otro concepto remunerativo o no remunerativo”: es decir, solamente el básico, muchas veces pisoteado por las negociaciones de la burocracia sindical.
También se modifican condiciones de empleo, incorporando una “Evaluación General de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicación, la que será anónima”, “acreditación del certificado de aptitud psicofísica”, evaluaciones de “desempeño” constantes y nuevas instancias de evaluación intermedias, a ampliando las potestades discrecionales del Estado sobre los trabajadores, contra quienes se legaliza, a su vez, contrataciones precarias a tiempo determinado y de plantas transitorias, con escasos derechos.
La reglamentación también avanza en disposiciones y facultades en favor del ministro de Economía para la modificación, transformación, unificación, liquidación o disolución de los fondos fiduciarios públicos, que en los marcos actuales significa la liquidación final de partidas que deberías ser redirigidas a satisfacer las necesidades sociales, entre ellas la obra pública y la creación de viviendas.
El gobierno busca ejecutar una política antiobrera que necesariamente encontrará la resistencia de los trabajadores, particularmente en aquellos casos donde esta se manifieste en despidos directos, cesantías, rebajas salariales y destrucción de condiciones laborales.
El curso de los acontecimientos aún no está sellado, lo que abre la posibilidad a que la lucha de los trabajadores termine por derrotar esta orientación ajustadora e imprimir un nuevo rumbo, en defensa del salario, el trabajo y las condiciones laborales y para la puesta del patrimonio público al servicio de los trabajadores.
