Sergio Onofre Torres, un joven wichi con retraso madurativo que vivía en un barrio indígena de la localidad formoseña de Ingeniero Juárez, fue encontrado sin vida el 14 de noviembre, cerca de una ruta. La familia, la comunidad del lugar, y organismos de DD.HH. han denunciado a la policía provincial como responsable de la muerte de Torres.

Torres se encontraba, al igual que sus padres, en situación de pobreza. Apenas sobrevivía juntando botellas y haciendo hielo, un brutal retrato de la crisis social que impera en el país. Al joven, como a otros trabajadores en su condición, la policía lo hostigaba con sistematicidad. Torres desapareció el 7 de noviembre por la noche.

A los dos días, su familia denunció la desaparición. Feliciana Esper, madre de Sergio, sufrió en la comisaría la burla y el maltrato de los policías, que no le aceptaron la denuncia. La policía comenzó a desenvolver rastrillajes solo como producto de la lucha de vecinos y familiares, la cual incluyó acampes, búsquedas y una movilización. De hecho, antes de que esto ocurriera, un vecino aseguró haber visto cómo las fuerzas de seguridad se llevaban a Torres en una camioneta.

El forense a cargo del caso señaló que el joven falleció 72 horas antes de que se hallara su cuerpo, o sea, mucho tiempo después de la desaparición. El cuerpo ni siquiera fue encontrado por la policía, sino por un peón rural. La familia de Torres, en este marco, “ni siquiera tiene una copia del resultado de la autopsia y tampoco cuenta aún con un abogado” (El Comercial, 22/11).

Hay denuncias de que se ha puesto en marcha un operativo de encubrimiento. La comunidad del lugar, al igual que los organismos de derechos humanos, está exigiendo ser recibida por Jorge González, ministro de Gobierno.

Agustín Santillán, referente wichi de Ingeniero Juárez, dijo que “los policías no pueden negar (su responsabilidad) porque es lo que hacen siempre, no permiten que (los desocupados) anden mendigando porque dicen que da mal aspecto, entonces los levantan y los tiran lejos, si los ve alguien que pasa y los reconoce los traen de vuelta” (El Comercial, ídem).

La policía formoseña desarrolla una política racista, amedrentadora y represiva contra las comunidades originarias. Es la orientación que tiene el gobierno del peronista Gildo Insfrán, un reconocido represor de los pueblos originarios y del movimiento obrero en general, para hacer pasar el ajuste fondomonetarista en Formosa.

Reclamamos justicia por Sergio y que se avance en un esclarecimiento del hecho. Abajo la represión contra las comunidades originarias.

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