Libertades democráticas
21/8/2024
Niños, no menores
Antes que peligrosos, los pibes son víctimas de este régimen social.
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Una respuesta punitivista a la pobreza creciente.
Con la firma de Milei y sus ministros Bullrich, Cúneo Libarona y Francos el Ejecutivo nacional presentó a mediados de julio un nuevo proyecto de ley para modificar el Régimen Penal Juvenil.
Lo que más repercusión tuvo es que baja la edad de punibilidad, es decir la edad mínima de responsabilidad penal, a 13 años. Esto contraría las Observaciones Generales realizadas por el Comité de Derechos del Niño, que en su artículo 24 sugiere no punir a una edad inferior a 14 años y a su vez insta a no bajarla a aquellos países que tengan edades de punibilidad más altas, como es el caso del nuestro cuya edad está fijada a partir de los 16 años.
Dentro de otros aspectos sumamente preocupantes de este proyecto está la pena máxima prevista en 20 años de condena, una enormidad de tiempo en relación con la trayectoria vital de estos niños y adolescentes.
También abre la posibilidad de que los menores de 13 años puedan ser detenidos en dispositivos estatales, restaurando así algo presumiblemente similar al viejo patronato. Por otra parte, este proyecto en su artículo 17 inciso C prevé la “privación de la libertad en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario”, es decir encerrar a los niños en cárceles de adultos. una verdadera aberración.
Este tipo de ofensivas punitivistas son frecuentes en contextos de profunda crisis económica como el actual. Las medidas del gobierno de Milei no están funcionando ni siquiera en sus propios términos y el pueblo trabajador está sufriendo la descarga de la crisis en sus espaldas. La indigencia alcanza al 20% de la población y la pobreza al 55%; siete de cada diez menores de 18 años son pobres, y en la franja que va de 12 a 17 esto es aún peor. El encarcelamiento es la respuesta de los gobiernos capitalistas para disciplinar a los sectores más empobrecidos
Frente al clamor por la inseguridad, siempre azuzado por los medios, no es más que una maniobra distractiva. El Ejecutivo no presenta datos duros que permitan afirmar que el delito cometido por menores ha crecido, porque de recurrir a ellos quedaría en evidencia que no es así. Por ejemplo, las Instrucciones Penales Preparatorias -las investigaciones para ver si hubo o no comisión de delito- en el territorio de la provincia de Buenos Aires muestran que lejos de crecer han disminuido en los últimos 15 años.
En la presentación y fundamentación de este proyecto los autores no han podido contestar: ¿por qué 13 años y no 14 o 15? ¿Cuál es el presupuesto para infraestructura penitenciaria? ¿O el destinado a la formación de personal especializado como lo establece en el artículo 23? ¿Qué acciones concretas realizarán para bajar los niveles de reincidencia?
Los argumentos de quienes defienden esto resultan repulsivos. Se amparan en que el actual régimen penal juvenil es de la última dictadura y tiene la firma de Videla. Todo esto para apoyar uno que resulta mucho más regresivo.
Está claro que la situación actual para los adolescentes en conflicto con la ley no es buena. Los lugares de detención no están en condiciones materiales, los programas y condiciones operativas están degradados y se vulneran los derechos más básicos, pero la respuesta inmediata debe ser el fortalecimiento de políticas sociales y no penales, ya que estas lejos de reparar y resocializar cristalizan conductas e identidades en la que suele ser la etapa más compleja en la conformación de la personalidad.
Una sociedad que acepta que se discipline y gestione a los jóvenes pobres a través del castigo no tiene perspectiva de futuro. La salida a esta situación no vendrá de la mano de quienes nos gobiernan y gobernaron.
Lo que hace falta son centros de tratamiento de adicciones, escuelas en condiciones y con equipos de orientación, lugares de recreación y urbanización de los barrios, fortalecimiento y financiación de los organismos de niñez. Son algunas de las medidas que sin dudas contribuirían a mejorar la seguridad de todos, pero fundamentalmente la de los pibes, que antes que peligrosos son víctimas de este régimen social.
