La organización marca tres cuestiones principales: los abusos policiales, las condiciones de detención y la violencia de género.

Sobre el primer punto, el informe afirma que entre marzo y agosto de 2020 se llevaron adelante 531 denuncias de abusos policiales y, de esas, 25 terminaron en muertes. Es importante aclarar que se dio en el marco de un reforzamiento del aparato represivo y envalentonamiento de sus fuerzas sobre la excusa del cumplimiento de la cuarentena. Lejos de servir para su acatamiento y reducción de casos (al no haber sido acompañada de medidas de carácter social que ayuden a los trabajadores a sostenerse frente a la crisis económica), fue la coartada perfecta para la inserción de las fuerzas represivas en los barrios y el aleccionamiento de las luchas. Así fue como conocimos el caso de desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro en manos de la Policía Bonaerense de Berni y Kicillof.

Acerca de las condiciones de detención, los datos de la Procuración Penitenciaria menciona 421 casos de tortura o maltrato en las cárceles en 2019 y 87 entre enero y junio de 2020. Se acompañaron de 9 muertes entre enero y septiembre de este año según el Ministerio Público. Ninguno de estos informes menciona las condiciones deplorables en las que se encuentran las cárceles y que se agudizaron durante el aislamiento; en este punto, la Provincia de Buenos Aires es la que cuenta con mayor porcentaje de sobrepoblación, ubicándose en 112% (Archivo Represivo 2020, Correpi). A su vez, el mismo archivo nombrado previamente advierte que desde la asunción de Alberto Fernández se produjeron un total de 272 muertes bajo custodia, de las cuales el 95% fueron durante la pandemia; esto se debe en parte al avance del coronavirus, la crítica situación sanitaria de las cárceles y la falta de respuesta del Estado, lo que llevó a que la tasa de mortalidad del Covid-19 sea casi tres veces mayor en comparación a la extramuros. Agrega también que los casos de tortura en realidad fueron más de los que aparecen en los informes públicos: 1.600 solo en la PBA en respuesta a los reclamos y las protestas de los detenidos por la situación de las cárceles.

Por último, el informe hace hincapié en los 268 femicidios del 2019 (de los cuales solo 7 tuvieron condenas) y en el 24% de aumento en las denuncias de violencia de género entre abril y junio de 2020 en comparación al año anterior. Desde el crecimiento en los reclamos del movimiento de mujeres en 2015 y el primer Ni Una Menos, ni el gobierno macrista ni kirchnerista dio respuestas a las demandas puestas sobre la mesa, pasando por la falta de presupuesto para atender la cuestión de la violencia de género hasta el vaciamiento de la línea 144 y la precarización de sus trabajadoras frente al aumento de los casos de violencia hacia la mujer.

Al  documento se le escapa un problema fundamental: el de los presos políticos. En Argentina, así como en el resto de los Estados capitalistas, este ha sido un elemento utilizado como persecución política de quienes luchan por los reclamos populares. Si bien se ha querido poner en ese lugar a distintos políticos -como es el caso de Boudou-, lo cierto es que los verdaderos presos políticos son aquellos que han protagonizado las distintas luchas de choque contra el Estado, como los compañeros y compañeras de la recuperación de tierras de Guernica o Cesar Arakaki y Daniel Ruiz, quienes fueron detenidos luego de participar de la enorme movilización contra el robo a los jubilados que significó la reforma previsional de diciembre de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Luego de más de tres años del hecho, continúa el juicio oral.

La lucha por la liberación de todos los presos políticos es la de la defensa del derecho a la protesta social y contra todos los ataques del Estado, así como la lucha contra la violencia hacia la mujer y el conjunto de los trabajadores.