14/01/2021 | 1613

¿Quiénes son los presos políticos en la Argentina?

Defienden a Boudou mientras son perseguidos quienes enfrentaron a Macri, o los vecinos sin tierras.

La campaña del kirchnerismo, con una solicitada firmada por Lula y Rafael Correa, se concentra en el pedido de libertad a Amado Boudou, planteando que se trata de un preso político perseguido por sus decisiones, concretamente por el impulso a la nacionalización de las AFJP en 2008. Se trata de una construcción antojadiza, porque Boudou fue juzgado y condenado por sus vínculos con “The Old Fund”, fondo que se hizo con la imprenta Ciccone para abastecer al Estado con negociados millonarios. Una cosa es el carácter político de toda causa contra un alto funcionario y otra su inocencia. Las pruebas en favor del hecho de que The Old Fund era manejada por allegados al exvicepresidente fueron contundentes, quedando firme la condena luego del rechazo de la Corte Suprema de Justicia a tomar el caso.

La defensa de Boudou tiene el sentido político, de parte del kirchnerismo, de blindar a Cristina Fernández, también acusada en causas por corrupción. En ese cuadro, la decisión de la Corte Suprema de denegar el recurso de queja por el caso Boudou fue leída como una señal en el sentido de avalar el progreso de las causas judiciales contra exfuncionarios kirchneristas e incrementó las presiones en favor de un copamiento gubernamental del tribunal o de un indulto. Un avance en las condenas a Cristina Fernández condiciona fuertemente el proceso político y apunta en un sentido golpista. Menem, sin embargo, gambeteó durante años las causas en su contra, blindado por la inmunidad senatorial en las listas del PJ.

La campaña del kirchnerismo une la causa de Boudou a otras que tienen un sentido político distinto, por ejemplo, la de Luis D’Elía. D’Elía está preso por haber protagonizado la toma de una comisaría en el barrio de La Boca en 2004, como respuesta a la protección policial frente al asesinato del militante de su organización el “Oso” Cisneros. Está, por lo tanto, preso por una medida de fuerza de una organización social, bien que protagonizada mientras era funcionario del gobierno nacional, de Néstor Kirchner. En el caso de D’Elía, la Corte también dejó firme su condena, en este caso en agosto de 2020.

Las causas por las cuales se juzga a Cristina, Boudou o Ricardo Jaime (exsecretario de Transporte) tienen que ver con el entrelazamiento entre el presupuesto estatal y sectores empresariales de la “burguesía nacional” durante la etapa kirchnerista. Los desfalcos al Estado partieron de la asociación con los intereses de las contratistas, las empresas de servicios públicos subsidiadas y los numerosos parásitos de la calaña de los Roggio o los Cirigliano, en suma, con la “patria contratista” tantas veces denunciada. The Old Fund fue solamente una versión degradada de esta política. Que la llamada “reconstrucción de la burguesía nacional” haya terminado así en los tribunales y dándole un enorme terreno de maniobra a la derecha continental es una muestra de la bancarrota del planteo político de los nacionales y populares, que tiene un alcance continental.

Juzgando con la misma vara que se le imputa a Boudou, deberían estar presos los popes del gran capital entrelazado con el Estado, especialmente el capital financiero, beneficiario de negociados que exceden por lejos el de la imprenta Ciccone. Una investigación a fondo de estos negociados comprometería no solamente al gran capital, sino que debería mandar presos a los funcionarios del macrismo y de todos los gobiernos que habilitaron, desde el Banco Central y el Ministerio de Economía, el vaciamiento financiero del país.

Quiénes son los presos políticos

La defensa histórica de los organismos de derechos humanos y las organizaciones combativas por la libertad a los presos políticos es opuesta a la defensa que el kirchnerismo hace de Boudou. Históricamente, la lucha por la libertad a los presos políticos fue una lucha contra el Estado, por el derecho a la organización por los reclamos populares. En el caso de Boudou y de Cristina, se trata de la defensa de medidas que fueron llevadas adelante desde el propio Estado.

Como partido de Estado, el peronismo tiene sus propios perseguidos políticos, por luchar por los reclamos populares. Los más de cincuenta detenidos en Guernica por el megaoperativo del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fueron colocados a disposición de la Justicia para el armado de causas, en una clara política de persecución al reclamo por la tierra y la vivienda. En Córdoba, la represión en el barrio Estación Ferreyra dejó como saldo la prisión de vecinos e incluso de la legisladora provincial por el Frente de Izquierda, Soledad Díaz. Lo mismo vale, por ejemplo, para los activistas enjuiciados en la provincia de Chubut por oponerse a la megaminería.

También prosigue la persecución judicial contra quienes enfrentaron al gobierno de Macri. Daniel Ruiz y César Arakaki están siendo juzgados por la participación en dichas jornadas. El juicio avanza y el gobierno deja correr el ataque político y judicial contra los compañeros. Sebastián Romero cumple prisión domiciliaria, después de haber sido detenido en Uruguay, por la participación en las jornadas del 14 y el 18 de diciembre de 2017. En este terreno, el gobierno de Fernández estableció una clara continuidad con el macrismo, suspendiendo los aumentos y reemplazándolos por aumentos por decreto, y luego aplicando una nueva reforma que profundiza el ataque a las jubilaciones.

Mientras avanzan estas causas contra quienes enfrentaron la política de ajuste o defendieron el derecho a la vivienda, se garantiza la impunidad para los criminales contra el pueblo. La causa por el asesinato de Santiago Maldonado sigue paralizada, como la de Rafael Nahuel (asesinado por la Prefectura en Villa Mascardi, en 2017). Berni sigue en su puesto después de haber defendido la impunidad policial para los asesinos de Facundo Astudillo Castro, mientras la policía involucrada en numerosos casos de gatillo fácil continúa impune.

El kirchnerismo, en cuanto a la persecución judicial, sigue un criterio de clase. Contra los trabajadores, vecinos sin tierra y activistas de la izquierda, las causas corren, mientras que defiende con una profusa campaña a quienes fueron protagonistas de los fraudes contra el Estado en favor de grupos patronales.

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