Libertades democráticas
1/12/2025
Policías de Córdoba asesinan a joven trabajador a golpes, un crimen de odio
Samuel Tobárez, de 34 años, fue otra víctima de un aparato represivo descompuesto.
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Samuel Tobárez.
Una vez más, la Policía de Córdoba se cobró la vida de un joven trabajador. El 23 de noviembre, Samuel Tobárez, de 34 años, mayor de seis hermanos y sostén de su familia tras la enfermedad de su padre, fue asesinado a golpes por efectivos policiales en Parque Sikiman. Un testigo afirma que lo mataron a golpes e insultaban diciéndole “puto de mierda”. Por el crimen la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Carlos Paz imputó dos afectivos por homicidio preterintencional, una figura que podría atenuar la condena.
Samuel vendía pan casero para aportar en su casa, recientemente había conseguido un trabajo en turismo en Villa Carlos Paz, algo que lo entusiasmaba profundamente. Volvía de trabajar cuando fue interceptado sin motivo, sin preguntas y sin explicación alguna. Además de la violencia física, sufrió agresiones verbales cargadas de homoodio por parte de los policías.
"Tenía dañado el cráneo y le faltaban dientes", dijo la madre de la víctima, Carmen Agüero, dando cuenta de la brutalidad con la que actuaron los dos efectivos imputados, un oficial y un sargento de 10 años de antigüedad. Lo sucedido no es un caso aislado.
En Córdoba ya tenemos diversos antecedentes de crímenes a manos de las fuerzas de (in)seguridad, como el de Ezequiel Castro, el de Guillermo Bustamante hace apenas unos meses; de hecho, solo en lo que va del año alrededor de 15 policías fueron imputados por violencia de género, homicidios y narcotráfico. No se trata de “manzanas podridas”, sino de políticas de Estado que consolidan un aparato represivo dedicado a hostigar, perseguir y reprimir a los pibes laburantes y a las familias de la barriada.
Una política que, además, se cruza con la violencia y el hostigamiento hacia las minorías sexuales, alentada por el propio discurso del gobierno nacional de Milei, que promueve abiertamente el odio hacia todas las minorías y legitima que estas fuerzas de seguridad actúen con mayor impunidad.
Particularmente en la provincia de Córdoba, el gobierno de Martin Llaryora refuerza su alineamiento con las políticas del gobierno nacional. El mes pasado anunció un incremento significativo en la inversión destinada a la infraestructura policial, pero el reforzamiento del aparato policial no es salida.
El ministro Quinteros, respaldando a la nueva Ministra Alejandra Monteoliva -responsable del acuartelamiento policial ocurrido en Córdoba en 2013- confirma la continuidad de estas políticas represivas. Tanto la provincia como el gobierno nacional pretenden un sistema policial diseñado para mantener al pueblo controlado y sumiso, priorizando la represión por sobre la protección de los derechos de la ciudadanía.
La descomposición y brutalidad policial no son hechos aislados, sino políticas de Estado. No existe ninguna garantía de que aumentar el presupuesto de la policía reduzca las usinas delictivas, como el narcotráfico y trata de personas; por el contrario, solo fortalece un aparato represivo que sirve para imponer las políticas antiobreras del gobierno, como la reforma laboral, la reforma del Código Penal, la reforma tributaria y otras medidas implementadas en estos dos años.
Exigimos justicia para Samuel, el gobierno y el Estado son responsables.
