El gobierno está apresurado en avanzar con un shock de leyes y medidas que cambien las relaciones laborales, económicas, sociales y políticas en la Argentina -entre ellas está el acuerdo comercial (colonial) con Estados Unidos cuyo contenido sería anunciado por Trump el próximo 5 de diciembre en común con los cuatro países comprendidos.

El centro de las preocupaciones de Milei está en el paquete de leyes que aspira se empiecen a tratar en el Parlamento a partir del 10 de diciembre en las sesiones extraordinarias y que contemplan el presupuesto nacional, la reforma laboral, la tributaria, la del código penal, una ley de educación, la modificación de la ley de glaciares, un perdón fiscal y responsabilidad financiera. Gran parte de estos proyectos fueron elaborados en el llamado Consejo de Mayo del cual participan la burocracia sindical, la Unión Industrial Argentina (UIA), y un representante de los gobernadores, entre otros funcionarios.

Del contenido de este paquete destinado a “revolucionar” la vida del país solo se conocen trascendidos; muchos de los proyectos no son conocidos por la totalidad de los miembros del propio Consejo, ni por los gobernadores, que serían vitales para que prosperen en el Congreso y se señala –también según trascendidos- desacuerdos en varios puntos. Todo lo que trasciende tiene un punto en común: se trata de un ataque muy profundo a los trabajadores, a los derechos políticos y las libertades, al bolsillo del consumidor, a los recursos naturales y a la educación, que es llevada al siglo XIX. Es decir, se trata de medidas antiobreras, reaccionarias y de entrega y sometimiento del país a los intereses capitalistas en general y al imperialismo en particular. La designación de un militar en actividad, Carlos Presti, para más hijo de un genocida, al frente del Ministerio de Defensa es la confirmación de que para que esto pase el gobierno apelará a la represión.

El combo de leyes y proyectos merece una campaña para preparar una gran lucha contra cada uno de ellos, una campaña que destape los intereses a los cuales responden, que destruya las mentiras del gobierno, de los funcionarios, de gobernadores, de los medios dominados por los capitalistas, que incluso rechazando algunos aspectos de los mismos sostendrán la esencia de esta política.

Masacre laboral

La reforma laboral ocupa el centro de las preocupaciones no solo del oficialismo sino de toda la clase capitalista, desmintiendo las profusas teorías –sobre todo de la centroizquierda- de que el peso de la clase obrera en el proceso productivo ha disminuido drásticamente; en pleno auge de la inteligencia artificial, la robotización en la industria –e incluso en los servicios- para los capitalistas el problema central está en aumentar la plusvalía, es decir, el valor que crea el trabajador por encima de su salario y que no le es remunerado, porque se lo apropia el capitalista como ganancia.

También para los trabajadores la reforma laboral es una cuestión decisiva porque el gobierno y la clase capitalista ven la oportunidad de arrebatarle a los trabajadores conquistas históricas, producirles una derrota y desarmarlos como clase para enfrentar las pretensiones capitalistas en todos los terrenos; prohibir o supercondicionar las medidas de fuerza, destruir el carácter federal y de piso de los convenios colectivos, colocar como centro la relación individual entre trabajador y patrón –totalmente desigual: ver aquí-, buscan eso.

Cuando se analizan los aspectos centrales que reclaman los capitalistas, y que figuran en los borradores que circulan de la reforma laboral, esto queda al desnudo: se concentra en modificar la jornada de trabajo –banco de horas, jornadas de 12 horas sin pagar horas extras, etc.- para que la misma quede al arbitrio de los intereses de las patronales, en reducir los “costos” del despido, en modificar el descanso del trabajador cotidianamente o en vacaciones, en atar el salario a la productividad (“dinámico” en la jerga pérfida del gobierno), para señalar solo algunos aspectos (para un detalle más pormenorizado de este ataque criminal recomiendo leer la nota del compañero Néstor Pitrola –aquí- sobre uno de los borradores que parece conjugar todos los trascendidos).

La reforma laboral no tiene que ver con la modernización de los “métodos productivos” –esto ya se fue haciendo en acuerdos convencionales, siempre en detrimento de los trabajadores-; se produce cuando lo que existe es una huelga de inversiones, gran parte del aparato productivo es obsoleto o está amortizado, y las empresas ya han reconocido que no piensan invertir en “tecnología” que aumente la productividad, y “según el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del Indec, pese a que la ley flexibilizadora se trataría en febrero, el 96,6% de las fábricas relevadas no tiene previsto contratar personal en el corto plazo, de hecho, el 16,5% espera avanzar en más recortes” (Prensa Obrera, 26/11). En esencia se trata de establecer la dictadura de las patronales en los lugares de trabajo, impedir la reacción de los trabajadores –por eso atacan la organización de base-, descargar sobre los espaldas de estos la crisis económica que es de los capitalistas. Es una reforma capitalista, para los capitalistas, hecha por representantes de los capitalistas.

Despidos y suspensiones

La masacre laboral no es solo un proyecto de ley, está instalada con la destrucción de los puestos de trabajo. En las últimas horas se conoció el cierre de la fábrica Whirlpool dejando 220 trabajadores en la calle, el cierre de la autopartista Dana en San Luis, la fábrica Essen (30 trabajadores), las suspensiones en Textilana, 600 suspensiones en Georgalos, anuncio de cierres de plantas de Tres Arroyos, la venta de Carrefour y la convocatoria de acreedores de Neumáticos Ruiz en Córdoba; en los últimos dos años se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, y no están contabilizados los no registrados que dominan a gran parte de la masa laboral. Las patronales están apelando al pedido de que les habiliten los procedimientos preventivos de crisis –aumentaron un 200%- para despedir más barato.

Esta situación responde fundamentalmente a la caída del consumo, como resultado del deterioro salarial, del alto nivel de endeudamiento y de morosidad de las familias obreras que han apelado a tarjetas de crédito o préstamos para la compra incluso de alimentos. También afectan las importaciones habilitadas por el gobierno como forma de tener controlada la inflación.

Los propagandistas de la reforma laboral la quieren presentar como la medida necesaria para recuperar el empleo, acusando a los trabajadores –“costo laboral”- de ser responsables de esta crisis de empleo. Es lo mismo que hicieron todos los gobiernos en estos 40 años de “democracia”; un balance empírico demuestra que lo sucedido fue exactamente lo contrario: la desocupación llegó al 18% con Menem y al 22% con De la Rúa, ley Banelco mediante. Perfidia pura.

La parálisis de la burocracia frente a los despidos es total. Y es una colaboración a la campaña del gobierno por la reforma. ¿Hay una salida a los despidos y cierres? Sí, prohibirlos, abrir los libros de las empresas, ponerlas en funcionamiento bajo control de los trabajadores. Con esa perspectiva los gráficos de Morvillo ocuparon la planta cuando el patrón la cerró y se organizaron, se rodearon de la solidaridad de otros trabajadores y hoy están movilizados en la ciudad de La Plata luchando por un proyecto de ley por la continuidad productiva.

El apuro de Milei

Atrás del apuro de Milei por sacar estas “reformas estructurales” están las evidencias de la precariedad de su política. El salvataje de Bessent-Trump del abismo no resolvió los problemas que lo llevaron a él. Ni tampoco el triunfo electoral -resultado del chantaje de Trump- le otorgó una estabilidad política prolongada. La propia crisis interna del gobierno parece “pausada” hasta marzo cuando haya salido la reforma laboral. Estos días las denuncias de corrupción en la Andis (discapacidad) han destapado una caja de Pandora, las evidencias de asociación ilícita sobran e incluyen a funcionarios del gobierno (¡el abogado de Calvete es un funcionario de la Oficina Anticorrupción!) y no dejan afuera a Karina Milei, aunque el fiscal haga esfuerzos por no mencionarla. El caso $Libra se ha reactivado. Sobre la cabeza de Milei penden una serie de causas que podrían (y deberían) llevarlo preso.

El problema central está concentrado en la política económica. El gobierno está buscando un waiver (perdón) del FMI porque no acumuló reservas (las reservas netas están 16 mil millones de dólares abajo y para cumplir con las metas acordadas debería juntar 13.000 millones en tres semanas). Caputo y Milei esperan los buenos oficios de Bessent para que el FMI otorgue el perdón, y se lo darían. El tema es que la falta de reservas condiciona la llegada de inversiones –así se lo hizo saber el grupo Pimco- y la posibilidad de endeudarse, a pesar que el riesgo país se mantiene en 650 puntos. El gobierno recibió una dosis de realismo cuando los bancos que le iban a prestar 20.000 millones de dólares dijeron que solo verán de darle 4.000 porque el gobierno norteamericano –envuelto en su propia crisis- no ofrece salir como garante. Eso serviría para cubrir el vencimiento de deuda de enero pero no más. El repunte del dólar estos días es un indicador de estos problemas. Devaluar para acumular reservas sería abrir una puerta a una inflación que se convierta en una mecha, sobre una situación social grave. Noboa, el presidente de Ecuador, lo vivió en carne propia: fue a un plebiscito para ir a fondo con sus reformas y salió derrotado.

A luchar para derrotar la reforma laboral

Gerardo Martínez, representante de la burocracia sindical en el Consejo de Mayo, ha dicho que “no vamos a entregar conquistas”, que "hablaremos con los gobernadores y con los diputados, de brazos cruzados no nos vamos a quedar" (Clarín, 27/11). Lo dice el que entró a la reunión del Consejo junto al capo de la UIA, que quiere la reforma laboral a full. Martínez va a hablar con gobernadores y diputados, dice, pero no con los trabajadores. La burocracia sindical no ha convocado a una asamblea o plenario de delegados o confederal siquiera informativo para alertar sobre las conquistas que les piden que entreguen, porque es consciente que abriría un proceso de deliberación en los sindicatos que obligaría no a discutir con los diputados –que responden a los capitalistas- sino a salir a la lucha.

Es claro que no va a ser en el Parlamento donde se derrote la reforma laboral. El PJ ya tiene un proyecto alternativo y está dispuesto a negociarlo con el oficialismo, se conformarán con meter algún que otro planteo “progre” -que luego no se aplicará. La política que debe guiar la acción de los trabajadores es el rechazo de plano a la reforma y eso se logra en la calle, con la lucha, con el paro, con la huelga, con las asambleas en los lugares de trabajo, con los cuerpos de delegados deliberando. Es, además, la única forma de imponer reivindicaciones, porque así se consiguieron las conquistas que hoy nos quieren arrebatar.

Con esa perspectiva es que el Partido Obrero convoca a asambleas abiertas en todo el país para que organicemos la lucha contra la reforma, para impulsar la intervención de los trabajadores en sus lugares de trabajo, gremios, etc., para que desnudemos los intereses que hay atrás de estos ataques. Para infligirle una derrota a Milei. A su vez somos impulsores de plenarios provinciales como el realizado en Rio Tercero, Córdoba y estaremos presentes el 6/12 en la reunión combativa que convoca el Suteba Tigre en la zona norte del Gran Buenos Aires. Y el próximo 19-20 de diciembre, en un nuevo aniversario del Argentinazo, seremos parte y daremos un fuerte impulso a la convocatoria del Plenario de Trabajadores Combativos contra la reforma laboral.

"Lo que llaman reforma laboral es quitar derechos, y lo vamos a enfrentar"

Entrevista a Néstor Pitrola y Romina Del Plá, diputados nacionales del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad. -

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