El miércoles 9 de octubre se realizó una audiencia judicial por la criminal represión a trabajadores y pacientes del Hospital Borda en 2013. Por entonces, el jefe de gobierno Mauricio Macri había conseguido los votos del peronismo en la Legislatura para toda clase de pactos inmobiliarios, desde la Corporación Sur, la venta del Mercado del Plata y de otros espacios públicos en el sur de la ciudad. En ese contexto, envalentonado por la concertación legislativa, el gobierno de la Ciudad ingresó con topadoras y un enorme operativo bélico de tropas de élite con armas largas al interior del hospital de salud mental con el fin de destruir sus instalaciones, en especial los “Talleres Protegidos” donde los internos de salud mental realizaban talleres artísticos y de oficios con la perspectiva de una reintegración social.

Ese 26 de abril trabajadores, delegados y delegadas de ATE de todos los sectores estaban en el hospital cuando el megaoperativo entró por la fuerza escoltando a topadoras para destruir la instalaciones, de las cuales dejaron sólo escombros. Realizaron una criminal cacería, disparando contra trabajadores y pacientes del hospital en una situación total de vulnerabilidad. No se salvaron ni los trabajadores de prensa. El nivel de violencia de las imágenes era increíble e inédito en la historia de la salud pública argentina. Yo no podía creer lo que viví ese día en el hospital: un operativo de guerra que fotografié y en el cual me dispararon a quemarropa por la espalda 10 impactos de municiones, transformando mis pantalones un colador de agujeros y sangre.

En aquel entonces la Justicia absolvió a toda la línea de funcionarios, desde Macri y todo su gabinete hasta el primer jefe del operativo. Pero quedaron imputados otros funcionarios de la policía que seguían en la cadena de mando: Giménez, Pedace y Roth.

Once años después, convocan una nueva audiencia en el tribunal en lo criminal y correccional n° 26, con el objetivo que los abogados de los funcionarios policiales nos ofrecieran a las víctimas de esa cobarde represión un millón y medio de pesos para desistir de continuar con el juicio a los represores.

Participamos de la audiencia con la compañera abogada Claudia Ferrero de Apel, también participaron Alejandro Bodart y delegados de ATE entre otros trabajadores reprimidos junto a sus abogados, y la Defensoría General de la Nación con el letrado Rovatti que representa a pacientes del hospital de salud mental víctimas de esa represión (algo que fue cuestionado por los abogados de los represores). En las intervenciones se planteaba que la violenta represión violó derecho internacional de los derechos humanos, planteando que la lucha contra la represión estatal no se silenciaba con dinero y que el “nuevo” método del dinero como solución a la violencia de los funcionarios sólo garantizaba una “justicia para ricos”.

También hicieron hincapié en la demora del juicio y pidieron celeridad con el comienzo del mismo. El juez Rengel Mirat se excusó argumentando que el tribunal estaba vacante, que no había jueces y que lo mismo sucedía con otros tribunales en los que ningún gobierno nombró jueces; que él pertenecía a otro tribunal y cuando podía asistía a cubrir eventualmente.

Los abogados de los funcionarios policiales abrieron la ronda de intervenciones presentando la oferta de un millón y medio de pesos como solución superadora para evitar el comienzo de un juicio. El juez presentó ese recurso del pago de dinero como una “nueva reforma” penal. Cómo si no fuera suficiente con la provocación de legalizar la impunidad con un palito y medio, el colmo del cinismo llegó cuando los abogados de los represores presentaron esa módica suma como “un resarcimiento integral!” y aclararon que buscaban superar el carácter “punitivista” (!!!) del Código Penal. Garantismo a los represores, cárcel a los pobres. Toda una política de Estado.

En el transcurso de las intervenciones de todos los abogadas/os junto a una veintena de víctimas comunicaban que una por una rechazamos el dinero. Sólo fue aceptado por dos trabajadores de prensa reprimidos y un joven que decía ser hijo de una víctima que falleció en el transcurso de estos once años de impunidad.

La fiscal Diana Goral se presentó al juicio con dos custodios que se sentaron en los asientos destinados a las víctimas y sus letrados. Ese llamativo gesto develaría el rol posterior de la fiscal, que luego de escuchar la ronda de intervenciones, pidió un cuarto intermedio estirando la audiencia más de tres horas. Al volver a ingresar a la sala la fiscal cede la palabra a los abogados de la policía ofrecen subir el dinero a dos millones y medio a cada víctima prometiendo “donarlos al Borda”(!!!). Luego la fiscal Goral tomó la palabra para superar todo el cinismo de la jornada y reivindica el gesto de los represores de incrementar la cifra ofrecida, como si el problema de la destrucción de la salud pública y la represión criminal se terminaban con un “poquito” más de dinero.

El juez cerró la audiencia planteando que próximamente anunciaría el resultado. Por su desarrollo, se huele un nuevo plan de impunidad en ciernes.

Todos los gobiernos, desde la dictadura hasta al presente, vienen realizando un ajuste y vaciamiento de la salud pública y en especial del área de salud mental. En estos momentos en los que reactivamos la lucha contra la impunidad del violento ataque al Hospital Borda, vemos como Milei pretende cerrar el Hospital público de salud mental Laura Bonaparte especializado en consumos problemáticos. Los trabajadores no dudaron en ocupar el hospital con la solidaridad de vecinos, artistas y trabajadores de la salud, como los del Hospital Garrahan que vienen desarrollando un plan de lucha por el aumento de salarios.

Pero la lucha sigue. Es preciso una gran campaña política para fortalecer la lucha contra la impunidad represiva del Estado en el Hospital Borda. Queremos que termine la dilación del juicio que ya lleva 11 años, no podemos esperar a que fallezcan más víctimas, los responsables de esa cacería criminal tienen que ser juzgados en la perspectiva de la lucha por derrotar la represión, el ajuste y destrucción actual de la salud pública y el derecho a la protesta bajo este nuevo gobierno.

Luego de la gran marcha de salud, sigamos reforzando la lucha

Este jueves se resolvió movilizar por el Día Internacional de la Salud Mental unificando todos los conflictos. –

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Como reconocen sus funcionarios, el Presupuesto 2025 de Milei es incompatible con las necesidades populares

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