Hace unos días el padre de Blas Correa, asesinado por la policía de Córdoba, se presentó en las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la Legislatura de Córdoba, presididas por Natalia de la Sota y Juan Manuel Cid. La reunión no fue pública, y no se le respondió al familiar de la víctima ninguno de los planteos que presentó.

La sesión fue vía Zoom y con varias irregularidades: no se permitió que periodistas la presenciarán, no quedó grabada y desde un principio se negó que fuera presencial. En ese marco, Fernando Correa, padre de Blas, marcó nuevamente que quieren Justicia, y que quieren conocer las responsabilidades políticas que derivaron en el hecho que terminó con la vida de su hijo. Además, indicó que mantienen su lucha para que este tipo de circunstancias no se repitan.

A su vez, Fernando planteó dos ejes centrales de interrogación y denuncia. En primer lugar, el rol que jugó el Tribunal de Conducta, en ese sentido interrogó respecto a ¿por qué los dos policías que dispararon contra el automóvil estaban en actividad si tenían causas judiciales en su contra?

Cabe recordar que Lucas Gómez, el presunto autor del disparo letal, tiene una causa elevada a juicio por encubrimiento de un violador en La Calera. Estuvo separado de la fuerza, pero se reincorporó a los pocos meses por una recomendación que sigue sin conocerse de dónde provino. También Javier Alarcón, el otro que tiró contra el Argo, estaba denunciado por agresión y detención ilegal en un control de la Caminera en Pilar.

El segundo punto que señaló el padre de Blas tiene que ver con la cadena de responsabilidades en el gatillo fácil contra su hijo. En ese sentido, indicó que apenas fue imputado el comisario mayor Gonzalo Cumplido, el exjefe de la zona Sur Capital hizo saber que se anotició de los hechos después que el entonces titular de la policía, Gustavo Vélez, y que el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. Y que lo sorprendía que la imputación no los alcanzara.

En efecto, si los mencionados funcionarios de alta jerarquía, e incluso integrantes del gabinete del gobierno provincial, sabían ¿por qué dejaron correr toda una cadena de encubrimiento? Vale señalar que el exjefe Gustavo Vélez fue removido con agradecimientos por parte del actual ministro de Seguridad, que es mantenido en el cargo por Juan Schiaretti a pesar de la ola de gatillo fácil que sacudió Córdoba.

Ante los cuestionamientos, el silencio por parte de los legisladores presentes fue sepulcral. El poder político cierra filas y no responde. En las primeras horas tras el asesinato de Blas, su madre denunció toda una cadena de responsabilidades que también envuelve las más altas esferas del ejecutivo provincial.

Tras la cuarentena declarada el año pasado, la policía es responsable de al menos 9 casos de gatillo fácil en nuestra provincia. La lucha por gatillo fácil nunca más y el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales es una bandera que no bajamos.

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