El “Piolo”, Franco Moreyra, barra de segunda línea de la barrabrava del Quilmes Atlético Club, fue asesinado por el jubilado Jorge Ríos (71). El Piolo ingresó con cuatro personas más a asaltarlo, lo golpearon y amenazaron con un destornillador; el jubilado Ríos se resistió y con una pistola Bersa 9 milímetros les disparó para que se fueran de su domicilio y terminó matando al Piolo, que ya estaba herido, en la calle. El jubilado está detenido en su domicilio y se ha organizado una juntada de firmas en la web para su liberación que hoy cuenta com más de 150.000 adhesiones.

Luego dos de los asaltantes se entregaron y hay dos prófugos, todos barras del mismo club. Ya sabemos que es de larga data la relación entre los barras, la venta de droga, trata de personas, autopartes de robados, los trapitos, las parrillas y todos los negocios en negro que se vinculan al fútbol y son permitidos sostenidos e impulsados por el Estado.

La tercerización de la represión y los negociados más putrefactos ligados al Estado reflejan su crisis por la falta de fútbol y los kioscos que la Bonaerense, la Federal y altos funcionarios del Estado les habilitan a las barrabravas para que se puedan financiar y esto acentúa las actividades delictivas y tienen su reflejo en situaciones como la que sucedió en Quilmes.

En el caso del club de Quilmes es de público conocimiento la ligazón con Aníbal Fernández del PJ. En primer lugar este ha sido presidente del Quilmes Atlético Club y estuvo vinculado al caso sobre drogas sintéticas y efedrina en los cuales estaban implicados barras de Quilmes como el “Dedo” Becerra que organizaba y dirigía a quienes hacían las pintadas para Aníbal Fernández.

Otro caso ligado al mundo del fútbol local, en este caso el Club Argentino de Quilmes, es Daniel Zisuela, exconcejal en Florencio Varela del massismo vinculado a la burocracia sindical patotera de gastronómicos, está preso por varios delitos y fue imputado de comercialización y prostitución de menores, si bien la justicia determinó que no es clara su participación, las jovencitas eran entregadas en su domicilio por su hermano y había dinero de por medio.

Estos son solo unos mínimos ejemplos.

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La caravana de despedida del “Piolo” parece haber generado un impacto muy fuerte en la sociedad y en el municipio quilmeño y despierta relatos fascistizantes que ni lerdos ni perezosos los toman de inmediato Sergio Berni y Patricia Bullrich. Ambos  buscan con esto fortalecer el aparato represivo, meter “mano dura”, fortalecer la legislación punitiva, etc. Atrás del “apoyo a Ríos” buscan un fortalecimiento del poder represivo de los mismos que son los organizadores del crimen y quienes “fabrican delincuentes” todo el tiempo. De paso pretenden ocultar los casos de gatillo fácil, asesinatos como el de Alexis Lucero en Moreno, Lucas Verón en La Matanza, Brandon Romero en Mar Del Plata, la desaparición de Facundo Castro y otros “excesos”.

El reforzamiento del aparato de seguridad responde, para el Estado, a otro problema: las posibles rebeliones que la crisis vuelve a plantear ante el derrumbe de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, el crecimiento de la pobreza, la pérdida de los puestos de trabajo y el colapso sanitario que se vislumbra. El Estado está quebrado, la burguesía reclama rescates, subsidios, que se le pague a los acreedores ya que ellos son también tenedores de la deuda y las luchas de los trabajadores se desarrollan en todo el país.

Este fue el eje de la reunión entre Sabrina Frederic, ministra de Seguridad de la Nación, y Sergio Berni, su par de la provincia de Buenos Aires. Entre chisporroteos y tensiones acordaron firmemente en unificar esfuerzos para reforzar la “seguridad” con gendarmes y prefectos en las “zonas calientes” del conurbano, con operativos de redespliegue de las fuerzas federales. Sin embargo según Berni, en una entrevista con Rolando Sietecase en Radio con vos, el delito bajó el 30 por ciento.

Las crisis quitan el velo y dejan ver la pudrición que corroe al Estado, a sus funcionarios y a sus fuerzas represivas. La principal disputa está en quién tiene el monopolio de las fuerzas. Los ministros de seguridad buscan darle continuidad al armado para defender el régimen de explotación capitalista.

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