Los hechos ocurrieron durante el mediodía del pasado lunes 20. Efectivos de un operativo policial, junto con inspectores municipales enviados por la intendencia de Mayra Mendoza, advirtieron a trabajadores ambulantes senegaleses que se encontraban en la peatonal Rivadavia, en el centro quilmeño, la prohibición de instalar mesas allí. Luego de que estos se corrieron a las escalinatas de la estación de trenes, fueron brutalmente desalojados a fuerza de palos y gases, tras lo cual les incautaron también la mercadería que vendían y con la cual sostienen sus ingresos día a día.

Esto constituye un nuevo hecho represivo y racista por parte de la policia bonaerense, en total complicidad con el municipio oficialista de Mayra Mendoza, y que se da en el marco de una clara profundización de los casos de violencia policial y gatillo fácil a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Estos no son sino un resultado inevitable del reforzamiento del aparato represivo, que se ha vuelto ya una verdadera política de Estado en todo el país, pero que ha encontrado particularmente un epicentro en la provincia bajo la dirección del ministro de Seguridad Sergio Berni. En este sentido se inscribe la desaparición de Facundo Castro y las recientes cifras que indican que en el mes de junio la policía bonaerense asesinó a una persona cada 40 horas.

Una realidad que se acrecienta en el distrito

En la localidad se han multiplicado los casos de represión, gatillo fácil e impunidad policial. Cabe recordar la represión a los trabajadores del frigorífico Penta a principios de abril, quienes se vienen organizando por sus puestos de trabajo y contra el incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte de la patronal. Es el caso también de Fernando Leguizamón, asesinado a quemarropas por dos policías de civil, que sin dar siquiera la voz en alto le dispararon por la espalda, el pasado 22 de junio, hecho que aún continúa impune. A su vez, se desarrolló ante el crecimiento de casos de Covid-19 la militarización de Villa Itatí y Villa Azul, pretendiendo de esta manera controlar los contagios masivos que no son más que el resultado directo de una escasa asistencia a los barrios, y que obligó a los trabajadores a seguir saliendo de sus casas a tratar de sostener sus ingresos en el medio de un riesgoso brote.

Por su parte, se produjo recientemente la detención ilegal de los jóvenes carreros Eduardo Damian Chávez, Agustín Velazquez y Angel Marcelo Ibáñez, cuando volvían de trabajar, claro está, en condiciones de absoluta precariedad; un reflejo de la crisis social que fue el trasfondo del disparo de contagios en Azul e Itatí. El día martes, familiares, vecinos y amigos cortaron la rotonda de Pasco denunciando torturas y amenazas, y exigiendo su inmediata libertad, así como justicia para Leguizamón. “No queremos otro Facundo Castro”, sentenciaron.

Sin embargo, el municipio de Mayra Mendoza y el gobierno provincial de Kicillof y Berni lejos están de dar respuesta a estos reclamos, sino que profundizan aún más la política represiva.  Tal es así que actualmente en la Universidad Nacional de Quilmes siguen funcionando las bases operativas de la policia bonaerense al mando de Sergio Berni, instaladas en el campo de deportes.

Repudiamos por completo la represión a los manteros, que se inserta con claridad en el avance de la escalada represiva tanto en el municipio como en el Conurbano bonaerense. Mayra Mendoza y Axel Kicillof deben dar respuestas de inmediato ante las responsabilidades que les caben. A este reforzamiento del descompuesto aparato represivo en la provincia de Buenos Aires le oponemos el Fuera Berni y el inmediato desmantelamiento de la policía bonaerense. Profundizamos la convocatoria a un gran plenario nacional contra la represión.