Las organizaciones sociales y piqueteras están siendo objeto de un ataque judicial coordinado, con allanamientos, requisas y escuchas telefónicas, en línea con las pretensiones patronales de terminar con cualquier oposición al paquete de ajuste del gobierno y el FMI. La vicepresidenta Cristina Kirchner ofició como vocera principal de tal reclamo, el pasado 20 de junio, cuando apuntó sus acusaciones contra los grupos piqueteros.

Dieciséis allanamientos en la provincia de Jujuy, a distintas organizaciones, imputaciones federales  contra dirigentes del Polo Obrero y el Partido Obrero, y veintitrés allanamientos y escuchas contra la CCC en el conurbano norte bonaerense y CABA –de una causa iniciada bajo el macrismo que se mantenía congelada hasta la actualidad-, son los instrumentos de la Justicia para encauzar el ataque exigido por la vicepresidenta y por los partidos patronales.

Se trata de una orientación política profunda y reaccionaria, que busca ilegalizar el funcionamiento cotidiano de las organizaciones sociales y piqueteras, con una aplicación antojadiza del Código Penal bajo figuras de “asociación ilícita” y “extorsión”, por donde se abre una puerta peligrosa al espionaje sobre las organizaciones y dirigentes sociales, piqueteros y políticos.

¿Qué es lo que se persigue?

Está claro que por la cantidad y calidad de los hechos y procesos señalados, en menos de un mes, estamos ante la orientación de todo un régimen.

Un hecho común del accionar de la Justicia, sea esta local -bajo la égida de gobiernos como el de Gerardo Morales- o federal, es la calificación de asociación ilícita contra la organización independiente de los trabajadores: un punto que busca disolver y liquidar la respuesta colectiva a la ofensiva patronal y fondomonetarista.

En los allanamientos ordenados por la Justicia lo que se requisa son los libros, actas, planillas, computadoras e información perteneciente a las organizaciones, que hacen a su funcionamiento cotidiano. Muchos de los papeles que se secuestran consisten en formularios y planillas de rendición de cuentas que exigen los Estados nacional y provinciales para la entrega de mercadería, el funcionamiento de las cooperativas de trabajo, la compra de insumos y materiales y la actualización de datos.

Clarín, por ejemplo, difunde la requisa de las finanzas de la CCC como si se tratara del golpe a una banda de narcotraficantes, omitiendo informar que los recursos voluntarios que reúne una organización nacional, con desarrollo en varias provincias, son para cubrir gastos necesarios e imprescindibles para el funcionamiento de esa misma asistencia que el Estado “terceriza”, pero como variable de ajuste.

Incluso el allanamiento de galpones con mercadería, donde se descargan los camiones que envía el Estado y luego se organiza la distribución a los comedores populares.

Las calificaciones por coacción y/o extorsión, por otra parte, buscan trazar un nexo causal entre una supuesta asociación ilícita y la creciente movilización piquetera. De esta forma, la acción independiente de los trabajadores sería un resultado “externo”, compulsivo, y no propio de la organización de los desocupados. Lo que se busca es terminar con dicha movilización.

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Qué hay detrás

El respaldo ideológico de este accionar criminalizador y represivo se encuentra en la base del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, cuando esta acusa la “tercerización de la asistencia social del Estado” y supuesta coacción contra los desocupados, extorsión económica y desviación de fondos, en mano de las organizaciones sociales.

Cristina sabe de tercerizaciones, ya que su gobierno dio un salto en esa materia. Lo muestra el caso emblemático del asesinato de Mariano Ferreyra, a manos de una patota de la Unión Ferroviaria que defendía un esquema de tercerización laboral pactado con su gobierno.

Pero al contrario a lo que ocurre en ese tipo de tercerizaciones, donde existe un flujo de ingresos/capital hacia empresas tercerizadas, la precaria asistencia del Estado fue arrancada con la lucha independiente de los trabajadores, no viene de una dádiva oficial. Las y los desocupados no se organizan con los piqueteros por una “concesión estatal”, sino porque es la única vía para pelear por un respuesta al hambre y la pobreza.

La orientación de Cristina es la de la clase capitalista local, la del FMI, la de la derecha macrista y los “libertarios” de Milei, la de los radicales y sus gobernadores. El propósito es la trasmutación de la organización piquetera en un accionar ilícito, como lo hiciera históricamente la clase capitalista contra el derecho a sindicalización de la clase obrera.

Las organizaciones piqueteras y sociales ya están tomando cartas en el asunto y discutiendo una intervención colectiva y común contra esta ofensiva reaccionaria, en cada provincia y en todo el país.

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