Libertades democráticas
10/6/2026
Represión en CABA durante los encuentros por el Indio
La salida represiva que Jorge Macri ofrece a la clase capitalista.
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Represión CABA.
La violencia policial desplegada sobre los encuentros multitudinarios en Plaza de Mayo y en el Obelisco para homenajear al Indio Solari expuso, en pleno festejo popular, la orientación represiva que el gobierno de Jorge Macri viene impulsando sobre el conjunto de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Esa orientación forma parte de un reforzamiento represivo que atraviesa a los gobiernos de todo el país, una respuesta estatal frente a una crisis social que amenaza con abrir paso a irrupciones populares capaces de desbordar el orden existente. Pero ese reforzamiento precisa una autoridad social que el Estado no tiene y que aún necesita construir.
El desborde popular y el retroceso del gobierno
Las concentraciones comenzaron el viernes a media mañana en Plaza de Mayo y crecieron hasta desbordar el centro porteño. A media tarde, un primer grupo de efectivos intentó provocar revisando a las personas, pero la llegada de cada vez más familias obligó a la fuerza a retirarse. Cuando el festejo se volvió un desborde popular y se extendió hasta el Obelisco, la policía directamente desapareció.
Recién el sábado, cuando quedaban apenas unos pocos grupos celebrando, la infantería irrumpió con violencia y desalojó a los últimos presentes. Un operativo montado cuando la correlación de fuerzas solo lo hacía posible en ausencia del pueblo, después de una jornada en la que quedó claro que ningún despliegue policial hubiera alcanzado para contener la inmensa fiesta popular.
La comparación con Villa Domínico
La comparación con el velorio del Indio en Villa Domínico es contundente: allí no pasó nada porque no había un aparato represivo intentando ordenar lo que no necesitaba ser ordenado. La masividad no generó problemas; los problemas aparecen cuando un gobierno interviene para afirmarse como autoridad.
En CABA, la presencia policial forzó la tensión. Cuando un régimen policial quiere abrirse paso, cualquier concentración popular se vuelve el escenario donde busca demostrar una autoridad que todavía no tiene.
Un régimen policial de control poblacional
La primera intervención policial en Plaza de Mayo dejó ver la presencia de cuadros superiores, comisarios y jefaturas operativas involucrados directamente en controles de identificación, revisiones de mochilas y pedidos de documentación: un acto político orientado a hacerse cargo públicamente de la línea represiva que el gobierno despliega cotidianamente en toda la ciudad.
Tanto el operativo del viernes como la represión del sábado buscaron colocar en el centro político de la ciudad la orientación de un régimen policial de control poblacional que el gobierno viene profundizando, aprovechando un encuentro de enorme contenido popular para afirmar su autoridad social y disputar el electorado de derecha de Milei.
Avance del régimen policial sobre la clase trabajadora
Esa orientación avanza sobre la vida cotidiana de los sectores trabajadores y conforma un cuadro represivo cada vez más extendido. En terminales y estaciones, la policía sostiene controles identificatorios abiertamente discriminatorios que apuntan siempre contra los mismos sectores de la clase trabajadora. A esto se suma la irrupción de efectivos en colectivos y trenes para realizar inspecciones arbitrarias, consolidando un salto represivo que extiende la presencia policial incluso al interior del viaje cotidiano.
La criminalización de la venta ambulante
La criminalización de la venta ambulante profundiza esa misma orientación. En un cuadro de crisis social, desocupación creciente y pluriempleo forzado, miles de trabajadores recurren a la venta callejera para sostener la vida cotidiana.
La policía exige permisos inexistentes, obliga a retirarse a quienes intentan vender, decomisa mercadería comprada con esfuerzo familiar y detiene a quienes se resisten. Es un despliegue de violencia directa sobre la reproducción material de la clase trabajadora, que castiga a quienes están más hundidos por la crisis.
La nueva campaña de propaganda represiva
Esta orientación se refuerza con una intensa campaña del Ministerio de Seguridad que promueve el accionar policial bajo el discurso de “ordenar y recuperar el espacio público”. La campaña aparece en afiches de tono electoral y se infiltra en grupos de WhatsApp barriales con partes policiales y videos de operativos filmados por la propia fuerza. La profesionalización de ese registro audiovisual expone la intención política de reforzar su autoridad social mediante propaganda que penetra en la vida cotidiana.
Censura y represión: la orden de no filmar
En este cuadro aparece un rasgo decisivo del nuevo régimen policial: una fuerza que ya opera con vigilancia permanente ahora filma cada intervención para producir propaganda oficial, mientras persigue y amenaza a quienes intentan registrar los operativos de manera independiente. El aparato represivo monopoliza el registro de su accionar y despoja a la clase obrera del derecho elemental a documentar la violencia que recibe. Frente a esta censura material, la clase trabajadora necesita organizar sus propios mecanismos de registro y denuncia.
La política habitacional como instrumento represivo
La orientación represiva se expresa también en la política habitacional expulsiva que el gobierno profundiza en la ciudad. Los desalojos administrativos por “peligro de derrumbe” se multiplican y funcionan como expulsiones encubiertas que barren con familias enteras sin ofrecer alternativas. En los últimos años, el gobierno ejecutó más de 600 desalojos, arrojando a la calle a miles de personas.
Las incursiones en villas y asentamientos crecen semana a semana, acompañadas por la prohibición de seguir construyendo. El operativo Tormenta Negra condensó esta orientación: 1.500 policías desplegados en 17 villas como parte de un régimen de ocupación permanente.
Frente al derrumbe social: una salida política organizada de la clase obrera
Frente a esta orientación represiva en expansión, es necesario que los movimientos democráticos se pronuncien contra la violencia estatal y la impunidad policial, que las organizaciones sociales enfrenten la avanzada sobre la vivienda popular y que la clase trabajadora intervenga para frenar un régimen que busca disciplinar al conjunto del pueblo. La defensa de un porvenir propio exige una respuesta organizada de todos los sectores golpeados por la orientación del gobierno, para abrir paso a una salida propia de los trabajadores.
