En la noche fría del sábado 7 de junio, el servicio penitenciario de la U32 de Zapala dio inicio a un procedimiento represivo disfrazado de "requisa" siendo las 21:30 hs, comenzando por pulverizar dentro del pabellón A, material de siete matafuegos a fin de asfixiar a los internos, continuando con el disparo de perdigones y gases lacrimógenos en gran cantidad.

Uno de los jefes de Unidad, Vinet, estuvo presente durante todo el procedimiento, emitiendo golpes de puños y patadas a internos reducidos y esposados sobre el piso, dando rienda suelta como funcionario público a la represión de distintos agentes de servicio penitenciario que golpearon de igual manera.
A esto se suma el operativo montado dentro y fuera de la unidad, con la desconexión telefónica y el impedimento de información a familiares, móviles policiales y efectivos de comisarías de la ciudad, que actuaban como cerco perimetral para impedir el acceso de familiares presentes, ambulancia del hospital local y camión de bomberos, todos recursos del Estado que mal utilizaron y lo emplearon para justificar su brutal represión.

El camión autobomba fue utilizado para mojar a los internos del pabellón, la totalidad de celdas, ropas, pertenencias personales, colchones y alimentos. A uno de los heridos con mayor gravedad, al que el enfermero del servicio vio más complicado por corte en su cabeza, lo trasladaron en móvil policial de traslado, estando estacionada la ambulancia afuera.

El operativo, que duró más de tres horas reloj, culminó con la negación de cena, la quita de colchones, el engome (celdas cerradas con candados) dentro de espacios inundados de agua, sin ropa seca, ni frazadas y dónde las temperaturas nocturnas oscilaron entre 1° y -3°, con heladas.

Recordemos que desde la asunción del gobernador Rolando Figueroa, la provincia declaró la emergencia carcelaria, autorizando el endeudamiento de 50 millones de dólares para mejoras edilicias (418 nuevas plazas), espacios para salud, educación, trabajo y visitas, que favorezcan la reinserción social. A esto se suma, los recorridos mediáticos del actual ministro de Seguridad, Matías Nicolini, quien ha resaltado la importancia de una actualización en la Ley Orgánica de la Policía, no solo desde los cambios legales sino desde los "nuevos paradigmas", convencido de que una Policía moderna, profesional y respetuosa de los Derechos Humanos es la mejor garantía de seguridad ciudadana. Lo cierto es que las obras siguen sin darse inicio en la localidad, y recién para agosto se prevé la inauguración de un pabellón de máxima seguridad en U11. Producto de estas falencias, de la violencia sistemática y la falta de un protocolo supuestamente a homologar y publicar entre la ministra de Educación, Soledad Martínez, y el ministro de seguridad Nicolini, desde el pasado 21 de abril (habeas corpus presentado mediante docentes y rechazado por la defensoría general) las clases están suspendidas en todos los niveles y modalidades, vulnerando no solo derechos fundamentales como la dignidad e integridad física de las personas privadas de la libertad, sino cercenando el derecho a la educación.

Exigimos el cese de la represión, de las vejaciones y el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad y educación para los internos de la U32.

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