Saavedra le dice No a las cárceles container

Evitemos su instalación en todos los barrios.

Ya fueron instaladas las primeras cárceles container en Saavedra.

Luego de que diversas agrupaciones vecinales del barrio de Saavedra hicieran conocer su oposición a las denominadas “cárceles container” y el caravanazo efectuado por la Asamblea Interbarrial Parque Saavedra de la semana pasada, finalmente vecinos y vecinas del barrio fueron recibidos en la Sede Comunal 12, el pasado miércoles 24/7, por José Ferrentino, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad y otros funcionarios del gobierno porteño.

Los representantes de Macri manifestaron que la instalación de estas “celdas modulares”, como las denominaron, son consecuencia de una emergencia generada por la superpoblación de detenidos/as en CABA y estimaron que se alojarán aproximadamente 70 personas en Saavedra. Según Ferrentino, estas cárceles container, a las que se suman las instaladas en Chacarita y Barracas, se quitarán una vez que esté construida la alcaidía central en 27 de Febrero y Cámpora (Lugano), con capacidad para 700 personas. Ante la exigencia de una fecha concreta para la desinstalación de estas cárceles por parte de los vecinos se produjo un sincericidio, la respuesta del funcionario fue: “eso no lo puedo asegurar”. A partir de esa respuesta, el malestar fue absoluto y ganó la idea del “es provisorio para siempre”.

Atinadamente, desde la Asamblea Interbarrial Parque Saavedra, se entregó a los funcionarios del Ministerio de Seguridad un documento manifestando el absoluto rechazo a estas “cárceles container”, entendiendo que “lejos de combatir los índices de criminalidad y aliviar la sobrepoblación carcelaria, perpetúan la estigmatización y la vulnerabilidad de los sectores más precarios de nuestra sociedad” y que “estos calabozos constituyen un riesgo para la vida de lxs detenidxs y una violación a derechos humanos básicos” ya que, como menciona  la Comisión Interamericana de DDHH, “no se respetaría su derecho a un albergue digno”.

Al mismo tiempo, en diferentes intervenciones, se manifestó el enojo por la realización de esta obra completamente inconsulta, algo que además es un “modus operandi” que se reitera permanentemente: reservorios por tema inundaciones, pérdida de espacios verdes, avance de las denominadas “plazas secas” que agregan cemento en un barrio atravesado por el arroyo Medrano, entre otras cosas. Y más actualmente, ante el plan hidráulico anunciado por el gobierno de Jorge Macri.

Luchemos por trabajo genuino y presupuesto para salud, educación y vivienda

La instalación de estos módulos carcelarios en la Comisaría Comunal 12, emplazada dentro del Parque Lineal Roberto Goyeneche, o sea ubicada dentro de un espacio verde, se está realizando sin siquiera colocar un cartel de obra y con trabajadores que no tienen los elementos de seguridad necesarios, es decir, con trabajadores en la precariedad absoluta.

Asimismo, llama la atención que mientras no hay presupuesto para salud, educación, vivienda o asistencia social, si lo hay para criminalizar la protesta con la persecución y cárcel para los luchadores/as, con la nefasta ley de reiterancia y el operativo “orden y limpieza”, que pretende sacar de las calles a personas que son víctimas del abandono estatal, en este caso, en lo referido a la vivienda.

Mientras todo esto ocurre, no se avanza un centímetro en la lucha contra el narcotráfico, por el contrario, se ataca los tejidos de contención social, persiguiendo a quienes sostienen los comedores populares en los barrios más humildes, donde asisten cientos de miles de trabajadores, jubilados y jóvenes en busca de un plato de comida, pero también de la contención que no brinda el Estado.

La solución al problema de la inseguridad en la Ciudad no se resolverá con el reforzamiento del aparato represivo, ni con medidas como la Ley de Reiterancia o la construcción de estas cárceles container para encarcelar luchadores y perejiles. Este régimen descompuesto es el que apaña los peores delitos, como venimos viendo en el caso Loan. La verdadera salida, como menciona el pedido de informe impulsado por la banca de Gabriel Solano en la Legislatura porteña, se dará garantizando el derecho al trabajo, la educación, el acceso a la vivienda y no criminalizando la pobreza y el derecho a la protesta.

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