Políticas
29/7/2024
Los procesamientos al Polo Obrero atropellan el derecho a la defensa y desconocen pruebas, confirmando que se trata de una persecución política
Conferencia de prensa martes 30/7 a las 10:00 en Monteagudo 730 (CABA).
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Un procesamiento a medida de las necesidades políticas del gobierno.
El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento contra 12 compañeros del Polo Obrero, el socio de Editorial e Impresiones Rumbos y dos compañeras de Barrios de Pie. El procesamiento viola el derecho a la defensa, al negar la ampliación de indagatoria de Eduardo Belliboni y María “Tango” Dotti, que fueron presentados antes de la feria judicial y que solicitaron presentar más pruebas refutando las acusaciones. La construcción del juez es una amalgama de mentiras que ignora la realidad y las pruebas presentadas con el objetivo de avanzar en la persecución y criminalización del Polo Obrero, por el rol que ha jugado en la organización y la movilización de los barrios más explotados del país.
El apuro del juez por cumplir con las exigencias políticas de avanzar en la persecución contra el Polo Obrero ya se vio cuando no quiso mostrar las pruebas a los imputados antes de indagarlos. Ahora se dictan los procesamientos antes de que se realice la pericia sobre las cámaras de la sede de la asociación civil, donde se va a mostrar que se realizó en forma irregular, sin testigos que entraran a tiempo y apagando las cámaras.
Barriendo estas pruebas debajo de la alfombra, el juez avanza en falsificaciones que ignoran totalmente las pruebas presentadas.
Su punto central es cuestionar las compras que el Polo Obrero realizó a Editorial Rumbos argumentando que se trata de una empresa fantasma que actuaba como caja política del Partido Obrero. El juez miente, porque Rumbos no es una empresa fantasma. Presentó a la Justicia un largo descargo mostrando su actividad editorial, con decenas de libros, 1.620 números de Prensa Obrera, 62 ediciones de la revista En defensa del Marxismo, stands en ediciones de la Feria del Libro, entre otras actividades.
El Polo Obrero reclamó justamente ampliar la declaración indagatoria para mostrar las pruebas de las compras realizadas, presentando certificaciones de escribano que las acreditan. Solamente ignorando los hechos se puede sostener que no existieron las compras de folletos de formación, papel, ropa de trabajo y maquinaria que se usó masivamente en todo el país.
El juez lleva esta falsificación al extremo cuando pone en duda la existencia de una impresora Heidelberg que está instalada en la sede central de la asociación, incluso está en los registros del allanamiento. Contra la mentira de la malversación de fondos, el Polo Obrero está certificando toda la maquinaria y equipos que están instalados en todo el país mediante escribano público.
Entre otras cosas, el Polo Obrero sacó más de 50 números del suplemento del Polo Obrero a través de Editorial Rumbos y una inmensa cantidad de folletos relativos a cursos y capacitaciones, que para el juez es “fantasma” y una “caja de recaudación política”.
Que una editorial tenga posiciones políticas es parte de la vida normal y habitual de las editoriales, pero cuando el juez establece que una editorial es una “caja política” encubre un ataque velado tanto a la libertad de prensa como el régimen de partidos, porque con esos argumentos podría sostenerse que cualquier medio de difusión que levante posiciones o le dé voz a dirigentes políticos de fuerzas políticas actúa como un agente de los partidos.
La ignorancia consciente y deliberada del juez de las pruebas presentadas se manifiesta en que continúa diciendo que el Polo Obrero no rindió desembolsos de los convenios que fueron rendidos hace más de un mes, luego de intimaciones ministeriales. Concretamente fueron rendidos el 97,3% de los proyectos en cuestión, y el restante marginal fue obstaculizado justamente por la inhibición de cuentas dictada por el juzgado.
El desconocimiento de las pruebas presentadas y de la realidad palpable va todavía más a fondo cuando se trata de valorar la actividad del Polo Obrero. El juez dice livianamente que los beneficiarios del Polo Obrero del Potenciar Trabajo no trabajaban, cuando solamente en el comedor Mariano Ferreyra de Bajo Flores se cocinaba todos los días para 600 familias. ¿Quién cocinaba? Se construyeron casi 50 sedes en todo el país de las cuales se aportaron fotos y pueden ser visitadas y en varios casos se terminaron aportando fondos solidarios ante la falta de otorgamiento de los fondos oficiales. ¿Quién las construyó? Se realizaron cientos de cursos y talleres en todo el país, se realizaron capacitaciones para formación laboral en el rubro gráfico, textil, sublimado, talleres culturales, periodismo comunitario entre otros rubros.
Tras esta afirmación busca sostener que la única contraprestación al plan era la “obligación” de movilizarse. Cuando en realidad la necesidad de movilizarse no surgía de ninguna “coacción” de la organización sino de la necesidad de arrancarle al Estado los reclamos que nunca iba a satisfacer si no era bajo la presión de la lucha organizada.
Por último, el juez rechaza, además, el pedido del fiscal de avanzar contra Emilio Pérsico y otros funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social.
El juez construye así un procesamiento a la medida de las necesidades políticas de quienes gobiernan y gobernaron: llevar al banquillo de los acusados a la organización que ha estado a la cabeza de las luchas de los desocupados, en contra de las pruebas presentadas, exculpando al mismo tiempo a los funcionarios de todos los colores políticos.
En los próximos días presentaremos la apelación pidiendo la nulidad de estos procesamientos vergonzosos. La lucha contra esta causa entra en una nueva etapa y vamos a darla como parte de la gran lucha contra el hambre y por las libertades democráticas y el derecho a la protesta que quieren pisotear tanto Bullrich y Milei como todo el Poder Judicial.
