En conferencia de prensa hoy se dieron a conocer los fundamentos de la apelación a la condena contra César Arakaki y Daniel Ruiz. El fallo del juez Javier Feliciano Ríos, cuyos fundamentos fueron expuestos a principios de febrero, condena a César a 3 años y 4 meses y a Daniel a 3 años, ambos de prisión efectiva. Ahora, la sentencia será revisada por la Cámara de Casación.

La conferencia de prensa contó con la presencia de dirigentes de organizaciones de derechos humanos: Serpaj, CELS, Encuentro militante Cachito Fukman, Correpi. También estuvieron presentes los dirigentes del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, Guillermo Kane y Gabriel Solano, del Partido Obrero, Alejandrina Barry del PTS y Mercedes Trimarchi de IS, y Eduardo Belliboni, del Polo Obrero.

En la conferencia de prensa, César Arakaki reivindicó no haber aceptado la probation que se le ofreció para no ir a juicio. Es que dicho mecanismo judicial implica aceptar una acción reparatoria que se impone, por un supuesto delito. Pero aquí no hay un delito sino una persecución del Estado contra la movilización popular. Se trata de una causa política para penalizar las jornadas de lucha del 14 y 18 de diciembre de 2017. César denunció, en su intervención, que quienes deben estar presos por el robo a los jubilados no son él, Daniel Ruiz o Sebastián Romero, sino los funcionarios involucrados en el robo a los jubilados y el vaciamiento de la Anses. César, además, criticó las condiciones de detención que sufrió cuando fue encarcelado y a las cuales pretenden volver a condenarlo, denunciando el hacinamiento y los malos tratos en la prisión de máxima seguridad a la que ya fue confinado en diciembre de 2017.

Por su parte, Liliana Alaniz, abogada de la causa, desarrolló los argumentos de la defensa. Denunció que no existen pruebas para la acusación de lesiones, hasta tal punto que el querellante, Brian Escobar, desistió de la causa luego de ver las imágenes en las cuales queda claro que ni César ni Daniel Ruiz fueron los autores de las mismas. Denunció además la condena por intimidación pública, que llega al absurdo de afirmar que César y Daniel intimidaron al resto de los manifestantes que se movilizaban con ellos. Explicó que en la sentencia tiene un gran peso el argumento de que los manifestantes querían ingresar al Congreso, un argumento desarrollado en su momento por el fiscal Germán Moldes, quien sostenía que hubo un delito de sedición. Sin embargo, esto no es así, porque lo que buscaba no era invadir ningún recinto sino expresar el rechazo al tratamiento y la aprobación de una ley contra las jubilaciones. Los argumentos del fiscal no se basan en una acusación concreta contra César y Daniel sino en un ataque al derecho a la protesta. Apuntó que quienes intimidaron a la población no fueron quienes se movilizaron, sino el Estado, por medio de la represión. En suma, denunció que se trató de una condena política, que contrasta con la impunidad de los policías responsables de gravísimas lesiones a los manifestantes en el marco de la represión.

Los argumentos legales de Liliana Alaniz fueron retomados por María del Carmen Verdú, de Correpi, quien alertó sobre el grave precedente que representa la condena para el movimiento popular. Una condena por intimidación pública implica levantar una acusación tan genérica que puede valer para cualquier acto de movilización popular. Implica, en los hechos, hacer condenable cualquier acción de protesta, con el argumento de realizar acciones que puedan “infundir temor público o suscitar tumultos”. La vaguedad del artículo habla a las claras de que se utiliza para penalizar una acción que es condenada, previamente, por consideraciones políticas.

Gabriel Solano reivindicó la posición de Arakaki de rechazar la probation y afirmó que durante el jucio denunciamos las responsabilidades políticas de la represión y el ajuste conta los jubilados. Sostuvo que “buscan ocultar lo que sucedió el 14 y 18 de diciembre que fue una represión brutal gubernamental y policial. Vamos a reclamar que se baje esta condena arbitraria y aleccionadora. El mismo juez que al policía que atropelló personas le dio un juicio abreviado y sin prisión efectiva, a Arakaki y a Ruiz les negó el abreviado y pide la prisión efectiva en cárcel de máxima seguridad. Es el régimen político de la policía. Usan el Código Penal para denunciar y perseguir cualquier manifestación a la luz de las políticas de ajuste. El gobierno nacional hizo completo silencio sobre este caso cuando se la pasan hablando de la justicia. Junto con la apelación vamos a continuar un plan de lucha con movilizaciones para ganar en la calle la libertad para los compañeros Arakaki y Ruiz y en defensa de la protesta social”.

Además, hicieron uso de la palabra Carlos Lorskipanidsse (el “sueco”) del Encuentro Militante Cachito Fukman, Alejandrina Barry, del PTS y Mercedes Trimarchi, de Izquierda Socialista.

La conferencia fue el punto de partida este año de una gran campaña por la absolución de los compañeros. Se anunció el compromiso de diferentes organismos de presentar amicus curiae y se anticipó que pediremos una reunión a la sala de la Cámara de Casación involucrada en la causa. Y, por sobre todo, que vamos a una campaña de actos y movilizaciones, ganando las calles para revertir la condena.