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El lunes 8 se reinició el juicio contra los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz, militantes del PO y del PSTU, respectivamente, quienes fueron encausados a raíz de su participación en la gigantesca movilización del 18 de diciembre de 2017 al Congreso de la Nación, contra la reforma jubilatoria que fue aprobada aquella tarde en la Cámara de Diputados con el voto favorable de legisladores de Cambiemos y del PJ. Aquella jornada, las fuerzas de seguridad reprimieron durante horas a los manifestantes por las inmediaciones del palacio legislativo.

En el reinicio de las audiencias, declaró el policía Pablo Gastón Pérez. La fiscalía (a cargo de García Elorrio y Ezequiel Coscia) acusa a los compañeros de intimidación pública y lesiones a un oficial, una imputación que está lejos de poder acreditar. Incluso el principal damnificado, el policía Brian Escobar, se retiró de la querella.

Está previsto que la próxima sesión del juicio se realice el lunes 22, con la declaración de otros policías. Restan declarar aún cerca de 50 testigos en la causa.

Mientras tanto, permanece en detención domiciliaria Sebastián Romero, quien también había participado de la movilización de 2017. En su caso, aún no hay fecha de juicio.

El proceso contra los compañeros se desenvuelve en medio de una intensa campaña de solidaridad de las organizaciones obreras, populares, estudiantiles y de derechos humanos, así como de artistas. A lo largo de las audiencias del año pasado, desfilaron decenas de referentes para acompañarlos.

A su vez, tiene curso una serie de pronunciamientos internacionales solidarios, como el de los portuarios de la costa oeste de los Estados Unidos, y el del Dr. Elliot Lee Grossman, abogado y defensor de derechos humanos, miembro de la Barra de Abogados del Estado de California y de la Barra de Abogados de la Suprema Corte de EE.UU. También enviaron su adhesión el Freedom Socialist Party y Democracia Socialista de Puerto Rico.

La reforma jubilatoria del macrismo, que modificó la fórmula para el cálculo de los haberes, implicó la confiscación de 100 mil millones de pesos a los jubilados en 2018. Bajo el gobierno de Alberto Fernández, el ataque ha continuado, con “aumentos” por debajo de la inflación en 2020 y una nueva fórmula de cálculo que dejará la suba de las jubilaciones por debajo del aumento de precios.

La lucha continúa, por la absolución de los compañeros y en defensa de las jubilaciones.

Para participar de las audiencias, que son mediante zoom, se puede escribir a [email protected].