Se relanza el proyecto de ley contra la impunidad policial en la provincia de Buenos Aires
El Frente de Izquierda vuelve a darle estado parlamentario a la iniciativa que se había redactado junto a la familia de Sofi Fernández, y que fue presentada en 2024 por Guillermo Kane.
Los casos de gatillo fácil, de torturas y otras vejaciones por parte de las fuerzas represivas en la provincia de Buenos Aires son moneda corriente hace décadas. Esta situación se agrava fuertemente con el encubrimiento sistemático y la impunidad de estas fuerzas, como la maldita Bonaerense y las del Servicio Penitenciario. Frente a esta situación, la bancada del Frente de Izquierda relanza el proyecto de ley que presentó en 2024 contra la impunidad policial y los privilegios que reciben hoy en día los agentes implicados en estos gravísimos casos.
Originalmente, el proyecto fue elaborado por la bancada del diputado Guillermo Kane, del Partido Obrero, junto con la familia de Sofía Fernández, una mujer trans que fue asesinada en una celda de la comisaría 5ta de Derqui, en Pilar. De la redacción del proyecto también tomaron parte la abogada Pía Garralda de Apel, el abogado de la familia de Sofi Fernández y la Comisión Provincial por la Memoria. Hoy el proyecto toma nuevo impulso especialmente gracias a familiares de víctimas de distintos casos de impunidad, entre ellos el de Sofi, quienes lo han convertido en una bandera de lucha y organización. Tomando ese impulso, la bancada actual del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense, integrada en este momento por Mónica Schlottauer (Izquierda Socialista) y Christian Castillo (PTS), volvió a darle estado parlamentario.
La coordinación entre los familiares y la banca del Frente de Izquierda
En los últimos días se llevó a cabo una importante reunión de las bancas del Frente de Izquierda y numerosos familiares de víctimas de represión e impunidad estatal. Por parte de las bancas del FIT-U estuvieron Mónica Schlottauer y Christian Castillo, y el diputado rotativo Pablo Giachello, del Partido Obrero. Entre los presentes también estuvieron Mabel Valdez, hermana de Sofi Fernández; Marcela, hermana de Gonzalo Tamame, asesinado en la comisaría 1ra de Olavarría en 2025; Ricardo, papá de Nahuel Tasori, asesinado en la comisaría 4ta de Tandil en 2023; Eduardo, papá de Eduardo Damián Guerrero, joven de 23 años que murió tras ser embestido por un policía que circulaba alcoholizado y en contramano; y Luis, del Colectivo 7 de Pergamino, conformado al calor de la lucha contra la lamentablemente recordada masacre en la comisaría 1ra de dicha localidad en 2017. También participó la Correpi y un representante de la asamblea de disidencias sexuales de Córdoba, que recientemente, en el Encuentro Plurinacional, realizó una actividad contra los crímenes a manos de las fuerzas policiales con especial mención al caso de Sofi Fernández.
Durante el encuentro se discutió sobre el contenido del proyecto y se resolvió poner en pie una campaña provincial por su urgente aprobación. Asimismo, se acordó convocar a una gran audiencia pública el próximo viernes 4 de diciembre, extendiendo la invitación a familiares de otros casos de impunidad, a los organismos de derechos humanos y antirrepresivos, a la Comisión Provincial por la Memoria (cuyo equipo, como mencionamos, fue parte de la redacción del proyecto) y a diputadas y diputados de todos los bloques políticos de la Legislatura.
¿Qué propone el proyecto de ley?
El texto apunta directamente a desarmar mecanismos con los que la Policía Bonaerense garantiza su propia impunidad tras cada crimen, desaparición o hecho de gatillo fácil. Fundamentalmente, el proyecto plantea que cese la defensa jurídica, técnica e institucional de los agentes acusados por violaciones a los derechos humanos, como es el caso de los homicidios, lesiones, abusos, torturas y privación de libertad, entre otros.
Al respecto, en 2023 existía una resolución nacional que vetaba la asistencia jurídica a miembros de las fuerzas policiales acusados por “graves violaciones a los derechos humanos”. La misma estuvo precedida por múltiples casos de impunidad y hasta por resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que instaron a que se adoptara. Pero en 2024, el gobierno de Javier Milei decidió derogarla mediante la resolución 159/2024, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, lo cual deja claro que esta iniciativa que el FIT-U y familiares de víctimas están tomando en la Legislatura contra la impunidad de la maldita Bonaerense también deberá replicarse a nivel nacional.
En el caso de Sofi Fernández, pero también en muchos otros, se vio claramente cómo funciona esto que hemos denunciado como un privilegio en defensa de los victimarios: los 10 efectivos acusados contaron con cinco abogados especializados y peritos de parte profesionales provistos por la fuerza policial y el Ministerio de Seguridad, y hasta un equipo de apoyo psicológico. El contraste con la familia de Sofi Fernández, que no recibió apoyo ni asistencia del Ministerio de Mujeres y Diversidad ni de ninguna dependencia del Estado provincial que gobierna Axel Kicillof.
Abajo la impunidad de la maldita Bonaerense
La experiencia histórica demuestra que la llamada “maldita Bonaerense” no se reforma ni se depura a sí misma: responde a los intereses de los sucesivos gobiernos que la utilizan para el control social, el encubrimiento de negocios oscuros (como el narcotráfico, la trata y el delito organizado) y la represión a los sectores populares. Ese es el papel que cumple, y es lo que explica estos cada vez más numerosos casos de impunidad.
La presentación de este proyecto en la Legislatura busca ser una palanca para organizar la lucha en las calles. Con la campaña y la audiencia pública del 4 de diciembre, el objetivo es poner de pie un gran movimiento que arranque la aprobación de esta ley y dé un paso adelante para terminar con la impunidad de las fuerzas represivas.


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