El presunto abuso sexual de un niño de nueve años en Nueva Baviera reanimó el reclamo popular de los vecinos de la localidad tucumana de Famaillá contra la policía y el gobierno municipal por los cotidianos robos y los crecientes casos de violencia sobre mujeres y niños. Semanas atrás, en sucesivas jornadas, vecinos se concentraron frente a la comisaría local para exigir justicia ante la brutal golpiza que recibió durante un robo el albañil Sergio Del Moral en el barrio Tres Marías.

La población denuncia que los delincuentes son conocidos por la policía, y que son los propios funcionarios los que los ponen a “trabajar” para ellos. La complicidad de la policía y la Justicia es vital para garantizar la impunidad.

La presencia del represor Ricardo Bussi en la movilización apunta a explotar este descontento para promover una salida represiva. Este defensor de genocidas es en realidad un protegido por todo el arco político que debería rendir cuentas ante la justicia y el pueblo por las denuncias de fraude y abuso sexual de una joven de su propio partido. Goza de la misma impunidad que el intendente de Famaillá José Orellana y el exgobernador José Alperovich, que también cargan con causas por abuso.

Mientras desde la intendencia realizan una puesta en escena instalando cámaras de seguridad (negociado mediante) y la supuesta instalación de un nuevo destacamento policial, lo cierto es que la ciudad es un verdadera zona liberada para el delito. Es una realidad que se vive en toda la provincia de Tucumán, y es lo que explica el silencia del clan Orellana sobre los asesinatos de Luis Espinoza, Ceferino Nadal, el párroco Juárez y la larga lista de casos que tienen en la cuerda floja al ministro de Seguridad de Juan Manzur, el encubridor serial Claudio Maley.

El Concejo Deliberante tampoco puede ofrecer una salida, porque actúa como una escribanía del intendente. Recordemos que no se dignaron a aprobar un Presupuesto 2020, por lo que el municipio “administra” más de 1.000 millones de pesos sin ningún tipo de control. Esto cuando se han generalizado los contratos precarios entre los municipales y avanza la desocupación, sobre todo teniendo en cuenta que una gran mayoría de los trabajadores de nuestra ciudad son golondrinas. El reforzamiento represivo que promueven los Bussi, Orellana y Manzur apunta a hacer pasar este ajuste contra la población trabajadora.

Apoyemos el reclamo de los vecinos y el reclamo de justicia para todas las víctimas, contra el Estado y sus fuerzas represivas que gerencian el crimen organizado. Por la apertura de los libros de la comisarías al control popular y el desmantelamiento de la podrida estructura de la policía provincial.