Libertades democráticas
18/6/2025
Una Corte socia del ataque a las libertades democráticas
La Justicia avala el cambio del régimen político hacia un virtual estado de sitio.
Seguir
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación viene avalando, con su complicidad y su accionar, los cambios que el gobierno impone al régimen político nacional, con un cercenamiento manifiesto de las libertades democráticas, la instauración de una “democracia de infantería” y la vulneración de los derechos obreros y ciudadanos por la vía de los decretos presidenciales.
El reciente fallo que proscribe la candidatura de Cristina Kirchner es solo la última pieza de una serie de decisiones y omisiones de la Corte, que implican un respaldo al fondo de la política que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Una orientación que tuvo su prueba de fuego con la negativa de la Corte a expedirse respecto a la manifiesta inconstitucionalidad del DNU 70/23, que de un saque intentaba desconocer derechos reconocidos por diversas leyes e incluso la Constitución Nacional, con una reforma laboral antiobrera entre sus disposiciones principales.
Se trata de la misma Corte que aún mantiene operativo el protocolo antipiquetes ilegal de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con el cual todos los miércoles se reprime a los jubilados y trabajadores.
El mismo protocolo ilegal con el que actuaron las fuerzas represivas para violentar la manifestación masiva frente al Congreso de la Nación, con la solidaridad de los hinchas y trabajadores con los jubilados, que terminó con varios heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, quien fue víctima del ataque directo de las fuerzas de la ministra Bullrich.
No solo se trata de la conducta de los más altos magistrados, sino que tenemos que a la fecha se ha avanzado poco y nada en la causa que investiga las responsabilidades políticas y materiales del accionar represivo y los daños ocasionados a Grillo, sin que la Justicia convoque a declarar al principal sindicado en los hechos, el gendarme Héctor Guerrero.
Gran parte de esta política fue inaugurada con la persecución contra el movimiento piquetero, habilitándose la requisa y controles ilegales de micros y la intimidación pública del gobierno con amenazas en las principales cabeceras del transporte de pasajeros, seguido de la causa armada contra el Polo Obrero con los favores de una Justicia sesgada y que operó y opera de acuerdo al guión del gobierno, desconociendo todas las garantías procesales.
La Corte ofrece el marco general de complicidad y aval al régimen policial y represivo montado por Milei y Bullrich, que tiene como contrapartida los favores de la Justicia, que no investiga las implicaciones del presidente y su séquito en la criptoestafa de $Libra o los incumplimientos de deberes de funcionario público a cargo de Sandra Pettovello en Capital Humano, con el acaparamiento y deterioro de los alimentos de los comedores populares.
Se supone que con su intervención la Corte fije los lineamientos a seguir por los estrados inferiores una vez sentada la jurisprudencia sobre cada caso y en particular a todo lo atinente al control de constitucional sobre los actos de manifiesta ilegalidad ordenados y ejercidos por el gobierno nacional. En cambio, los cortesanos dejan hacer y deshacer al gobierno, para que este pueda, a su vez, desenvolver su política de ataque y ajuste contra los trabajadores.
Estamos ante una Corte y una Justicia de clase, servil a los intereses de turno de las clases dominantes, que nada tiene que ver con la justicia, y que actúa como respaldo último de las patronales y su estado mayor contra los trabajadores. Hay que derrotar a Milei y sus colaboradores y echarlos a todos, para terminar con este régimen de espionaje, servicios, represión e ilegalidad y desenvolver las reivindicaciones de los trabajadores.
