Juan Daniel Amelong, a quien Victoria Villarruel mencionó en el debate de candidatos a vicepresidentes presentándolo como una “víctima del terrorismo”, es un genocida de la última dictadura cívico militar que cuenta con cinco condenas por haber cometido delitos de lesa humanidad, tres de ellas a prisión perpetua.

Amelong, exteniente coronel del Ejército, era integrante de la “patota” del Destacamento 121 de Inteligencia de Rosario, que operaba durante la dictadura secuestrando, torturando y desapareciendo personas y robando y sustrayéndoles la identidad a los hijos de desaparecidos. Gracias a la lucha de las organizaciones de Derechos Humanos, en 2017, los diez imputados que formaban parte de dicho destacamento fueron condenados a prisión perpetua por los crímenes cometidos contra 47 víctimas.

Previo al golpe de Estado de 1976, había participado del Operativo Independencia de Tucumán -al igual que el padre de Villarruel-, ordenado en 1975 por el gobierno constitucional de Isabel Perón, en el cual las Fuerzas Armadas llevaron adelante actos de genocidio contra militantes de las organizaciones guerrilleras.

Durante la dictadura, Amelong puso a disposición una casa quinta que le pertenecía para que allí funcionara un centro clandestino de detención, conocido como “La Intermedia”, donde 14 militantes políticos fueron fusilados.

Entre las víctimas de este represor, se encuentran el abogado y militante de la JP, Eduardo Garat, que fue asesinado durante una sesión de tortura; Raquel Negro, a quien le sustrajeron a sus hijos mellizos previo a ser asesinada y uno de ellos aún no recuperó su identidad; y a Eduardo José Toniolli, militante peronista asesinado en La Intermedia.

Cuando iniciaron los juicios en su contra en 2010, Amelong se caracterizó por amenazar e intimidar a testigos y querellantes y montar provocaciones contra los familiares de víctimas. A su vez, con todo cinismo, solía reivindicar el uso de tortura y hasta llegó a declarar que “he participado consciente de la guerra contra la subversión y puedo hoy sostener, con absoluta convicción, que me siento tranquilo y honrado por haber cumplido con mi deber”.

Con todo, cuando Villarruel remarca en el debate que Montoneros mató al padre de Daniel Amelong -subgerente de Acindar- está intentando presentar a los genocidas como víctimas, equiparando actos cometidos por civiles con el terrorismo de Estado que dejó un saldo de 30 mil detenidos desaparecidos en Argentina.

Claro está que Villarruel quiere la libertad de los milicos condenados como garantía de impunidad a los miembros del Ejército, a quienes pretende hacer jugar un rol en la represión interna. Pero a Amelong le acaban de negar el pedido de prisión  domiciliaria, por la presión de un pueblo que todavía dice “ni olvido, ni perdón”.

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