El próximo martes 27 marchamos al Ministerio de Trabajo de Nación, donde tendrá lugar la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (CSMVyM), en el marco de una jornada común del movimiento obrero combativo, para que no haya trabajadores/as por debajo de la línea de pobreza.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil es un organismo hijo del menemismo y continuado en el tiempo por todos los gobiernos. Es un “consejo” entre burócratas sindicales, las patronales y el Estado, que conspira contra el salario de los/as trabajadores/as, para sellarlos a la baja.

Este tridente es el responsable, por acción u omisión, de que el salario mínimo este hoy en $21.600, muy por debajo de la llamada línea de indigencia. Esta cifra retrata a todo un régimen social que gobierna la Argentina hace décadas.

No se conoce el reclamo de la CGT o la CTA, ni mucho menos han consultado a los trabajadores sobre cuál debería ser el reclamo de sus representados para llevar a esa reunión y cuál sería la respuesta de las centrales si, como se espera, se vuelve a aprobar un salario mínimo de miseria.

Tanto el gobierno como la CGT y la CTA esperan que esa reunión pase sin pena ni gloria para poder actuar a espaldas de los trabajadores, que en varios puntos del país luchan por su salario, que en muchos casos está apenas por arriba de la miseria del actual salario mínimo. Es el caso de los cosechadores limoneros, los vitivinícolas, los enfermeros y personal de salud de Neuquén y las trabajadoras de casas particulares, entre otros.

No solo este salario afecta a estos trabajadores, es también la referencia para el cálculo de los planes sociales, la Asignación Universal por Hijo y las jubilaciones mínimas.

Hoy, un salario promedio está en la Argentina por debajo de la línea de pobreza, y enfrenta una inflación anual que los más optimistas creen que llegará al 50%. Mientras, el gobierno propondrá, según trascendidos, un aumento salarial en cuotas, con un porcentaje escandaloso del 30-32%, muy inferior a la inflación estipulada; es decir, migajas para los/as trabajadores/as que dejaran en pie un edificio salarial catastrófico y de pobreza, que además acentúa la recesión y el atraso nacional.

Pobreza, salud y educación

El gran debate de los últimos días está atravesado por la cuestión sanitaria y educativa, pero lo que condiciona todo esto es la situación social, con casi 20 millones de pobres y sin virtualidad para millones de pibes, la salud y la educación son una quimera. Sin recursos el debate es estéril, la política educativa y sanitaria están totalmente condicionadas por el ajuste que ordena el FMI y aplica el gobierno, con el apoyo de Cambiemos.

Por ese motivo se eliminó el Ingreso Familiar de Emergencia, se colocan topes a las paritarias -monitoreadas por Guzmán- y se aplica a rajatabla el presupuesto a la baja que el ministro de Economía propuso al Parlamento en diciembre y que votaron ambos lados de la falsa grita entre Macri y Cristina.

Al tridente habitual que protagoniza estas reuniones, entre gobierno, las patronales y la burocracia de las centrales sindicales, se suman desde hace algunos años los llamados “movimientos sociales”. El gobierno coloca esta representación en cabeza de la Utep (ex Ctep), casi todos integrados al Estado como funcionarios rentados, Así, en la próxima reunión del CSMVyM, no habrá ninguna representación independiente del Estado, que defienda los intereses obreros.

Hay razones para marchar

Por estas fuertes razones, aún bajo la actual situación, estamos obligados a movilizarnos, con reservas, cuidados sanitarios y los límites que nos coloca el crecimiento de los casos de Covid-19, pero con la convicción que con en el aumento del salario mínimo se juega también la salud, la educación y la vida de los/as trabajadores/as.

La unidad piquetera, que viene protagonizando las últimas luchas que impactaron en todo el país contra el hambre, el ajuste y contra el pago al FMI, será nuevamente un espacio protagónico, que marchará hacia el Ministerio de Trabajo de Nación, en una confluencia unitaria de trabajadores/as ocupados/as y desocupados/as.

El aumento del salario mínimo a $60 mil debe unir a todos los trabajadores contra este infame pacto, y va de la mano con el reclamo de un seguro al desocupado, en el marco de la pandemia, de $40 mil, para poder aguantar en casa los resguardos sanitarios, ante contagios que alcanzan números récord.

Las burocracias sindicales y organizaciones sociales adictas al gobierno ajustador de los Fernández están del otro lado del mostrador. No llevarán adelante una lucha por estos reclamos: han abandonado todas las banderas del movimiento obrero y desocupado, a cambio de seguir sosteniendo sus privilegios y sus puestos de funcionarios y administradores de la miseria.

Es más necesaria que nunca la unidad de acción, mediante un programa independiente, que denuncie en primer lugar que si se sigue pagando al Fondo no será posible garantizar condiciones seguras para la educación y el presupuesto para equipar a la salud, ni hablar de que contamos con recursos económicos para un seguro o “IFE” de $40 mil si la plata se usa para reactivar la economía y no para entregársela a los bonistas al FMI o al Club de París.

Organicemos una gran campaña en todos los barrios piqueteros, que ponga la atención en esta pelea por el aumento del salario mínimo, que impacta de forma directa en el monto de los programas sociales y las AUH y sea un factor para seguir organizándonos contra el ajuste.