Dentro de las medidas que el gobierno anunció, por medio del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria Sergio Massa, se encuentra el pago de dos cuotas de $10.000 (un bono total de $20.000) para trabajadores precarizados del Potenciar Trabajo, quienes aun así no logran superar el valor de una canasta alimentaria de indigencia.

Se trata de uno de los sectores más golpeados por el ajuste oficial, que se ocupa de tareas de limpieza, saneamiento, construcción mantenimiento y, especialmente, atención de comedores comunitarios que han sido vaciados por los recortes presupuestarios del gobierno en materia alimentaria.

Los ingresos de los trabajadores del Potenciar Trabajo dependen de la evolución del salario mínimo –la mitad de estos. El recorte en los mismos es tal que el gobierno habría intentado en el pasado desvincular los programas sociales del piso salarial para poder proceder a un ajuste más profundos sobre estos, con la complicidad de la burocracia sindical cegetista .

El pago del Potenciar Trabajo correspondiente al mes de agosto asciende a los $56.250, mientras que para septiembre subiría a $59.000: ambos montos muy inferiores a los $111.642 de una canasta alimentaria para el mes de junio, y a los $248.962 de una canasta básica de pobreza correspondiente al mismo mes.

El Frente de Lucha Piquetero, que nuclea a las organizaciones de trabajadores desocupados y precarizados combativas, viene de realizar una contundente acción el pasado jueves 24, denunciando los recortes en los alimentos a los comedores populares, cuya asistencia se ve incrementada por los efectos arrasadores del ajuste y la inflación en la población trabajadora.

El “refuerzo” de ocasión del gobierno, con dos cuotas consecutivas que emulan el mismo monto del IFE pagado hace tres años –en un país con una inflación anual de tres dígitos-, es más que insuficiente para los trabajadores precarizados y no sirve ni a cubrir la mitad de los gastos alimentarios de una familia promedio para una sola semana.

Más aún cuando se espera una disparada de todos los índices inflacionarios producto de las remarcaciones alentadas por la devaluación oficial del 20% ni bien terminadas las Paso, lo que sirvió a enterrar aún más los ingresos de los trabajadores pobres.

La derrota del gobierno en las Paso no ha servido para que estos redirijan su política en pos de satisfacer las necesidades populares, sino que profundizan la línea de acción contra los trabajadores, allanándole el camino a la derecha de Milei que busca reducir las reivindicaciones obreras y populares a su mínima expresión. Por eso tienen en visto bueno del FMI, con quien viene de firmar un acuerdo que exige redoblar el ajuste.

Tanto Milei como parte importante el actual gobierno y los líderes de la oposición patronal de Juntos por el Cambio plantean que los programas sociales deben pasar bajo el control de los intendentes municipales, pero no dicen nada de garantizar un salario e ingresos por arriba del piso salarial, lo cual demandaría duplicar, de inmediato, los montos del potenciar Trabajo.

Solo la organización independiente de los trabajadores precarizados pone de relieve esta cuestión, peleando por trabajo genuino y un salario mínimo que parte de cubrir las necesidades básicas, empezando par la canasta básica de $248.962. Una orientación para la que es preciso desarrollar un congreso de delegados de base de las organizaciones obreras de ocupados y desocupados, para votar un plan de lucha y un paro nacional contra la ofensiva antiobrera.

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