El gobierno nacional, a través de palabras de la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, adelantó que planea deslindar los montos de los programas sociales del salario mínimo y los aumentos que discute periódicamente el Consejo del Salario: una medida con poco fundamento, que busca disociar aún más a trabajadores desocupados y precarizados de los trabajadores ocupados, y que abre un nuevo frente de ataque contra los programas sociales apuntando una caída general de los salarios del conjunto de los trabajadores..

El debate tiene lugar a días de que el gobierno, las patronales y la burocracia sindical pactaran un aumento de ajuste del salario mínimo, el cual no llegará nunca a cubrir una canasta alimentaria de indigencia, finalizando el año por debajo de los $62.000. Actualmente, los programas sociales representan la mitad de un salario mínimo.

De avanzarse en esta dirección, el gobierno podría recortar más el gasto destinado a los sectores más vulnerables, cumpliendo con un repetido reclamo de las patronales de liquidar los programas sociales: algo que se intenta por diversas vías, como las auditorías, las fake news, el bloqueo de nuevos ingresos y el cambio de trabajadores por herramientas.

La ministre Kelly Olmos quiere evitarse las movilizaciones piqueteras ante cada convocatoria al Consejo del Salario, que exponen el ajuste que desarrolla el gobierno y promueven los reclamos por recomposición salarial, creación de trabajo genuino y ampliación de la asistencia económica a los desocupados.

Los traidores

Quienes parecen apoyar la medida es la burocracia sindical cegetista, argumentando que un divorcio con los trabajadores desocupados “facilitaría” las negociaciones con las patronales sacando del medio al Estado, desde donde ponen trabas a los aumentos por el costo que esto adicionaría al gasto público.

Se trata de un planteo inescrupuloso, donde la CGT rompería definitivamente con los trabajadores desocupados -a quienes ya ni disimula no representar- y que parte de una gran mentira: el Estado no solo brega por sus intereses inmediatos (que son los de la clase capitalista), sino también por los intereses de las patronales.

La hipótesis cegetista es un fraude, porque son las patronales las más interesadas en deprimir el salario mínimo como condición para avanzar en negociaciones salariales a la baja. Es lo que trascendió con la negativa de Daniel Funes de Rioja (UIA) de adicionar $500 al último aumento para que el salario base llegue a los $70.000 en marzo.

Tanto ajuste no pasa desapercibido

La intentona del gobierno de avanzar contra los trabajadores desocupados y precarizados alertó incluso a las organizaciones sociales oficialistas. La Utep emitió un comunicado donde reivindican que el vínculo con el salario mínimo “permite garantizar un mínimo piso de dignidad para los y las trabajadoras”.

Estamos ante un pronunciamiento más que acotado ya que los programas sociales alcanzan solo a la mitad del salario mínimo que, a su vez, representa menos de la mitad de una canasta básica de pobreza. La lucha contra la ofensiva hacia las y los desocupados requiere de acciones concretas y de un programa de reivindicaciones urgentes para combatir el hambre y la indigencia.

En este sentido, la Unidad Piquetera y el Plenario del Sindicalismo Combativo movilizaron al Consejo del Salario con el reclamo por un salario mínimo de $140.000, que garantice cubrir una canasta básica y que empuje los salarios hacia arriba, en la lógica de una recomposición salarial integral para el conjunto de los trabajadores.

Rechazamos el deslinde de los desocupados del resto de los trabajadores, rescatando y promoviendo la unidad de trabajadores ocupados y desocupados, y la lucha colectiva por una recomposición salariales y todas las reivindicaciones obreras y populares planteadas.

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