Más de 12 millones de personas se anotaron para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dando cuenta del aumento en los niveles de desocupación y precarización laboral que estamos sufriendo los trabajadores en el marco de la crisis actual. Sin embargo, el propio ministro de Economía reconoció que de todos los inscriptos solo 7,8 millones de trabajadores van a cobrarlo, realizando un recorte que deja a 4 millones 200 mil personas que tienen necesidades urgentes sin este ingreso.

Mas vueltas que la ruleta para poder cobrar

Uno de los problemas a tener en cuenta fue la necesidad de contar con acceso a internet y datos para poder realizar la inscripción. La falta de respuesta del Estado en este sentido implicó que las organizaciones sociales y los vecinos de los barrios colaboren para superar un obstáculo que dificultó el ingreso de muchos aspirantes.

La preinscripción al IFE comenzó el 27 de marzo, casi 20 días después del anuncio de su lanzamiento por parte del gobierno. Avanzado el mes de abril solo cobraron quienes tenían la asignación universal por hijo, 258 mil inscriptos según cifras oficiales. Recién a partir del 6 de mayo, empezaron a cobrar algunos trabajadores según la terminación del DNI.

El plazo de cobro se extendió hasta el 19 de mayo, teniendo como condición poseer una cuenta bancaria para recibir el monto del IFE. En caso de no poseer cuenta bancaria y haber elegido la opción de cobro a través del correo recién estarían cobrando el 3 de junio.

La conclusión que sacamos a partir de esto es que los 10.000 pesos se transformaron en una ayuda de 3333 pesos por mes ya que se cobró en un plazo de 3 meses.

Por otro lado, está la situación de los monotributistas A y B, que se volvió un escándalo cuando muchas de las patronales lo tomaron como parte del salario, descontando de su sueldo 10.000 pesos o directamente exigiendo al trabajador el monto del IFE.

Los que dejo afuera el gobierno

El gobierno tuvo una política restrictiva con respecto a las personas que podían acceder al IFE. En primer lugar, dejó afuera a aquellas personas que perciben un plan social o un plan alimentario, cuestión que rechazamos ya que ninguna familia vive con 8500 pesos que cobra de un plan social o con un plan alimentario (que en los mejor de los casos son de 3000 pesos por familia). El plan social es solo una parte del ingreso familiar, ya que para poder sobrevivir los compañeros/as realizan changas o vende en las ferias del barrio, actividades que hoy están completamente paralizadas. En segundo lugar, dejó afuera a la juventud que tiene entre 18 y 25 años y que viven con sus padres, es decir uno de los sectores más golpeados por la crisis y la precarización laboral. En tercer lugar, el gobierno dejó afuera a los migrantes que no cumplen con más de 2 años de residencia en el país, que en su mayoría tienen trabajos en casas de familia, en la construcción o en talleres textiles (los gremios que registran mayor trabajo en negro o precarizados).

Por otra parte, se suman la falta de actualización de datos por parte de la Anses en lo que hace a personas que figuran por ejemplo como empleados registrados y se encuentran sin trabajo hace meses o no esta actualizada la residencia de las personas migrantes.

El gobierno utiliza de taparrabos esta “ayuda” para decir que resolvió el problema de los más vulnerables en el país, cuando en la práctica es una migaja que alcanza para poco y nada. Utiliza un discurso de que todos tenemos que hacer un esfuerzo solidario, mientras desembolsa 20 mil millones de pesos para el pago de la deuda externa, reflejando que los trabajadores tenemos que poner mucho y los capitalistas muy poco.

Desde el Polo Obrero y el conjunto de las organizaciones que integramos el Frente de Lucha denunciamos la situación de exclusión e insuficiencia del IFE para poder afrontar la crisis actual para los trabadores. Por este motivo realizamos una protesta la semana pasada para que el gobierno de una respuesta y que no haya ninguna exclusión para nadie que reclame el IFE y por alimentos para los comedores populares, con la consigna “con hambre no hay cuarentena”.

El único camino que se nos plantea en estos momentos es la organización de los desocupados contra el hambre y el ajuste en cada uno de los barrios para enfrentar la crisis actual, reclamando un seguro al desocupado de 30.000 pesos que supere la canasta de indigencia para que las familias obreras puedan acceder, aunque sea a lo básico para poder subsistir y cuidarnos del coronavirus. No se puede garantizar la cuarentena con hambre.

Necesitamos tomar en nuestras manos un programa obrero contra la prohibición de los despidos, suspensiones y las rebajas salariales; contra el pago de la deuda externa y por la ruptura con el FMI, para que las crisis la paguen los capitalistas y no los que vivimos de nuestro trabajo.