Las organizaciones sociales oficialistas concentraron este martes 10 frente al Congreso de la Nación en apoyo al proyecto de ley que formaliza y extiende al 2024 la medida del gobierno nacional de devolución parcial del IVA para las compras de productos de la canasta alimentaria con pagos efectuados con tarjeta de débito. Un intento por “hacer bandera” del asistencialismo, en apoyo a Massa, con una medida insuficiente, que mantiene el impuesto regresivo contra los pobres, en medio de nuevas devaluaciones y una real estampida inflacionaria, que conlleva una situación social crítica debido al ajuste fondomonetarista.

Este martes estaba previsto el tratamiento en la Cámara de Diputados de la ley que consagra la reciente medida anunciada por el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, de devolución de hasta el 21% de la canasta alimentaria, el producto de la misma, para trabajadores y jubilados con ingresos de hasta seis salarios mínimos, como tibia respuesta a los efectos negativos de la devaluación oficial pos Paso del 22% y la disparada inflacionaria.

La movilización de la Utep intenta buscar pretextos para respaldar un gobierno que está desenvolviendo un ajuste brutal sobre los trabajadores, en medio de nuevas devaluaciones y ataques a los bolsillos de las familias obreras.

La medida en cuestión no altera en nada un sistema tributario regresivo que rige en el país y que el gobierno nacional sostiene a toda costa, donde los trabajadores pagan impuestos al consumo sin diferenciar sus ingresos menores y los capitalistas gozan de exenciones tributarias y regímenes especiales, los cuales superan el 4% del PBI. El Estado recauda entre tres y cuatro pesos de cada diez pesos con este impuesto regresivo al consumo.

En su afán de reivindicar alguna medida de un gobierno del ajuste, que apoyan para “cerrarle el paso a la derecha” –como declaró Juan Carlos Alderete de la CCC-, las organizaciones de la Utep celebran una iniciativa que es incluso inferior a lo obrado bajo el gobierno de Mauricio Macri cuando se eliminó el IVA en algunos productos alimentarios -como medida desesperada tras la derrota electoral del macrismo en las Paso de 2019. Esa medida fue revertida por el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa ni bien asumidos.

En el imaginario de las organizaciones sociales oficialistas, las políticas asistenciales y de contención del gobierno serían una especie de respuesta –insuficiente, pero necesaria- a las consecuencias de una situación originada por el gobierno anterior de Mauricio Macri. Una situación donde el actual gobierno es víctima y rehén, junto a la población, del FMI.

Esta orientación libra de toda responsabilidad a la fuerza política que gobernó durante casi cuatro años y que ejecutó a fondo la línea de acción emprendida por el macrismo y el FMI, llegando incluso a señalar las virtudes el acuerdo alcanzado con el capital financiero, el mismo acuerdo que viene arrasando con los ingresos salariales y populares y que ha empujado al 40% de la población a la pobreza y más del 9% a la indigencia.

Devolución de IVA, Tarjeta Alimentar, AUH, Potenciar Trabajo, bonos de temporada, sorteo de lotes a cuentagotas etc., son algunas de las políticas del “Estado presente” que estas organizaciones sociales reivindican, sin mencionar que son todas parte de un paquete de contención que tiene como trasfondo la destrucción de lo más elemental: el trabajo genuino, los salarios, los derechos laborales, el acceso a la vivienda, etc.

De llevarse a votación los diputados del Frente de Izquierda Unidad lo harán de forma favorable a la medida, ya que implica un aliciente respecto a la situación anterior, pero está lejos de representar un avance progresivo de fondo en la confiscación tributaria de un gobierno que pone el peso de la financiación del Estado en los trabajadores y no en los grandes capitalistas.

Las organizaciones de trabajadores desocupados y precarizados no pueden someterse a la orientación y campaña de los partidos del ajuste, desde donde se ataca a las condiciones de vida de los sectores populares y luego se devuelven migajas. El punto en cuestión con el tratamiento de esta ley debería ser la eliminación del IVA y la articulación de un sistema tributario progresivo que afecta a quienes más tienen, es decir a las grandes patronales y los especuladores y el capital financiero.

Además de la pelea por conquistar las condiciones más elementales de vida, como un salario mínimo equivalente a la canasta básica de $284.686, para lo que es necesario partir de una independencia política de los gobiernos capitalistas y una organización independiente, para librar las luchas necesarias, como lo hace la Unidad Piquetera. Junto a la expresión política de estas luchas y planteos, que hoy se encuentra solamente en el Frente de Izquierda Unidad.

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