En los últimos meses han aumentado cuantitativamente las causas contra manifestantes que recurren al “piquete”, mayoritariamente pertenecientes al movimiento piquetero pero extensivo a trabajadores que han utilizado esta metodología para expresar sus reclamos.

La elección del Estado y los gobiernos nacionales y provinciales del sistema penal como un ámbito de solución a través de castigos penales a problemáticas sociales y económicas no son novedosas, en especial en los gobiernos kirchneristas. El aumento de causas penales “contra los luchadores” expresaron un crecimiento exponencial desde 2004/2010, que pasaron a un congelamiento tras el asesinato de Mariano Ferreyra por la patota de la burocracia de Pedraza y la participación de la Policía Federal, a quien el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió a defender por su comportamiento en esa ocasión.

En 2004, cuando Aníbal Fernández era ministro del Interior acuñó la frase “a los que cortan rutas los vamos a correr con el Código Penal”, en referencia en ese entonces al dirigente piquetero Raúl Castells, cuyos procesos penales terminaron llevándolo a la cárcel, acusado por extorsión en la toma de un casino en Resistencia. En el momento de ser encarcelado se informaba en los medios que “enfrenta denuncias por irregularidades en el manejo de planes sociales y una querella por injurias que le inició el fiscal Guillermo Marijuan”.

Como se verá, no solo la historia se repite sino los mismos sujetos sociales.

Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la aplicación del ajuste contra el pueblo trabajador, la persecución penal contra los piqueteros ha realizado una estampida de causas judiciales con la provincia de Neuquén a la cabeza con más de 60 imputados por cortes de ruta, varios de ellos en ocasión de la grandiosa lucha de los trabajadores de la salud, pasando por Jujuy aplicando detención y privación de la libertad por el mismo delito, siguiéndole en la aplicación del art. 194 para criminalizar en Formosa, Mendoza, Salta, Córdoba, entre otras provincias.

En las grandes manifestaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires no se ha procedido a aplicar la penalización del art. 194 del Código Penal por corte de ruta, pero en este marco debe incluirse el ataque al movimiento piquetero y en particular al frente piquetero con la causa penal contra Gabriel Solano y Eduardo Belliboni, encarnada por la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan, por “estafa y coacción”.

El actual gobierno no se diferencia al macrismo en recurrir a “enemigos sociales”, con Bullrich fueron los mapuches para justificar la desaparición forzada de Santiago Maldonado, para Cristina los movimientos piqueteros, a quienes hay que quitarle el manejo de los planes para favorecer a los intendentes pejotistas, abrazando ambos el discurso de los mal llamados “libertarios” y su llamado a formar “brigadas antipiquetes”.

Como afirma Zafaroni, “En la medida en que en el discurso científico-jurídico del derecho penal legitima la elección de un enemigo, estará exhibiendo que arrastra elementos del Estado absoluto e introduce el germen de destrucción del estado de derecho”. El estado de derecho es el pilar del sistema de gobierno democrático, el aumento de la utilización del derecho penal como instrumento punitivo ante el reclamo de las masas es una expresión más del agotamiento del actual régimen social como garantía de los derechos humanos y sociales de las mismas.

La herramienta de los trabajadores y los explotados es la lucha y la organización para suplantar este régimen social agotado, que solo ofrece más pobreza y sufrimiento.