En medio de los ataques contra el movimiento piquetero, que continúa luchando contra el hambre y el ajuste del gobierno, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a los dirigentes del Partido Obrero Gabriel Solano y Eduardo Belliboni. El único fundamento para ello es un artículo publicado en el diario Clarín (13/6), que desencadenó la oleada a la que se subieron desde Milei y Bullrich hasta Kicillof y Cristina Kirchner. La fiscalía solicita que se investigue el delito de “obligar” a personas a hacer un aporte mensual. Algo que no tiene asidero en hechos reales.

La elevación de la fiscalía se basa en el artículo periodístico y adolece de prueba o denuncia concreta alguna. Esto porque ningún dirigente del Partido Obrero ni del Polo Obrero obliga a nadie a aportar a la organización, como acusa Marijuan.

En un comunicado de prensa, Solano y Belliboni replican que el Polo Obrero y su capacidad de movilización crece justamente porque en la organización no se estafa a quienes se organizan en él. De hecho es en rechazando de los manejos punteriles de los intendentes y de las organizaciones integradas al Estado que 14.000 compañeros se pasaron a las filas del Polo. Marijuan es incapaz de sostener su argumento al punto en que le solicita pruebas a, precisamente, los alcaldes municipales.

Recordaron a su vez que el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, también intentó frenar estos traspasos al Polo Obrero, a sabiendas que estos crecen porque en esta organización rige estrictamente la discusión en asambleas, la rendición pública de las cuentas en cada una de ellas, el aporte voluntario -que se distancia de los compulsivos que regentean los punteros en todo el país- y una administración democrática de conjunto para sostener con el autofinanciamiento los alimentos que no llegan, como los frescos, el pago de garrafas, los fletes para transportar la mercadería o los locales para poner en pie los comedores y merenderos; cubriendo aquello que el Estado deliberadamente no hace.

Los dirigentes señalaron además que la operación judicial del fiscal se emparenta no solo con el artículo de Clarín, sino con el mencionado ataque de Cristina, la última en pronunciarse, al movimiento piquetero. Lo que se pretende es, por un lado, reforzar el punterismo político prebendario de los intendentes y gobernadores manipulando la asistencia social; vieja práctica repudiada en los barrios. El traspaso de los planes a las intendencias apunta a consagrar una enorme defraudación laboral, disponiendo a los beneficiarios a realizar tareas encuadradas en convenios colectivos por el mismo programa social.

Este ataque busca apuntalar el reclamo patronal de ponerle fin a los planes sociales para poder sostener salarios incluso por debajo de sus montos. Esta situación de explotación esclavista se vive cotidianamente sin que ningún fiscal le ponga la lupa, y se constata en amplias ramas de la industria y el agro, incluso en algunos de los sectores más redituables del país como la cosecha de citrus y otros alimentos de exportación, o la actividad maderera en Misiones, entre otras. La persecución judicial solo se ejerce contra los que luchan.

Estamos ante un intento de sacar a los trabajadores más empobrecidos de las calles, para poder avanzar hacia un recorte mayor sobre los fondos de asistencia social en sintonía con el ajuste fiscal al servicio del pacto con el FMI. Una pretensión que no va a ser viable, ya que la crisis económica solo tiende a agudizarse, creando un caldo de cultivo para que se multipliquen las luchas sociales y en defensa del salario.

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