Las recurrentes y cada vez más masivas movilizaciones de trabajadores y jóvenes desocupados y precarizados –como la que desarrollaron el Polo Obrero y otras organizaciones este martes– reflejan el enorme impacto de los tarifazos y la carestía entre los sectores más empobrecidos de la clase obrera.

Lo que denuncian las organizaciones, y ha debido admitir el gobierno, es el crecimiento imparable del hambre y la pobreza, que alcanza a un 33,6% de la población, según los datos oficiales.

En ese marco, la política del gobierno ha sido la de devaluar y recortar la asistencia a centenares de miles de familias y clausurar la inscripción a los programas sociales. La erosión de los ingresos de estos sectores tiene ribetes dramáticos. Veamos tres ejemplos gráficos para describir esta situación.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) actualmente se ubica en $1.816 por hijo, y a partir de marzo pasará a $2.031. Un reciente informe publicado por Página/12 pone de manifiesto que la caída del valor real de la asignación en 2018 fue del 17%. La AUH y otras asignaciones familiares se actualizan siguiendo el mismo índice de ajuste impuesto a los jubilados por la ´reforma previsional´ de diciembre de 2018, cuya aplicación significó la confiscación de entre 10 y 20 puntos de la actualización a los afectados. El índice recoge la inflación pasada, con una demora de arrastre de seis meses. Pero además “el ajuste se realiza sólo en un 70% en función de la inflación. En el 30% restante depende del índice Ripte, que depende de los salarios”, los cuales tuvieron incrementos que estuvieron por debajo de la inflación. Por último, “los beneficiarios de la AUH gastan prácticamente  todos sus ingresos en la compra de alimentos y el pago de servicios públicos”, consigna el diario. En 2018, estos aumentaron al menos 6 puntos por encima de la inflación general.

Así las cosas, los más pobres son los que más vieron licuados los ingresos que perciben por la única asistencia de carácter ´universal´ que ofrece el Estado. Ocurre que mientras la crisis industrial lleva a la multiplicación de los despidos, el gobierno mantiene cerrada bajo siete llaves la inscripción a los ya devaluados programas sociales, privando a los nuevos desocupados de cualquier vía de subsistencia. A su turno, un reciente artículo de La Nación (24/2) da cuenta de que 12.000 beneficiarios de planes Hacemos Futuro – que percibían apenas seis mil pesos mensuales – fueron suspendidos, según el gobierno, “por no haber cumplido con los requisitos impuestos” en el programa, tales como la continuidad de los estudios escolares – como si seis mil pesos resolvieran las necesidades de una familia y ofrecieran al beneficiario un punto de apoyo sólido para retomar la escuela. En el caso de quienes reciben el Salario Social Complementario (también en 6 mil pesos), a éstos se les niega el acceso a la tarifa social, recibiendo el impacto total del tarifazo en el transporte y los servicios.

Todo este escenario confluye con la crisis de vivienda, del trabajo y del futuro para los más jóvenes, como se ve en el crecimiento de las asambleas barriales que registra el Polo Obrero todas las semanas. Sus reclamos fundamentales son por trabajo genuino y la apertura y aumento del monto de los programas sociales.

Está más clara que nunca la necesidad de salir a la calle por los reclamos populares y la derrota del ajuste del FMI, Macri y los gobernadores.

LEER TAMBIEN

 En todo el país, las organizaciones sociales y piqueteras marcharon contra el hambre