La Justicia falla contra la eliminación del Volver al Trabajo tras la lucha piquetera

Una medida cautelar obliga al gobierno a pagar los programas sociales y dar marcha atrás con la baja intempestiva.

Manifestación.

La Justicia Federal acaba de fallar en contra del gobierno nacional en una de las causas presentadas contra la baja masiva de los programas sociales, ordenando el pago inmediato de los montos adeudados al millón de beneficiarios del programa Volver al Trabajo, en un claro revés judicial para la política de ajuste de Javier Milei y su ministra Sandra Pettovello, y en el marco de la lucha de las organizaciones piqueteras contra la política de hambre del Ejecutivo nacional.

La medida tuvo lugar este martes 21 de abril impulsada por el Juzgado Federal de Campana que resolvió sobre una medida cautelar presentada contra el Estado nacional en el cuadro de una demanda contra la eliminación del programa Volver al Trabajo, en un contexto de despidos y desocupación y con el avance de la crisis social y económica.

Las organizaciones piqueteras vienen de impulsar un piquetazo nacional, el pasado 7 de abril, con más de 100 cortes en todo el país, en rechazo a la eliminación del Volver al Trabajo, anunciada por el gobierno como si se hubiera terminado con la pobreza, cuando crece el desempleo y se desploman los salarios e ingresos populares en todo el país.

El programa social atacado por el Ejecutivo nacional representa actualmente un ingreso ínfimo para las familias trabajadoras, de tan solo $78.000, licuado a través de los años por el gobierno nacional que mantuvo congelado el mismo importe que se pagaba a finales del 2023 cuando Milei asumió.

Las y los cientos de miles de beneficiarios de este programa y sus antecesores son quienes a su vez mantienen funcionando los comedores populares y merenderos, que vienen haciendo frente a los recortes del Ministerio de Capital Humano y su ministra Sandra Pettovello, que le ha sacado la comida del plato a las familias obreras, amontonando los alimentos en galpones  depósitos donde terminan deteriorándose y pudriéndose.

Mientras que una familia trabajadora requiere más de $1.400.000 por mes para no ser pobre y cubrir los gastos más elementales, el gobierno pretende recortar una asistencia económica mínima que ha sido bastardeada y disminuida a su mínima expresión, presentando este hecho como una supuesta “acción liberatoria”, como si terminar con los programas sociales fuera sinónimo de haber terminado con la pobreza. Nada más lejos.

Pese a las maniobras oficiales y a la manipulación de la estadística y de la metodología de cálculo del Indec, los indicadores de pobreza e indigencia se agravan a diario en la realidad que viven los trabajadores, con una  política económica que ha fracasado y que con el ataque al salario y las condiciones laborales no ha logrado generar ni un puesto de trabajo adicional, sino más bien todo lo contrario, destruyendo el trabajo existente y derrumbando industrias completas, como al construcción o la industria textil ente otras.

Este revés judicial para el gobierno es importante para profundizar la lucha contra la eliminación de los programas sociales, por su actualización económica y por la apertura universal para todo el que lo necesite, de la mano de la recomposición de los comedores populares, y la provisión de alimentos por parte del Estado para garantizar su funcionamiento. Estamos ante una primera victoria de la lucha popular, que seguirá en las calles hasta derrotar la ofensiva patronal y antiobrera de Milei y abrir paso así a las reivindicaciones obreras y populares.

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