En las vísperas de cumplirse un nuevo aniversario –el número 19- de la Masacre de Avellaneda, donde los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados por la maldita policía bonaerense, cuando tenía lugar una acción de lucha en el Puente Pueyrredón, el movimiento piquetero independiente y de lucha crece y se fortalece en el combate contra el hambre y la miseria.

Las mismas premisas que llevaron a Maxi y Darío a las calles, juntos a decenas de miles de trabajadores desocupados que reclamaban por empleo, salario y alimentación, hoy impulsan al movimiento de desocupados combativo, que ha puesto en pie la Unidad Piquetera y que el viernes pasado ha concretado una de las jornadas de lucha y unidad piquetera de las más imponentes de los últimos años, en todo el país, en medio de una crisis social y sanitaria excepcional, bajo la responsabilidad de un gobierno que ha acentuado el camino de ajuste del macrismo, con más de 3 millones de nuevos pobres, un 30% de desocupación, alrededor del 45% de pobres en país y con 6 de cada 10 chicos sumidos en la pobreza y la mala alimentación.

Un mismo régimen del hambre

Si hay algo certero que esteza un punto de conexión y continuidad entre aquel 26 de junio del 2002 y el que se viene es la propagación del hambre y la desocupación en el país.

Los gobiernos intermedios, desde la caída de De la Rúa y luego Duhalde, hasta la fecha, no han corregido esta situación, manteniendo una desocupación estructural por arriba del 25% de la población.

El gobierno de Alberto Fernández, que se proclamó defensor de los más postergados, no ha hecho más que ensanchar la brecha de pobreza, asistiendo a la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo, a la reforma laboral de hecho bajo la pandemia y al desfinanciamiento de la obra pública y las políticas de asistencia hacia los y las desocupadas, mientras habilitó grandes negocios de la banca privada (Leliqs, Pases pasivos, etc.), naftazos, aumentos de precio y subsidios y beneficios a las patronales.

La liberación de precios y tarifas fue acompañada de una contención de los salarios lo que incluso dejó a uno de cada cuatro trabajadores asalariados por debajo de la canasta de la pobreza. El salario mínimo representa un valor irrisorio de $25.572, dejando a los programas sociales en la mitad de este: un quinto de una canasta básica que supera los $63.000.

La pandemia ha agudizado este ajuste antiobrero, que se expresa en un crecimiento de la desocupación y en un revitalizamiento del movimiento piquetero independiente, con el afluente de sectores que rompen con el gobierno y se integran a la lucha en las calles.

Los de ayer y de hoy

El gobierno de Alberto Fernández no solo expresa la continuidad de aquel régimen ajustador que llevó a la Masacre de Avellaneda, sino que integra directamente a parte de los responsables políticos e intelectuales de aquel crimen contra la clase obrera.

Felipe Solá, actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde donde salió la orden de desatar la represión y la cacería contra los piqueteros. Aníbal Fernández, actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, era secretario general de la Presidencia, y conocía e impulsaba el operativo represivo armado desde el gobierno de Duhalde.

A los Vanossi (exministro de Justicia), Atanasof (ex jefe de Gabinete), Luis Genoud (exministro de Seguridad bonaerense y hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia Bonaerense) hoy los suceden los Sergio Berni y su política represiva contra el pueblo trabajador, cómo se vio en el desalojo violento de Guernica y en las múltiples represiones de procesos de recuperación de tierras.

El mismo Duhalde permanece impune, operando desde los adentros y las afueras del gobierno, gozando de un vínculo privilegiado.

A pocas horas de un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda, seguimos impulsando las banderas de Maxi y Darío, Mariano Ferreyra y todos los y las luchadoras caídas en la pelea contra el Estado y este régimen social capitalista de hambre.

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