Desde las 11 horas de este jueves 19, distintas organizaciones piqueteras, entre ellas el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero, concentran en distintos puntos del país y en el Obelisco porteño, dirigiéndose ahora a las puerta de Desarrollo Social de la Nación, en el marco de una jornada nacional de lucha por el reclamo de un bono compensatorio de $15.000 y un fin de año sin hambre.

La acción ha tenido que sumar entre sus reivindicaciones la denuncia al operativo ilegal de desalojo de las familias de la recuperación de tierras del barrio Estación Ferreyra, en Córdoba, donde se produjo la detención violenta y arbitraria del abogado de los vecinos, Jorge Navarro, la legisladora Soledad Díaz García, ambos del Partido Obrero, y varios militantes del Polo Obrero, entre ellos la delegada de la Mesa Local Susana Altamirano, quienes se encontraban en el lugar junto a las familias.

Tendrán lugar movilizaciones y reclamos en Salta; Santiago del Estero; Formosa, con movilización al Ministerio de la Comunidad; Chaco; Corrientes, yendo hacia Desarrollo Social de la provincia; Misiones, en San Pedro, Oberá, Posadas, San Vicente y El Dorado; Santa Fé, en Rosario y en Tacuarendi; Córdoba; Mar del Plata, con corte en Ruta 226; Río Negro, con marcha a Desarrollo Social; Chubut, en Comarca Andina, Lago Puelo y una actividad en la Plaza Central; Santa Cruz, en Las Heras y Caleta Olivia; Neuquén, en Plottier con corte en Ruta Nacional 22, en la capital, Zapala, Cutral Co y Chos Malal; Tierra del Fuego y en la ciudad bonaerense de La Plata, con corte en la autopista.

La medida es resultado de un agravamiento de las condiciones de vida y del ajuste contra la población. Los propios datos que arroja el Indec estipulan que se necesita percibir unos $50.000 por ems para no caer en la pobreza y que el el 60% de los trabajadores cobra un salario que no supera los $29.000.

A esto hay que sumarle la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en un cuadro de suba de los precios y de crecimiento de la desocupación, dejando planteado un mayor crecimiento de la miseria social. Lo mismo vale para la supresión de los subsidios ATP, los cuales sin tomar medida alguna por parte del gobierno podrán significar la eliminación de miles de puestos de trabajo en el corto plazo.

Desde las organizaciones piqueteras denuncian que alza en los precios se concentra principalmente el los alimentos y bienes de primera necesidad, lo que se da por descontado con el aumento de 6,6%, en octubre, de la Canasta Básica Alimentaria, dejando a millones de personas en la indigencia.

Al tiempo que ocurre esto, se ha operado un recorte en las partidas alimentarias nacionales y provinciales para los comedores populares que funcionan en cientos de barriadas obreras. Esto ha sido en gran medida como represalia a las organizaciones que se han solidarizado con la lucha de los explotados, como ha sido el caso de la recuperación de tierras de Guernica. Lucha que continúa en otros procesos como el de Córdoba, que ha vuelto a ser reprimido brutalmente.

Las tratativas del gobierno con el FMI están dando lugar a un Presupuesto 2021 de ajuste y a al recorte del “gasto social” para tratar de alcanzar las metas fiscales que el organismo internacional exige como una de las garantías para llegar a un acuerdo.

Se trata de una solución de ajuste que aumentará la pobreza y las necesidades sociales y que ya mismo coloca la tarea de organizar una respuesta colectiva, de trabajadores ocupados y desocupados, junto a los jubilados que enfrentan el saqueo de sus haberes y todos los explotados, para derrotar esta política.

Cuando los diputados oficialistas acaban de dar media sanción a la farsa del “aporte solidario”, que no afecta a los grandes capitales y que retorna los fondos a estos bajo la forma de subsidios a las patronales, miles de trabajadores desocupados salen a las calles para empujar en la línea de un plan de lucha y del paro nacional para defender los salarios, las jubilaciones, la creación de trabajo genuino y una salida de fondo a los reclamos del pueblo trabajador, contra la política de ajuste del gobierno, la oposición patronal y el FMI.