Es evidente que asistimos a una campaña oficial, patronal, mediática y judicial contra los programas sociales, con ataques y difamaciones de todo tipo, pero se omite que solo uno de cada siete desocupados accede a los mismos. La verdadera razón de esta ofensiva es un reiterado anhelo de las patronales: producir una depreciación generalizada de los salarios.

Auditorías y reempadronamientos para producir miles de bajas; fake news sobre supuestos cientos de miles de beneficiarios de los planes comprando dólares y declarando bienes personales; decretos de prohibición de nuevas altas; canje de herramientas por trabajadores; causas judiciales impulsadas de oficio; plan de deslinde del Potenciar Trabajo respecto al salario mínimo; la lista es larga y conduce a un solo propósito: proceder a la liquidación de los programas sociales.

Entre las razones que ofrece el gobierno nacional se destaca el cumplimiento de las metas de “ahorro fiscal” y recorte del gasto público, sin embargo no se utiliza la misma vara para los trabajadores desocupados y precarizados y para las patronales.

El gobierno acaba de lanzar el “dólar soja 2”, un beneficio para las patronales sojeras que implica un subsidio estatal donde el gobierno absorbe la diferencia entre el valor del dólar mayorista –que ronda los $165- y los $230 que se garantizan por dólar liquidado. Se estiman que se liquidarán alrededor de 3.000 millones de dólares, por lo que el gobierno subsidiará con $195.000 millones, de un saque, a los capitalistas, mientras lleva gastado en todo lo que va del año $363.946 millones en el Potenciar Trabajo.

Si se lo compara con otros ítems durante todo el año, como el pago de servicio de deuda y disminución de otros pasivos en $1.056.974,25 millones, o subsidios a las patronales energéticas en $1.328.309, el gasto en programas sociales resulta irrelevante en términos fiscales, lo que supone pensar que la cosa va por otro lado.

Caída del piso salarial

La existencia de programas sociales, que no alcanzan al conjunto de los trabajadores desocupados, opera como un límite a la caída de los salarios. Es común ver a empleadores renegando porque no consiguen trabajadores para determinados puestos de trabajo, pero sin hacer hincapié en los bajos salarios que se ofrecen a cambio de largas jornadas y/o tareas pesadas.

Esta orientación se expresa en múltiple acciones patronales y gubernamentales. Por ejemplo, en las recientes negociaciones por la actualización del salario minino el representante de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se negó a extender el aumento unos $500 para evitar que la cifra total a marzo del 2023 redondee los $70.000.

El gobierno, por su parte, promueve la desvinculación de los programas sociales en relación al salario mínimo, como medio para ajustarlos y reducir su influencia en el gasto público (algo que ya ocurre) y, principalmente, para liquidarlos como refugio ante la precarización y superexplotación patronal y como respuesta limitada ante la desocupación.

La defensa de los programas sociales como asistencia económica a los desocupados en tanto se cree trabajo genuino es de interés para el conjunto de los trabajadores, ya que bloquea la depresión general de los salarios que buscan las patronales y el Estado. La lucha por su apertura y aumento, junto al salario mínimo que cubra la canasta básica, es estratégica para la defensa de una recomposición general de los salarios y para enfrentar a los ajustadores.

https://prensaobrera.com/politicas/massa-entre-el-ajuste-que-fue-y-el-que-vendra

https://prensaobrera.com/politicas/el-fmi-es-recesion-en-un-mes-cayo-35-el-credito-industrial-y-12-las-importaciones