Los desocupados vuelven a las calles: ¿cuánto cayeron las prestaciones sociales?

La derrota del gobierno en las Paso es señal de que el ajuste se siente en las familias obreras.

La convocatoria por parte de las organizaciones del movimiento piquetero independiente a una jornada de lucha nacional contra el hambre, la pobreza y la desocupación, para este jueves 16, tiene un claro fundamento en el deterioro de los niveles de vida de la población trabajadora. La ausencia de trabajo genuino, asistencia alimentaria integral, seguro universal al desocupado y recomposición del poder adquisitivo de los trabajadores carcomido por la inflación y el ajuste, entre otros puntos fundamentales, son el fundamento de la derrota del gobierno de Alberto Fernández en las Paso.

Un millón de desocupados asiste a programas sociales con montos de miseria y que en gran medida son utilizados por los punteros, gobernadores e intendentes para cubrir tareas municipales sin reconocimiento laboral alguno y a cambio de sumas de dinero irrisorias. Esto en un país con más de un tercio de su población en la desocupación.

El salario mínimo, referencia para los trabajadores informales, piso para la jubilación mínima y parámetro para los beneficiarios de los programas sociales –quienes cobran la mitad de este-, perdió más de 15 puntos contra la Canasta Alimentaria, la que mide la indigencia y compone la mayor parte del consumo de los sectores más pobres, desde asumido este gobierno. Respecto a la Canasta Básica sigue de cerca el mismo aumento, aunque con una amplia distancia que se extiende levemente, sin llegar a representar ni la mitad de los ingresos de pobreza.

Comparado con la inflación interanual, el aumento del 35%, en cuotas, de abril, vuelve a perder contra una inflación del 46,3% interanual de abril (cuando se reunió el Consejo del Salario) y se encuentra aún más lejos de la actual variación interanual de agosto del 51,4%.

El recorte contra los más pobres

El gobierno no ha buscado ninguna solución integral al problema de la desocupación, ampliando la plantilla de programas sociales al ritmo de la lucha de las organizaciones piqueteras y lejos de una política universal que atienda al conjunto de las necesidades urgentes de la población.

En medio de las peores consecuencias de la crisis económica, agravadas por la pandemia, se recortó el escaso y limitado IFE, que había llegado a unas 9 millones de persona y dejado afuera a otras 4 millones. El gobierno no ha emprendido ninguna solución  a esto: ni con la generación de puestos de trabajo por medio de la obra pública, ni con un sostén económico a las familias empobrecidas.

Desde las organizaciones piqueteras denuncian que en los meses previos a la elección del pasado domingo tampoco se entregó la provisión de alimentos para los comedores populares, lo que agrava la situación que padecen millones de personas en el país y que esperan de un plato de comida garantizado por el trabajo no reconocido de miles de compañeros y compañeras.

La lucha contra el ajuste

Para tener una idea del contraste social de la política desenvuelta por el gobierno, mientras las prestaciones sociales cayeron un 19,1% interanual, debido a la comparación con un mes en el que se pagó el IFE, los subsidios energéticos subieron un 85,5%, llevando más recursos y dinero a los bolsillos de las productoras, transportadoras y distribuidoras de electricidad.

La movilización convocada por las organizaciones piqueteras sigue una línea de conducta que prevaleció durante toda la pandemia y que denunció desde el origen la política confiscatoria y de hambre de este gobierno.

La jornada nacional el 16 de septiembre vuelve a colocar todas estas reivindicaciones insatisfechas, demandando un giro de 180 grados en la orientación política y social emprendida, situación de la que no se sale con la reedición de un IFE parcial y un bono de temporada, manteniendo los ingresos populares y las jubilaciones por el piso, sino que requiere de una transformación social de fondo, en manos de los trabajadores.

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