La impactante jornada de lucha piquetera del pasado miércoles 18 puso de relieve la situación de un millón de beneficiarios de programas sociales y la situación de millones de desocupados que no acceden a ninguna asistencia económica del Estado, al calor de un salto en la desocupación, la pobreza y el hambre. Las fuerzas políticas patronales (Frente de Todos, Juntos, etc.) cierran filas en la conversión del “plan social” en subsidios a las patronales y trabajo precarizado.

La asunción del nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sirvió para repetir lo que su antecesor, Daniel Arroyo, enunció decenas de veces: la voluntad política del gobierno de “empalmar” los planes sociales con empleo privado, transformándolos en un subsidio directo a las patronales, bajo dudosas formas y compromisos contractuales laborales vulnerables. En la reciente reunión con Guzmán también hablaron de la inversión en infraestructura en los barrio pobres, pero el gobierno escamotea el presupuesto.

La inclusión de trabajadores del Potenciar Trabajo en tareas de obras públicas esta digitada por los intendentes del Conurbano y por los punteros del PJ, que se valen de una “contratación” precaria y temporaria para abaratar “costos laborales” sobre la base de desconocer el convenio colectivo y el salario de la actividad que se realiza (construcción, limpieza, saneamientos, etc.). Es la base de toda esta ofensiva mediática contra los programas sociales: su utilización como ariete contra los convenios colectivos de trabajo, oponiendo a los desocupados con los trabajadores ocupados, para presionar en una reforma laboral de hecho.

La suma de los planes sociales asciende alrededor de un millón de “beneficiarios”, quienes perciben, en su amplia mayoría, un monto de $13.000 –la mitad de un salario mínimo- de indigencia.

Subsidios patronales y trabajo precario

Un primer avance en esta dirección es la reciente habilitación del gobierno para que las patronales rurales puedan emplear a beneficiarios de programas sociales sin que estos pierdan la percepción del mismo. Para este caso, lo abonado por el Estado es absorbido por las patronales a cuenta del salario de los trabajadores, lo que implica una transferencia del subsidio a los empresarios mientras dure la relación laboral.

La oposición patronal también piensa en la misma línea. Diego Santilli, candidato de Juntos en la provincia de Buenos Aires, afirmó la necesidad de “transformar” los planes sociales en trabajo, articulando “subsidios que incentiven la generación de empleo”… más de lo mismo. Por su parte, Maria Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual precandidata a diputada nacional en CABA por Juntos, adelantó que presentará un proyecto para “reconvertir los planes sociales en trabajo”, agregando que “entre los que tienen entre 25 y 40 años, probablemente haya que dar un beneficio fiscal a Pymes”.

Ambos son exponentes del gobierno de Mauricio Macri, que introdujo su cuota de responsabilidad en el crecimiento de la pobreza aplicando medidas de ajuste en pos de una supuesta “lluvia de inversiones” que nunca llegó. Cuando Macri se fue había unos 16 millones de pobres, con un número significativo de desocupados, acrecentados bajo su gobierno.

Otro que se anotó en la partida, aggiornandose a las necesidades de la campaña electoral en la provincia donde más impacta esta realidad, es Luis Espert, quien llamó la atención de los medios al afirmar que el no propone “sacarle el plan social” al beneficiario sino que si “algún día un empresario decide tomar como empleado a un beneficiario de planes, (éste) quede eximido de aportes patronales durante equis tiempo”. Es decir que coincide en la orientación hacia donde pretende avanzar el gobierno, con beneficios a las patronales.

Seguro al desocupado y trabajo genuino

La jornada de lucha piquetera que se desenvolvió en todo el país y copó el Puente Pueyrredón y el microcentro porteño reclamó entre sus principales reivindicaciones el trabajo genuino, partiendo de considerar a los programas sociales -como el Potenciar Trabajo- como un seguro al desocupado limitado, ya que carece de universalización (acceso a todos los desocupados) y de un monto acorde a lo que cuesta una canasta básica de pobreza.

En una entrevista ante TN, Eduardo Belliboni del Polo Obrero señaló que “los planes sociales son un testimonio del fracaso de todos los gobiernos de los últimos 50 años (…) El plan social es el instrumento de los gobiernos frente al fracaso de crear fuentes de trabajo”. También aprovechó la oportunidad para diferenciarse del Salario Universal de indigencia que promueven las organizaciones sociales oficialistas de la Utep, como salida a la desocupación y la pobreza.

El plan de la Utep es la formalización de la pobreza, estableciendo una universalización de la actual asistencia, llevando el monto -hipotéticamente- al valor de la Canasta Alimentaria de indigencia. Para estas organizaciones resultaría “inviable” incorporar a la masa de desocupados a puestos de trabajo formal y bajo convenio, por lo que son tributarios de impulsar la Economía Popular: un eufemismo para denominar el trabajo precario y mal pago.

La lucha de las organizaciones piqueteras por la apertura de los programas sociales y el aumento de los montos que se perciben implica una salida transicional para conquistar un verdadero seguro al desocupado que cubra la canasta básica y que sea la garantía económica de millones de desocupados hasta que se genere el empleo genuino.

El gobierno coquetea con la idea de incorporar mano de obra del Potenciar Trabaja para los proyectos de urbanización de villas a cargo del Renabap, sin embargo apenas se han realizado la mitad de las obras comprometidas por Alberto Fernández para este año. Cuando el gobierno habla de generar trabajo lo hace soslayando los convenios colectivos correspondientes a la actividad y precarizando a cooperativistas y trabajadores desocupados. El problema de fondo radica en el recorte presupuestario y en la reorientación de millones de dólares al acuerdo con los bonistas privados y el FMI, en detrimento de la satisfacción de las necesidades populares.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda defiende las reivindicaciones que levanta el movimiento piquetero y la lucha por trabajo genuino, con la reactivación de la obra pública, un plan de viviendas para las familias sin techos y el correcto encuadramiento en los convenios correspondientes. Junto a una recomposición general de los salarios y un seguro universal al desocupado de $50.000.

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