Movimiento piquetero
25/9/2026
Neuquén: quieren elevar a juicio la causa persecutoria contra las organizaciones piqueteras
En las audiencias preliminares volvió a quedar en evidencia la persecución política y la falsa la acusación del fiscal.
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Este jueves y viernes se desarrollaron las audiencias de control de acusación en la causa que persigue a las organizaciones piqueteras, tanto el FOL como el Polo Obrero. Esta audiencia es una etapa intermedia donde se decide si la causa va a juicio y con qué pruebas.
Luego de más de dos años, que arrancaron con un show de allanamientos dirigidos por el fiscal Pablo Vignaroli, y tras un amañado proceso, el sistema político-judicial pretende llevar el caso a juicio en coincidencia con la campaña de demonización contra las organizaciones piqueteras que enarbola el gobernador.
Basta considerar que, según se dijo reiteradamente en la audiencia de parte del fiscal y su equipo presente, el período investigado arranca a mediados del año 2022, pero concluye prácticamente al momento de asunción del nuevo gobernador, en diciembre de 2023. Un gesto para no incomodar al actual gobierno y sus ministros. Esto solo muestra la manipulación política y al servicio de quién se ha montado una acusación descabellada.
Dos causas opuestas, pero un solo objetivo para la fiscalía
La población de Neuquén vivió en la previa a la campaña electoral del año 2023 otra causa, donde ministros y altos funcionarios cometieron delitos con fondos públicos manipulando cobros de planes sociales. Un acto de la corrupción estatal de la casta gubernamental que le vino al dedillo para la campaña de "La Neuquinidad" y que hasta cierto punto le permitió ganar la gobernación. De cara al 2027, la fiscalía pretende armar otra causa, e incluso tratar de ligarlas, para generar ante la población la confusión entre una y otra. Un operativo político de baja estofa.
En la audiencia de ayer jueves, el equipo de la fiscalía pretendió introducir el concepto de "coadministración" de la malversación de fondos públicos en la presente causa, entre un dirigente del FOL y ministros del anterior gobierno. Lo que se derrumbó rápidamente ante un par de precisiones que solicitó la defensa. Cayó también la acusación fiscal contra ese dirigente como la persona que "pergeñó" los hechos por los que hoy se lo acusa.
El fiscal tuvo que recular también en esto y admitir que de ninguna manera había querido significar que el dirigente del FOL había planificado el proceso. Más tarde, el equipo fiscal tuvo que pedir un cuarto intermedio para buscar información de cuentas bancarias ante acusaciones genéricas e imprecisas, que no terminó de precisar. Matices, o un poco más que matices, de una causa que hace agua a la hora de aportar pruebas que hagan a la acusación que pretenden.
El Estado como testigo, las barriadas como víctimas
El equipo fiscal presentó más de 70 testigos, que en un 95% son exprofesores o actuales funcionarios del gobierno, de bancos u organismos oficiales, así como casi medio centenar de policías. La inmensa mayoría citados para testificar cuestiones que ya están en la causa, pero que simuló que la acusación fiscal tiene un caso sólido, con abundantes pruebas, cuando en realidad lo único que esgrime es forzar la realidad hasta distorsionarla.
Una acusación propia de funcionarios que ni rozan la miseria que se vive en las barriadas, donde el hambre hace estragos y donde una familia vive varias semanas con lo que cuesta el par de zapatos que calzan esos funcionarios. No tienen ni idea de lo que pasa en los barrios ni del esfuerzo realizado y que realizan las organizaciones piqueteras y de lucha por sostener una estructura que impida que miles y miles de seres humanos (en especial la juventud) se hundan en la desmoralización o sean arrastrados a la tentación obscena que les ofrecen los narcos.
No tienen ni idea de lo que implica administrar un proceso de capacitación laboral, en especial porque las suyas, que también las tienen, se realizan en cómodas oficinas con recursos estatales, en tanto las organizaciones sociales, que reclaman y reclamaban trabajo o seguro al desocupado, debieron improvisar esas capacitaciones que no se pueden hacer sin insumos. Esos insumos que en las capacitaciones que realiza el propio Ministerio Público Fiscal tienen asignados un monto en el presupuesto oficial.
Se aprende un oficio con teoría, pero también, y no es menos importante, con la práctica. Y no existe práctica sin insumos. Entonces, afirmar como hace el equipo fiscal que adquirir un insumo o una herramienta de trabajo es ajeno a la capacitación y entra en la imputación de "malversación" es un disparate de alienados y gente que mira la vida desde la comodidad de un salario que no tiene ni tuvo ninguno de los dirigentes sociales acusados.
Por eso hoy rozó en la sala la sensación de que los que tenían que dar explicaciones y estaban sentados en el banquillo eran los funcionarios de la fiscalía. Sin duda, una especie de "recuerdos del futuro".
