El martes 8 de agosto, la Justicia neuquina formuló cargos por presunta defraudación al fisco provincial a compañeros de Vientos del Sur (FOL) y del Polo Obrero. La supuesta defraudación que endilga la justicia es en el marco de un convenio de capacitación conquistado con la lucha por un conjunto de organizaciones en la capital neuquina. Se trató de un programa que llegó a albergar a cientos de compañeros/as, y de ninguna manera un acuerdo espurio entre el gobierno y las organizaciones, como lo pretende presentar la fiscalía.

La formulación de cargos fue de enorme improvisación, con generalidades, tergiversaciones, manipulaciones y representa un contragolpe de la Justicia ante la caída de otra causa que derivó de los allanamientos de julio del año 2024. Ocurre que luego ese show mediático, con compañeras esposadas, 14 allanamientos en comedores populares televisados en vivo y en directo, la Justicia formalizó un legajo de investigación en donde el fiscal Pablo Vignaroli sentenció que tenían los elementos para culpar a las organizaciones de extorsión, ventas de pollo de comedores populares, cobro de planes y defraudación. A fines del año pasado, dividió el legajo único y armó dos causas. Una por extorsión y otra con defraudación. En la que tramitaba la de extorsión debió archivarla. Como contraofensiva, y para que no quede de manifiesto su nefasto papel, impulsaron esta formulación de cargo en la otra por supuesta defraudación.

Asimismo, la fiscalía solicitó un año para finalizar la investigación penal y terminar con la hipótesis de acusación. Como se verá, cuando finalice el plazo, la Justicia se habrá tomado dos años para finalizar la investigación cuando en los allanamientos de julio de 2024 informaron a toda la comunidad de que tenían los elementos para demostrar un conjunto de delitos. Una vez más, se revela a la Justicia como el instrumento de una persecución política.

En el comunicado oficial de la fiscalía se señala que la defraudación asciende a $1.341.400.640 y en el mismo comunicado oficial señala que $1.093.164.103,42 fueron destinados al pago de salarios. Y otros importes en bienes y servicios, que no son ni mas ni menos que los insumos y recursos para llevar adelante las capacitaciones. Es decir, la propia fiscalía reconoce que no existe ningún enriquecimiento ni de las organizaciones ni de los integrantes y que los montos fueron destinados a las familias sin trabajo formal y a cientos de compañeros/as. Y además, oculta que todos los convenios de capacitaciones requieren de fondos, compras de insumos y que no pueden realizarse gratis o en el vacío.

La saña especial contra Gabriela Suppicich apunta a golpear a una referencia política. Es que la acusación se dio en el mismo momento que Gabriela y el Plenario de Trabajadoras exponían el papel de la fiscalía en la impunidad del abuso sexual y posterior femicidio de Silvia Cabañares. Y al mismo tiempo, que en su rol de diputada provincial por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, solicitó informes sobre diferentes convenios de aportes no reintegrables del Estado provincial a diferentes empresas y entes gubernamentales. Toda esta corrupción de ninguna manera es investigada y todo el poder penal pesa sobre las y los luchadores.

Con la conciencia de que asistimos a un nuevo ataque de la Justicia, con carácter persecutorio, vamos a una gran campaña popular por el cierre de la causa contra las y los compañeros, explicando y rebatiendo en concreto todas las acusaciones fiscales y el carácter político de la causa. Es que la provincia asiste a un entramado de la Justicia y del poder de turno. Por ello, rechazaron que el gobernador actual, el ex gobernador y al actual intendente testifiquen en la mega causa de estafa con planes sociales.
Llamamos al conjunto de las organizaciones a impulsar esta campaña unitaria por el cierre de las causas y en defensa de los que luchan contra el hambre y por el trabajo.

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