Nuevo rechazo a las pruebas que presenta el Polo Obrero

La sistemática negativa a las pruebas de la defensa deja claro que se trata de una persecución política.

Foto: Federico Imas @ojoobrerofotografía.

El juez Casanello rechazó escuchar a los testigos que ofreció la defensa de las y los compañeros del Polo Obrero en la causa donde se los acusa de cometer los delitos de coacción, extorsión y defraudación a la administración pública. Se trata de testimonios importantes en la medida que buscan contraponer la voz y la experiencia de compañeros organizados en el Polo Obrero al andamiaje de mentiras, falacias y falsedades construido forzosamente con artilugios e irregularidades que se ofrecen como “sustento” a la causa. Con los testimonios ofrecidos -10 en total- se busca dar cuenta del trabajo y la tarea de capacitación a través de cursos y talleres laborales realizados como parte de los convenios con el entonces Ministerio de Desarrollo Social.

Casanello se niega a tomarles declaración aduciendo que está cerrada la etapa de instrucción, lo cual no es cierto -para que ello ocurra el fiscal tiene que emitir un dictamen y ello no sucedió aún. Pero mientras Casanello le niega al Polo Obrero  presentar testigos (pruebas) contra las acusaciones del fiscal Pollicita y la querella, el Fiscal todos los días pide nuevas medidas de prueba, que son aceptadas por el juez; los testigos presentados de la Fiscalía sí fueron tomados, negando a la defensa el conocimiento del contenido de sus testimonios y la participación en las audiencias.

Esta arbitrariedad no es la primera vez que sucede; el juez ya había rechazado a un testigo ofrecido por la defensa, y en esa ocasión el argumento fue que -a su arbitrario juicio- su testimonio no era pertinente, así sin más, llevándose puesto el código de procedimiento y la Constitución Nacional, en su empresa reaccionaria contra luchadores populares.

En concreto, Casanello decidió no aceptar testigos presentados por la defensa y en los hechos cerró la instrucción para el Polo Obrero, pero no para el fiscal quien sigue ofreciendo y produciendo pruebas cotidianamente.

Esto por sí solo habla de un procedimiento viciado por la acción orquestada de Casanello y Pollicita para violar el elemental derecho de defensa en juicio; pero no es la única arbitrariedad: al perito de parte presentado no se le notifican de importantes diligencias en materia probatoria y no se le permitió, por ejemplo, que esté presente en el acto de apertura de los celulares incautados bajo el “argumento” de que las pruebas que de allí surjan serían “reproducibles”, lo cual es completamente falso ya que el contenido se puede modificar y/o borrar y por lo tanto no se puede volver a reproducir en su estado original.

Por otra parte, se pretende cerrar la instrucción sin que se haga la pericia solicitada por los defensores a las cámaras del local central del Polo Obrero en ocasión del allanamiento, prueba de relevancia en la medida que se trató de un procedimiento completamente irregular por el horario y porque los testigos -que justamente están para garantizar con su presencia que todo se realice conforme lo establece la ley- ingresaron tiempo después de que lo haga el personal policial; lo cual llevó a la defensa a solicitar la nulidad del allanamiento -lo que también fue denegado por el juez. Sin peritos de parte, sin testigos en los procedimientos, con la cadena de custodia de los elementos secuestrados en los allanamientos vulnerada, la defensa no tiene ninguna garantía de que las pruebas no hayan sido manipuladas.

Casanello, con su negativa a dar curso a cualquier tipo de planteo de la defensa, pretende ocultar los vicios de la causa. Pero estos están y son de tal magnitud que en su conjunto dejan en evidencia que estamos frente a un montaje acorde al objetivo del gobierno que es dar un golpe político contra el sector de trabajadores que desde hace más de dos décadas organiza las barriadas más pobres de la Argentina.

La causa contra nuestras compañeras y compañeros busca criminalizar a una organización con una trayectoria combativa independiente de todos los gobiernos y, por elevación, golpear a un movimiento que ha sido la vanguardia en la lucha del país. Ellos cuentan con todo el poder del Estado y un sistema de medios funcional a sus políticas contra el pueblo; nosotros, con una historia de organización y lucha con los métodos históricos de la clase obrera.

Esta serie de violaciones del derecho a la defensa para condenar a luchadores se produce en el mismo momento en que funcionarios del gobierno y del Estado todo aparecen involucrados en escándalos y denuncias públicas revelando quiénes son en realidad los corruptos.

Reclamamos el fin de esta persecución por luchar, orquestada por un gobierno que hambrea al pueblo.

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