Operación antipiquetera: una denuncia penal para socavar la lucha contra el ajuste

El fiscal Marijuan actúa por cuenta de los principales grupos capitalistas.

Andrés Ojo @ojoobrerofotografía

La denuncia penal presentada por el fiscal federal Guillermo Marijuan contra el Polo Obrero y la Organización Clasista Revolucionaria (OCR), tan solo 24 horas después de la operación mediática antipiquetera montada por el Grupo Clarín y el gobierno nacional, se ha hecho a imagen y semejanza de las preocupaciones patronales sobre el avance de la conflictividad social. Sin pruebas ni fundamentos sólidos, es un instrumento de persecución penal, que busca desacreditar la organización independiente de los trabajadores, en las calles y en la lucha política.

Valiéndose únicamente de las “entrevistas” manipuladas por la notera de TN, a quien se ve en un claro intento de inducir las respuestas y de forzar y reinterpretar las palabras de los entrevistados, el fiscal denunció a los responsables de dichas organizaciones por la supuesta comisión del delito de coacción, agravada por el supuesto intento de obtener alguna medida o concesión de los poderes públicos.

Marijuan cuenta con sobrados antecedentes como funcionario del poder político y los grupos económicos concentrados. Ya en el pasado dirigió acusaciones similares contra las organizaciones piqueteras bajo el gobierno de Eduardo Duhalde y más recientemente contra dirigentes obreros –indagatoria al “Pollo” Sobrero-, dirigentes políticos opositores y de la izquierda –tras la represión ante el voto del proyecto de Presupuesto 2019- y contra estudiantes de la UBA, ordenando el espionaje de la Fuba entre 2015 y 2016.

Un ataque a la organización independiente

El escrito presentado por el fiscal tiene toda la impresión de haberse elaborado al tiempo que se emitía la trasmisión televisiva de TN, ya que copia textualmente las afirmaciones de la notera y sigue la “sugerencia” de los periodistas del estudio, de que asuma la intervención de oficio algún fiscal: … Marijuan.

Marijuan toma por “hechos” el relato interesado presentado por los medios de comunicación, dando por sentado supuestas amenazas de bajas en los programas sociales, lo cual es una práctica del Estado.

El delito de coacción, denunciado por el fiscal -con pena de 2 a 4 años-, implica el uso de “amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”. Marijuan cita doctrina jurídica para hacer una interpretación más amplia que le permita forzar su encuadramiento; sin embargo, omite que bajo ese procedimiento el principal imputado sería… ¡el Estado! La creación de un “estado de alarma o temor que lleva a la víctima a hacer algo que no quiere o dejar de hacer algo que quiere” es justamente lo que ocurre cuando un desocupado se ve forzado a salir a manifestarse y luchar para sobrevivir al hambre y la indigencia que impone el Estado. Esto ocurrió sistemáticamente durante lo peor de la pandemia, con el agravante de la crisis sanitaria, y perdura en la actualidad. Marijuan no se anota en esa.

El fiscal va más a fondo y extiende su calificación penal al agravante del artículo 149 ter, inciso a), del Código Penal, que encuadra los casos en que las “amenazas” tuvieran por objeto “la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”. Esta conjugación es lisa y llanamente un ataque al derecho de manifestarse, ya que presupone que toda movilización está viciada de origen. Además, tiene por propósito configurar una tipificación penal que no sea excarcelable.

Muestran la hilacha

En las diligencias probatorias que solicita el fiscal se pone al descubierto que se trata de otra operación judicial contra el movimiento obrero.

Marijuan no cuenta con ningún dato, prueba o testigo en concreto. Solicita que la “fuerza de prevención” identifique a las personas que se observan “en el informe periodístico” tomando asistencia. Recordemos que las imágenes de TN se produjeron dos horas después de la desconcentración de la movilización piquetera, cuando la inmensa mayoría de las organizaciones y participantes ya se había retirado del lugar.

Luego se pide identificar a los concurrentes a la marcha -una movilización que según estimaciones policiales superó las 80 mil personas- para tomarles testimonio, ¿a todos? No se individualiza a quien pretende convocar el fiscal.

Por último, entre las “diligencias probatorias”, solicita al Ministerio de Desarrollo Social que deje “sin efecto cualquier asistencia financiera y/o de cualquier tipo, a las organizaciones sociales aludidas”. No se entiende como esto adicionaría material probatorio para obtener “la verdad”. Todo el palabrerío precedente queda descubierto al solo propósito de represaliar al Polo Obrero y a las organizaciones piqueteras que luchan.

La denuncia del fiscal Marijuan es parte de un operativo, primero mediático y ahora judicial, que busca atacar y deslegitimar a las organizaciones de lucha, como el Polo Obrero, que protagonizan las acciones del movimiento obrero desocupado contra el ajuste, el hambre y la desocupación.

El gobierno nacional, las patronales y sus medios de comunicación son conscientes de que asciende la presión y la temperatura social, al calor de las políticas de ajuste que vienen aplicando. Por eso emprenden esta persecución contra los trabajadores para tratar de bloquear el canal de movilización que los desocupados han abierto en defensa de sus condiciones de vida. Mientras realizan un tiro por elevación a las fuerzas políticas de los trabajadores, como el Frente de Izquierda Unidad y el Partido Obrero, que acompañan y defienden estas luchas y llevan estos planteos en sus listas para las próximas elecciones.

Rechacemos esta persecución judicial contra los trabajadores y las operaciones mediáticas patronales que buscan someter más y más al pueblo trabajador.

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