En las últimas horas el ministro de Desarrollo Social, “Juanchi” Zabaleta, acaba de anunciar que los programas sociales están cerrados y, al estilo de exministra del gobierno macrista Carolina Stanley, declaró que no acepta extorsiones. Aunque, cabe destacar, no se refería a las del FMI, sino a los desocupados organizados que se movilizan contra el hambre. Un reflejo de la ministra “de la derecha”.

En las últimas semanas se han incrementado las movilizaciones populares a partir de las enorme necesidades que existen en una población golpeada por la desocupación, el trabajo precario y la falta de posibilidades para una juventud abandonada a su suerte, con escasas posibilidades de trabajo y casi nula conectividad y acceso a la virtualidad. El propio gobierno tiene inscriptos en el Renatep (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular) a 2.800.000 personas, que tienen condiciones y necesidades, y que tienen trabajos válidos que los ponen en compatibilidad para recibir el Potenciar Trabajo; sin embargo, por una cuestión presupuestaria, el gobierno mantiene cerrado el acceso.

Parafraseando a Evita, FMI mediante, para Zabaleta donde hay una necesidad hay un derecho… siempre y cuando el ajuste lo permita.

En ese marco, se ha desatado una campaña que no se ahorró calificativos y estigmatizaciones y que ya lanzó varias medidas represivas y una catarata de declaraciones de periodistas y funcionarios atacando la movilización popular que el martes pasado desbordó, con cientos de miles de trabajadores, las 22 provincias en las que la Unidad Piquetera se organiza contra el ajuste. Tambien hubo represión en Campo Viera, Misiones, el martes 15; la semana anterior, en Córdoba, bandas encapuchadas atacaron simultáneamente en tres puntos de la enorme columna que marchaba contra el pago de la deuda y el pacto con el FMI; el 16 fue desalojado un grupo de organizaciones que reclamaban asistencia, apertura y aumento, y el día siguiente se produjeron las declaraciones de Zabaleta, idénticas a las de Stanley hace cinco años atrás (Infobae, 3/4/17).

No es casual que haya una unidad entre opositores y oficialistas al atacar la movilización popular que tiene como eje luchar contra el ajuste, en cuanto a lo elemental de la vida como es el reclamo de trabajo genuino y asistencia alimentaria y social para los que la necesiten. Lo que ocurre es que cualquier reclamo es incompatible con el ajuste que exige el FMI.

Ambos lados de la llamada grieta sostienen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como imprescindible y solo los separa algunos detalles acerca de su implementación y quién debe pagar el costo político. Pero que quienes van a pagar esta crisis tienen que ser los trabajadores está claro para ambas fracciones del gobierno y la oposición. Ambos son partidarios de un acuerdo que no pueden ni va a tener otra consecuencia que un ajuste contra los trabajadores: la inflación que licúa los salarios, las jubilaciones y los programas sociales. Un ajuste que también se extenderá a través del aumento de las tarifas y del transporte, que exige el FMI como parte del pacto humillante que se verificará cada tres meses.

Las declaraciones del ministro se producen un día después del desalojo violento de este miércoles 16 y son por lo tanto un aval a la represión que ejecutó la “derecha” en el gobierno, es decir un aval a Larreta que impulsó la represión.

El acuerdo con el FMI, y sus consecuencias, empieza a hacer realidad el viejo axioma que reza que ningún ajuste cierra con represión. Se cierra la grieta, los explotadores se unen para hacerle pagar la crisis a los trabajadores, por lo que es más necesario que nunca unir fuerzas, no dar flancos débiles y establecer acciones de masas uniendo a los explotados ocupados y desocupados. En ese camino estamos todo el país, con la organización de un Plenario Nacional Piquetero el 11 y 12 marzo próximo.