Durante la mañana del sábado tuvo lugar uno de los piquetes más importantes organizado en La Matanza. Tres mil compañeros de las barriadas obreras de la zona nos concentramos en la localidad de San Justo, corazón del distrito, para reclamar por la inmediata libertad de Rafael Crispín, compañero del Polo Obrero detenido con una causa armada por la policía del ministro de seguridad Sergio Berni y el gobernador Axel Kicillof. La medida de lucha constó de un corte total en la Ruta Nacional Nº3 y la ruta 4. Una acción que hacía mucho tiempo no ocurría en el distrito gobernado por el PJ.

A pesar del cerco mediático, este piquetazo histórico resonó en todo el Municipio por la dureza de su impacto. Pero es apenas la primera medida de un plan de lucha que se extenderá por toda la provincia y el país, y que ya tiene una nueva convocatoria el día martes 9 de febrero con cortes de puente y accesos a la capital.

Rafael Crispín se encuentra detenido desde el jueves 4 de febrero; la policía bonaerense ingresó al barrio La Nueva Unión -donde numerosas familias matanceras se encuentran luchando por el derecho a la tierra para vivir- para escoltar a la empresa Edenor en el corte del servicio eléctrico, dejando a los vecinos sin luz, y sin los cables y palos que compraron para el barrio. La policía, en una actitud de hostigamiento, desató una brutal represión a los vecinos que estaban grabando el corte del servicio (no es la primera vez que reprimen de manera violenta).

El empoderamiento de las fuerzas represivas, que está llevando adelante el gobierno provincial, de la mano de Berni, siempre termina mal.

El jueves se llevaron detenidos del predio a tres vecinos. Inmediatamente las familias se movilizaron a la comisaría ubicada en Rafaela Castillo. En la comisaría detuvieron a otro militante, Sebastián del MTE, luego de una provocación nuevamente montada por la policía.

Luego de varias horas liberaron a tres detenidos, pero no a Rafael. Al compañero del Polo Obrero le armaron una gravísima causa trucha, con una carátula no excarcelable titulada como “tentativa de homicidio”.

Desde que se  llevaron a Rafael del barrio La Nueva Unión, la militancia del Polo Obrero y el Partido Obrero puso en pie un plan de acción para exigir, en primer lugar, su liberación y también denunciar que la causa bajo la cual se encuentra detenido fue montada por la policía de Berni y de Kicillof.

La misma policía que durante la cuarentena asesinó a sangre fría a Lucas Verón y es responsable en toda la provincia de Buenos Aires del aumento de casos de gatillo fácil, arma causas truchas para encarcelar a los más afectados por la crisis. Además de querer desarticular la lucha de las familias que se organizan para conseguir un techo donde vivir, porque el Estado no puede garantizarlo, se intenta poner en el ojo de la tormenta a los activistas de los barrios y criminalizar a las organizaciones sociales que apoyan esta causa.

El gobierno sigue la línea de Guernica: la orientación de desalojar.

Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza, lleva a fondo esta política represiva que comienza a colisionar incluso con las propias organizaciones oficialistas. Esta contradicción de una dirigencia que se jacta de ser “nacional y popular” pone en evidencia a un gobierno en crisis.

La contención social no puede dar respuestas concretas a los reclamos sociales, como lo es el derecho a un techo. No hay planes de vivienda que comprendan la magnitud de la demanda.

Es una crisis que tiende a recrudecerse. Dos millones de personas no han podido volver a trabajar luego de la flexibilización de la cuarentena.

Sin embargo, y frente a la posibilidad de una segunda ola de contagios, el gobierno de Alberto Fernández hace oídos sordos a los reclamos de trabajo genuino, equiparación salarial, asistencia alimentaria integral para todos los que la necesiten, y vivienda. Todos los caminos conducen a la represión.

Es la actitud de un gobierno que demuestra dureza con los más pobres, y recompensas a los sectores más beneficiados de la crisis: bancos, bonistas, sojeros, especuladores inmobiliarios, y desde luego es por sobre todas las cosas, una señal al FMI de que llevarán adelante el ajuste para seguir sosteniendo el régimen de explotación.
Lo que ha ocurrido con Rafael es un acto de cobardía y de aleccionamiento para que nadie más se organice y luche por su reclamo, en este caso por la tierra, pero cualquier reclamo popular puede ser criminalizado.

Luego del exitoso corte, cerramos con un acto en el que habló la compañera Romina Del Plá, e hizo un señalamiento al cual las organizaciones populares debemos estar alertas: se están metiendo con los más golpeados por la crisis.
Eso significa que tenemos que salir a las calles más que nunca, apoyando el reclamo por la libertad de Crispín.
Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, y de derechos humanos a sumarse a los cortes que realizamos en Puente Pueyrredón, Puente Saavedra, General Paz y ruta 3, acceso Oeste, Autopista La Plata, y Puente La Noria con cita este martes 9 de febrero a las 9hs.

Libertad a Rafael Crispín. Tierra para vivir.

Abajo las causas armadas.

No a la represión.