Movimiento piquetero
29/5/2024
¿Por qué el gobierno no entrega los alimentos?
Pese a las inundaciones, la crisis social y la orden de la Justicia, desde Nación no despachan la mercadería ni a “los amigos”.
Seguir
Mercadería en depósitos del gobierno.
El gobierno nacional está convirtiendo el escándalo de los cinco millones de kilos de alimentos encanutados es un papelón de grandes dimensión que esconde una orientación de clase: hambrear al pueblo pobre para deprimir los reclamos salariales y laborales. Pese a las inundaciones, la crisis social y económica y una orden directa de la Justicia, el gobierno no larga los alimentos, siquiera a sus socios y sectores afines.
Entre los diversos argumentos esgrimidos por los funcionarios del gobierno de Javier Milei respecto al acaparamiento de alimentos en galpones durante más de medio año, el vocero presidencial Manuel Adorni esbozó que “estos alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias”.
Sin embargo, desde asumido este gobierno se han suscitado distintas catástrofes y emergencias sin que se reparta ni un paquete de fideos. Es lo ocurrido con la reciente inundación en Entre Ríos, o las inundaciones con fuertes estragos en el Amba, o el temporal en Bahía Blanca donde el presidente incluso viajó a hacer una puesta en escena, entre algunos casos.
La negativa del gobierno a repartir los alimentos, llegando incluso a desconocer la orden judicial que así lo ordena, resulta más que llamativa cuando sobran razones y alternativas para su entrega: el gobierno siquiera está obligado a despachar los alimentos a aquellos que acusa de “intermediarios no deseados”.
Asfixia alimentaria: una política de Estado
Esta conducta implica quitarles a los trabajadores pobres toda fuente o alternativa de supervivencia, y forzarlos a trabajar por escasos ingresos y en condiciones laborales denigrantes, cuando justamente la caída del empleo es la consecuencia de la “política económica” del presidente Javier Milei. Con los desocupados presionando en el mercado laboral para devaluar las condiciones laborales y salariales, se busca producir una reforma laboral de hecho, cuando el Congreso discute una reforma antiobrera de derecho.
Es evidente que el gobierno no quiso repartir la comida. Hacerlo por la propia habría creado el precedente de que asumía una tarea que todos los gobiernos asignaron a los “intermediarios” (organizaciones sociales, iglesias, etc.) con el fin principal de que no sea un derecho universal, lo mismo que sucede con los planes sociales: la “intermediación” limita el número de beneficiarios que lo reciben en relación a quienes lo necesitan. Cuando en cierta forma se universalizó, es decir, sin necesidad de intermediaciones como fue el caso del IFE, la cifra superó todas las previsiones y colocó al Estado en la responsabilidad de responder por él. El Polo Obrero, junto al reclamo de trabajo genuino, reclamó la universalización de los planes sociales, es decir, el fin de la intermediación.
Con la comida sucede algo parecido. El problema es que el gobierno rompió lazos con los “intermediarios”, incluidas hasta cierto punto las iglesias que dicen que no tienen condiciones para hacerse cargo de tanta hambre con los pocos recursos que el Estado les da. Acá se inscribe el ataque oficial a los programas sociales, con el congelamiento y licuación de los montos que se pagan y el desmantelamiento de las Unidades de Gestión. Con la intermediación se busca crear un aparato de contención que impida una organización para la lucha, pero esto encontró un límite en la organización independiente para luchar por los reclamos, frente al crecimiento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida. Y así organizaciones como el Polo Obrero, el Frente de Lucha Piquetera, la Unidad Piquetera jugaron un papel clave en la organización de los desocupados y precarizados. Eso explica la persecución contra las organizaciones sociales y piqueteras que enfrentan el ajuste, para ilegalizarlas.
La destrucción de la política asistencial, propia de la dinámica capitalista para contener a los trabajadores desocupados y excluidos del mercado laboral, se ha vuelto una política de Estado para avanzar a una nueva fase del ajuste en marcha.
El ataque a los comedores populares busca asestarle un golpe a estos espacios de organización barrial que se han transformado en una referencia de lucha contra la pobreza y el hambre. Muchos trabajadores precarizados, a falta de trabajo genuino, viven de sus changas, complementando con lo que reciben por las tareas realizadas en el programa social y/o la asistencia regular a comedores populares en sus barrios. Es decir que el hambre y la desocupación es un factor de organización.
Hay que rodear de solidaridad a los trabajadores desocupados, sus organizaciones y a los comedores populares que luchan por la entrega de los alimentos para los barrios, cuando se disputa una pelea más del ajuste del gobierno contra los trabajadores. Basta de hambrear al pueblo trabajador.
