Río Negro: represión contra las organizaciones sociales y entreguismo

El pasado viernes 8, una delegación del Partido Obrero y del Polo concurrió a la audiencia de formulación de cargos a una decena de militantes de las organizaciones sociales que integran la Utep, encausados por supuestos delitos cometidos en ocasión del corte de la ruta provincial 6 a la altura del puente de Paso Córdova. Esta medida de lucha fue impulsada por la Utep en reclamo de alimentos para los comedores y merenderos populares, luego de que el gobierno provincial incumpliera, por enésima vez, con compromisos adoptados, y, en este último caso, plasmados en un acta firmada en sede judicial por autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano.

La audiencia fue bochornosa. Los abogados defensores de los compañeros imputados destruyeron uno a uno todos los argumentos de la Fiscalía. Nada de eso importó. La Justicia “independiente” está firmemente determinada en lograr una sanción ejemplar. No importa tampoco que la acusación esté “flojita de papeles”, denotando que se trata de una causa armada a los apurones, imputando dirigentes sociales al voleo (alguno ni siquiera estuvo en el corte). De lo que se trata es de mostrarle a los hipotéticos inversionistas que el gobierno y los intendentes no solo están dispuestos a entregar todo, sino también a judicializar y encarcelar cuanta voz disidente se levante.

Así, luego de la aprobación en el Congreso de la Nación de la Ley Bases y el Rigi, la provincia de Río Negro picó en punta en la adhesión a las mismas, motivada por la disputa que mantenía con la provincia de Buenos Aires por la locación definitiva de la planta de GNL que construirían YPF y la malaya Petronas. Ni lerdos ni perezosos, los gobiernos de las principales localidades de la provincia se apresuraron a sumar también su adhesión, con la ilusión de rapiñar algunas de las migajas del meganegociado, incluyendo a General Roca, gobernada desde hace décadas por el PJ y la familia Soria.

Pero esta unánime voluntad entreguista entre Juntos Somos Río Negro y el peronismo provincial no termina de cerrar sin represión. Para completar el combo, Weretilneck y las intendencias adhieren también, de facto, al protocolo antipiquetes de Bullrich, sumándose a la criminalización de la protesta social.

Acompañemos a los militantes imputados en todas las instancias judiciales y en la calle.

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