Alberto Fernández acaba de firmar el decreto que da curso al programa Puente al Empleo: un plan refritado de empalme de programas sociales y el trabajo en el sector privado, que busca reducir 200.000 planes y ofrecer beneficios extraordinarios a las patronales.

Las disposiciones del decreto comenzarán a regir a partir del 1° de octubre, y las mismas consisten en la posibilidad de transferir el subsidio del plan social a las patronales, por medio de la cobertura parcial de los salarios, más una bonificación del 100% en los aportes patronales, como estímulo adicional para los capitalistas.

La iniciativa se adelanta como un nuevo fracaso para aquellos sectores e industrias estructurales que podrían ofrecer empleo a largo plazo, ya que las patronales no están dispuestas a asumir los “costos laborales” de nuevas contrataciones y/o regularizar sus esquemas por fuera de la normativa, porque sigue primando la huelga de inversiones, dando solo lugar a empleo parcial y precarizado.

Donde sí podría jugar algún papel es en las industrias y sectores con dinámicas temporarias y/o discontinuas, como la construcción o en el empleo rural, donde el programa no servirá a consolidar la salida del desempleo sino a transferir una porción de alrededor del 15% de los programas sociales al bolsillo de las patronales.

Como adicional, el gobierno le garantiza a los capitalistas la bonificación al 100% de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), la Anses, al Fondo Nacional de Empleo y al Régimen de Asignaciones Familiares. Faltante que, a su vez, cubrirá con fondos del Tesoro Nacional: es decir, de los trabajadores.

De esta manera, y en el “mejor” de los casos, la iniciativa del gobierno no serviría a bajar el costo presupuestario de los programas sociales -además de que adicionaría los gastos por las exenciones a los aportes patronales- sino que jugaría el papel de cubrir una demanda de parte de las patronales que no consiguen mano de obra temporaria a baja paga.

Este tipo de medidas se han mostrado insuficientes para satisfacer los reclamos patronales, que van en la línea de una ofensiva contra los convenios colectivos de trabajo y contra la Ley de Contrato de Trabajo, en vistas a degradar los derechos y condiciones laborales de forma definitiva.

El Estado, mientras tanto, ahoga el presupuesto de obra pública y gasto público, recortando puestos de trabajo y bloqueando la generación de todo empleo en el orden público y sus derivados en el sector privado.

Se trata de una orientación que privilegia el lucro de las patronales antes que las necesidades obreras y populares, buscando liquidar el piso de los ingreso que brindan los programas sociales para por deprimir aún más los bajos salarios.

La Unidad Piquetera, luego de una reunión con el ministro Juan Zabaleta, se encuentra deliberado respecto a las próximas iniciativas a seguir en el marco de la lucha por trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales y salario mínimo igual a la canasta básica.

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