Desestiman las denuncias contra militantes del Polo Obrero por “coacción” en el terreno electoral

Foto: archivo

Luego de una investigación de varios meses, la jueza Servini de Cubría sobreseyó a Cynthia Delgado Vilches y Gustavo Guillermo Vásquez, quienes habían sido falsamente acusados por el juez Casanello de obligar a votar por Vanina Biasi en las Paso 2023. En pocos meses, y a partir de la lectura de grupos de WhatsApp y de la citación de testigos de la asamblea del barrio La Carbonilla de CABA, la investigación judicial mostró el completo absurdo de la acusación montada por Casanello.

Sostuvo la jueza: “recibidas cinco (5) declaraciones testimoniales de miembros que participaron activamente del intercambio de mensajes y de las reuniones que frecuentemente se realizaban en el comedor del 'Polo Obrero -Carbonilla-'; en ningún caso los ciudadanos citados manifestaron haber recibido directivas, ordenes u otras formas indicativas para realizar determinada elección electoral a cambio de alguna compensación, alimento, dinero y/o intercambio de víveres, etc. Incluso, se desprende de la declaración testimonial aportada por el Sr. Siles Bedoya puntualmente: ‘...no he votado para nadie. En esa elección yo no fui a votar’, dando cuenta que, lejos de haber sido compelido a votar a un determinado/a candidato político, el mismo ni siquiera a concurrido a ejercer su derecho a voto”.

Esto no significa que no existiera actividad política en el Polo Obrero. Efectivamente, la jueza “no desconoce que entre los mensajes estudiados, pueden vislumbrase recomendaciones de apoyo para los candidatos Vanina Biasi y Gabriel Solano y hasta incluso, expresiones tendientes a fomentar el ejercicio del voto; pero ello no puede entenderse desde ningún punto de vista, como un acto coercitivo tendiente a restringir la voluntad de los receptores, tal como lo exige el texto analizado”.

Efectivamente, la lucha por el voto al Frente de Izquierda es parte de una actividad política del Partido Obrero al interior del movimiento piquetero, tal como lo es en cualquier fábrica, sindicato o centro de estudiantes, sin que ello implique coacción alguna.

Al dictar el procesamiento, el juez Sebastián Casanello había planteado que el llamado a votar a Vanina Biasi y a sacarse fotos con las boletas electorales era parte de un esquema de coacción, pero que, a diferencia de la causa principal en la que se elevó a juicio a diversos militantes del Polo Obrero, por tratarse de un delito electoral, debía ser juzgada por Servini de Cubría. A diferencia de lo realizado por Servini, Casanello nunca citó testigos al azar de las asambleas del Polo Obrero, incluso teniendo todos los listados telefónicos, y menos aún permitió presentar testigos a la organización.

Los (tres) testigos citados por Casanello fueron cuidadosamente seleccionados, descartados los que no querían declarar contra el Polo y direccionados a declaraciones totalmente inducidas contra la organización, sin presencia de los abogados de la defensa. En forma descarada se les realizaron repreguntas sistemáticas para hacerles caer en el libreto de la fiscalía. Incluso así en los testimonios se refleja la falsedad de las acusaciones, pero los recortes realizados por juez y el fiscal en los textos del procesamiento garantizaron que no se tomara en cuenta lo realmente expresado por ellos.

Con este método, Cassanello postuló un delito donde no lo había y mandó iniciar una investigación que a poco de andar cayó por su propio peso. La investigación demostró la falsedad de la premisa que sostenía que la actividad política al interior del Polo Obrero no es una expresión genuina de politización de los compañeros que dan una lucha junto al Partido Obrero, sino una obligación impuesta por medios punteriles.

Así como no hay coacción ni obligación alguna en el voto, no la hay tampoco en las movilizaciones, que fueron, son, y seguirán siendo la vía de miles de compañeros para luchar por sus reclamos. Ni en los aportes, que son voluntarios y necesarios para sostener cientos de comedores que aún subsisten en todo el país a pesar de que la ministra Pettovello no haya entregado un solo paquete de fideos en sus dos años de mandato.

Tal como lo muestra esta investigación, la causa contra el Polo Obrero es enteramente persecutoria; está basada en mentiras y no se permite a los acusados defenderse como corresponde. De la mano de la Justicia, el gobierno la impulsa con el objetivo de ilegalizar los movimientos de lucha y cercenar las libertades democráticas lo máximo posible. ¿Qué los motiva? Quieren quebrar al movimiento obrero y facilitar la ofensiva de la clase capitalista (reforma laboral, previsional, tarifazos).

El sobreseimiento de Cintia y Gustavo en esta causa absurda es un paso adelante en la lucha por tirar abajo esta causa infame.

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