El crecimiento de la crisis social, atizada por la suba de precios, la desocupación y la miseria, ha puesto de manifiesto la verdadera naturaleza del gobierno nacional, su política de ajuste y hambre, y amenaza con el esquema de cooptación de las organizaciones sociales que ingresaron al Estado (o se acercaron al gobierno) bajo la premisa de una supuesta recuperación económica.

La última medida anunciada, el control de precios por brigadas de unos 20.000 voluntarios aportados por las organizaciones sociales afines (Somos Barrios de Pie, CCC, Movimiento Evita, etc.), da cuenta de una intervención “propagandista”, de nula incidencia, cuando los precios ascienden como resultado de la devaluación, emisión monetaria, control privado del comercio exterior y la liberación de precios y tarifas.

Al tiempo que el gobierno anunciaba esto, una reunión con los dirigentes patronales del campo, nucleados en la Mesa de Enlace, ratificaba que Alberto Fernández no impondrá un aumento de las retenciones ni ninguna medida que afecte la renta extraordinaria de los exportadores, ni que proteja los salarios y los bolsillos populares del impacto de este negocio en los precios.

Dificultades en el campo interno

Juan Grabois sacó algunos de los trapos sucios del oficialismo cuando hace unos días protagonizó un conflicto, con represión mediante, con el intendente de San Vicente, que luego se extendió a las redes sociales sumando a Martín Insaurralde.

Los intendentes se valen de los programas sociales nacionales (Potenciar Trabajo) para reemplazar mano de obra bajo convenio por personal ultraprecarizado, y cuando lo consideran oportuno se deshacen de estos, abriendo crisis con las organizaciones afectadas.

Del otro lado, desde el Triunvirato Cayetano, y otras organizaciones, exaltan esta precarización bajo el mote de Economía Popular. Grabois se encuentra en una gira presentando su Plan de Desarrollo Humano Integral, que básicamente consiste en pasar de los 660.000 programas actuales a unos 4 millones, con contraprestación laboral pero sin derechos laborales.

La insinuación, por momentos, de una renta básica universal de pobreza amenaza con este esquema sobre el que se monta gran parte de la cooptación de las organizaciones adictas al gobierno.

En el intercambio con los intendentes, Grabois los interpeló para que se hagan cargo de la inflación y que manden gente a controlar los precios. Ahora es la Ctep, y sus organizaciones, las que se encargarán de dicha tarea.

Cruje la contención

Como el deterioro en las condiciones de vida del pueblo trabajador es más que evidente, superando cualquier relato oficial, algunas organizaciones sociales vinculadas al gobierno han salido a expresar el malestar que se siente en sus bases.

Uno es el caso de los compañeros del MP La Dignidad, quienes protagonizaron una larga peregrinación desde Constitución (CABA) a La Plata (Buenos Aires), a pie por la Autopista Buenos Aire – La Plata, para entregarle una carta al gobernador Axel Kicillof, con un pliego de reivindicaciones. Algo más disimulado es lo que ocurrió frente a la sede de la Sociedad Rural, cuando se manifestaron contra las grandes corporaciones exportadoras, sin advertir que el gobierno los dejaría en offside.

Otras organizaciones como el FOL -que acaba de romperse- se manifestaron recientemente bajo el lema de “La deuda es con el pueblo no con el FMI”, lo que vaticina nuevos cimbronazos de consumarse el pacto del gobierno con el capital imperialista. La “cuarta pata” del Triunvirato -cercanos al gobierno- movilizó el lunes 8 al Ministerio de Economía contra la inflación y la pobreza, denunciando que hay un ajuste de al menos un 15% en los ingresos de las organizaciones sociales, reclamaron por más presupuesto.

Por su parte, el Frente Popular Darío Santillán acaba de sufrir un desprendimiento de compañeros del Conurbano sur bonaerense, quienes han conformado el Frente de la Resistencia y se han integrado al Frente de Lucha Piquetero, único polo de independencia política de los trabajadores desocupados ante el Estado.

Salir a la calle

La idea de que el Estado es “una herramienta más”, de relativa minusvalía, en el combate contra los grandes grupos capitalistas formadores de precios no pasa de ser una estafa, ya que exime de responsabilidad al gobierno respecto al ajuste que conllevan sus políticas.

El Estado cuenta con todos los elementos para detener la crisis y defender a los explotados, no lo hace por su condición de clase al servicio de las patronales y del FMI.

Solo la organización independiente y la lucha de los trabajadores, ocupados y desocupados, puede imprimir un rumbo alternativo. Es la orientación que defienden el Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero, que el próximo 18 de febrero saldrán a ganar las calles de todo el país por un seguro al desocupado igual a la canasta familiar ($50.000), trabajo genuino, la apertura y el aumento de los montos de los programas sociales, alimentos, tierra para vivir y por una salida obrera y popular a la crisis. Los trabajadores desocupados deben sacar conclusiones de la etapa con el método de la asamblea, el debate y la acción directa.

https://prensaobrera.com/politicas/apuntan-contra-los-salarios/

https://prensaobrera.com/sindicales/rechazamos-el-falso-acuerdo-de-precios-y-salarios/